Diario de Navarra

Encargado el tema, exhibida la paradoja. Un informe encargado por el propio equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pamplona para comprobar la situación en la que se encontraba el sistema de gestión de calidad en el área de Ecología Urbana y Movilidad Sostenible a finales de 2017 se ha convertido en su mayor amonestación. En lugar de justificar o dar el visto bueno a las actuaciones que venían realizándose en los primeros años de la legislatura, el texto es crítico y muy severo tanto en lo referente a las relaciones personales como en el retraso acumulado a la hora de solventar los pertinentes expedientes. Todo se remonta al mes de junio de 2017, cuando la empresa externa Sinergium fue convocada a una reunión con la responsable de Calidad y el secretario técnico del área de Ecología Urbana y Movilidad Sostenible. Tras la misma, se emplazó a la firma a presentar una propuesta y, en su caso, tomar medidas de reactivación del citado sistema de calidad. Una de las primeras cuestiones que analiza el informe es la forma en la que el área municipal, denominada entonces Medio Ambiente y Sanidad) había perdido en la primavera de 2017 la certificación ISO 9001:2000 que había obtenido 14 años antes. La decisión de suspender la certificación la había tomado Aenor (entidad que contribuye a mejorar la calidad de empresas o instituciones). Entre otros asuntos, el informe de Sinergium atestigua que el área no realizó la revisión del año 2016, no se establecieron indicadores ni objetivos para 2017, no se llevó a cabo la auditoria interna al servicio de Inspección Alimentaria desde 2015, ni tampoco se adecuó el sistema a la versión 2015 de la norma. En este apartado, incluso se declara que en la tramitación de algunos expedientes se detectaron más de 200 días de retrasos. Es decir, más de medio año en espera. No obstante, prosigue el documento, “a pesar de ser la situación del sistema muy deficiente, lo más grave y trascendente es el deterioro que del clima laboral y de algunas relaciones personales ha conllevado la situación (calificado como grave o muy grave)”. Así las cosas, Sinergium no tuvo más remedio que “aconsejar encarecidamente” una intervención por parte de los servicios de Recursos Humanos del propio Ayuntamiento para tratar de revertir una situación que, “de no intervenir, apunta a que irá agravándose cada vez más”. Cabe recordar que desde hace varias semanas, UPN intenta pedir información sobre el problema, ya que, a su entender, el certificado es una necesidad para mantener el buen hacer y funcionamiento del consistorio. DICIEMBRE DE 2017 Pese a todo, la mayor contrariedad se localiza en el servicio de Inspección Alimentaria. Dejando claro que la legislación hay que aplicarla, lo cierto es que la norma, dice Sinergium, es lo suficientemente “flexible” para que no sea posible afirmar que alguien se siente ‘molesto’ dentro de su propio sistema. “Si es así es que algo no se ha hecho bien en la definición y/o en la aplicación del mismo”, determina el texto. Por lo tanto, se considera que la decisión de abandonar la certificación concedida por Aenor fue “un error” debido a que la supresión no sirvió para solucionar ninguno de los problemas de base que pudieran existir. “Es un servicio que se siente constreñido dentro del sistema y ante esa situación no ha tomado acción alguna, salvo la de abandonar la certificación”, critica el informe de Sinergium. Ante tal tesitura, el mismo documento recomienda “reactivar” el sistema de manera inmediata para los servicios de Sanidad Ambiental, Ingeniería Ambiental y Administración; así como modificar lo necesario para que Inspección Alimentaria no se sienta ‘constreñido’ dentro del sistema. El informe fue firmado el 31 de diciembre de 2017. EL LABORATORIO MUNICIPAL SE INTEGRARÁ EN EL DEL GOBIERNO FORAL La decisión implicará que la plantilla del consistorio, compuesta por 8 personas, sea igualmente absorbida A.O./N.G. El año pasado el Laboratorio Municipal realizó 28.084 ensayos (23.972 de inspección ambiental; 1.731 de inspección alimentaria; 1.436 analíticos de calidad y 40 de terceros, es decir, de otras entidades de la administración, particulares y empresas), según datos facilitados por el propio Ayuntamiento. Este laboratorio, ubicado en el edificio de Casa Seminario, en la calle San Saturnino, “realiza los análisis químicos y microbiológicos necesarios para comprobar la seguridad del agua y de los alimentos consumidos en Pamplona. Estos se dirigen primordialmente a la investigación de contaminación microbiológica indeseable, al uso inadecuado de aditivos y a la presencia de contaminantes”. En estos momentos el Laboratorio Municipal está inmerso en un proceso de colaboración con el Gobierno de Navarra para establecer un modelo de funcionamiento conjunto de los laboratorios de ambas instituciones. Con la previsión de que los dos se integren en 2021 en uno solo con sede en el polígono de Landaben, el municipal se trasladará en breve al edificio de la calle Leyre en el que se encuentra la instalación del Ejecutivo. ELEVADO COSTE “La fusión busca evitar la redundancia de alcances entre laboratorios (...). Además, para alcanzar el grado de sensibilidad y exactitud requeridos normativamente en las analíticas, es necesario el empleo de equipos sofisticados y de alto precio de forma que, cuanto mayor número de muestras analice cada equipo, antes se rentabilizará la inversión realizada. Por otra parte, en ocasiones ambos laboratorios realizan los mismos ensayos analíticos variando el ámbito territorial donde se ha tomado la muestra y, con frecuencia, realizan compras de los mismos productos y reactivos”, explicaba el Ayuntamiento de Pamplona esta semana. La integración de ambos laboratorios en las nuevas instalaciones de Landaben implicará también que la plantilla del municipal, formada actualmente por 8 personas, se integre igualmente en la del Gobierno de Navarra. Asimismo el consistorio transferirá al Ejecutivo los medios materiales de su laboratorio y “proveerá de los medios económicos ligados a la actividad de su laboratorio necesarios para el presente ejercicio y los siguientes”, cifrados en 80.000 euros anuales actualmente.

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Un informe detecta retrasos de 200 días en informes de sanidad municipal

Encargado por el propio equipo de gobierno, dice que lo más grave era el “deterioro del clima laboral”

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