El juez insiste en que la tolerancia de la okupación de Rozalejo es responsabilidad del Gobierno

El magistrado concluye que el mantenimiento y cuidado de los edificios públicos y la evitación de riesgos derivados de su uso no es responsabilidad de la jurisdicción penal

El movimiento okupa desalojado este viernes del Palacio de Marqués de Rozalejo en Pamplona ha celebrado una asamblea en la plaza del Castillo a la que han acudido varios cientos de personas y tras la que ha comenzado una 'kalejira' que ha sido frenada en diferentes puntos por la Policía Nacional
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El movimiento okupa desalojado este viernes del Palacio de Marqués de Rozalejo en Pamplona ha celebrado una asamblea en la plaza del Castillo a la que han acudido varios cientos de personas y tras la que ha comenzado una 'kalejira' que ha sido frenada en diferentes puntos por la Policía NacionalJesús Caso
El movimiento okupa desalojado este viernes del Palacio de Marqués de Rozalejo en Pamplona ha celebrado una asamblea en la plaza del Castillo a la que han acudido varios cientos de personas y tras la que ha comenzado una 'kalejira' que ha sido frenada en diferentes puntos por la Policía Nacional

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DIARIO DE NAVARRA. PAMPLONA

Actualizado el 21/08/2018 a las 16:19

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona ha rechazado la solicitud del Gobierno de Navarra de trasladar a los investigados personados en la causa por la supuesta ocupación ilegal del palacio Marqués de Rozalejo de un informe sobre el inmueble que advierte de los riesgos de índole estructural, sanitarios y, especialmente, de incendio derivados de la instalación eléctrica.

En una providencia dictada este martes, el magistrado reitera que la tolerancia de la actual ocupación del inmueble es responsabilidad exclusiva del titular, el Gobierno de Navarra, que no ha querido ejecutar un auto que le reintegraba en la libre posesión del inmueble, siendo esta tolerancia de la actual ocupación y no el archivo de la causa el origen de los riesgos expuestos en el informe.

Al respecto, el juez concluye que el mantenimiento y cuidado de los edificios públicos y la evitación de riesgos derivados de su uso no es responsabilidad de la jurisdicción penal (cuando en este caso

además ya se había dictado una resolución que evitaba los riesgos expuestos y que solo quedó sin efecto por expresa petición del Gobierno de Navarra), sino que tiene carácter administrativo, por lo que no puede utilizarse por ello al juzgado como mecanismo de comunicación de extremos de exclusiva competencia administrativa.

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