Para los jóvenes y colectivos que, desde hace casi un año ocupan el Palacio Marqués de Rozalejo de Navarrería, en la petición al juzgado para su desalojo que ha cursado el Gobierno de Navarra hay un culpable claro: Geroa Bai. La decisión de acudir a los tribunales demandando medidas cautelares para sacar a los ocupantes del inmueble la aprobó la junta del Ejecutivo foral, titular del edificio del siglo XVIII, tras el informe realizado por el servio de Patrimonio adscrito al departamento de Justicia e Interior.

Este martes, los okupas -que utilizan el edificio como gaztetxe con el nombre de Maravillas- convocaron a los medios de comunicación para exigir que el Gobierno de Navarra paralizara el proceso. Un llamamiento que hacían, “en especial a Geroa Bai”. ¿Y por qué a esta formación y no al resto del cuatripartito? Porque, sostuvieron este martes en rueda de prensa a las puertas del palacio, no han sido ni Bildu, ni Podemos ni I-E quienes han querido acabar con este proyecto.

Según los jóvenes y colectivos ha sido Geroa Bai la que se ha personado como acusación particular en la denuncia para el desalojo. “La extensión del PNV en Nafarroa tiene muy claro cuáles son sus objetivos. Aunque esta formación forme parte del cambio institucional que se ha dado en Nafarroa, pocos intereses comparte con la mayoría de gente que luchó por éste, sino que más bien son los de seguir perpetuando los mecanismos de explotación capitalista, con proyectos como en TAV a la cabeza”.

Para los ocupantes del Marqués de Rozalejo ese es el meollo de la cuestión, no permitir “un cambio real” como el que, afirmaron, se impulsa desde Maravillas Gaztetxea. “No es de extrañar que Geroa Bai nos amenace y nos ataque, con la pretensión de acabar con el gaztetxe como hicieran años atrás con otros espacios autogesionados como Kukutza, o como hace ya 14 años UPN con el último gaztetxe de Alde Zaharra (Casco Antiguo), Euskal Jai”.

En la rueda de prensa -con dos jóvenes encargados de leer el comunicado rodeados de vecinos y colectivos, como la comparsa de gigantes y cabezudos del Casco Antiguo- no quisieron desvelar si desde el Ayuntamiento de Pamplona se les ha ofrecido algún tipo de apoyo. Aunque será difícil que una vez roto el cuatripartito, Bildu que ahora gobierna con Geroa Bai rompa su acuerdo para ir de la mano con Aranzadi que, al igual que la formación abertzale, ha criticado el desalojo.

Posturas enfrentadas

Geroa Bai, por su parte, dice que el Ejecutivo foral únicamente cumple con la ley. Y tachó a finales de julio a Bildu de contradictorio ya que, a través de una nota de prensa, recordó que por medio de una resolución fechada el pasado 27 de abril de 2018, el concejal delegado de Ciudad Habitable y Vivienda del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea (Bildu), prohibió la celebración de cualquier tipo de actividad recreativa o espectáculo público en el edificio.

Y mientras, su exsocio Aranzadi emitía otro comunicado en agosto para acusar a ambos de allanar el camino para el desalojo. A Bildu, con el mismo argumento utilizado por Geroa Bai: por la prohibición de Abaurrea de actividades públicas dentro del local. Y a Geroa Bai por, mediante orden de la edil delegada de Seguridad Ciudadana, Itizar Gómez, “acosar” a los okupas a través de Policía Municipal.

Precisamente, para la oposición, UPN y PSN, Gómez no ha obrado con diligencia y apenas se han hecho inspecciones. Ambos grupos municipales han sostenido desde el inicio de la ocupación que el inmueble no ofrecía condiciones de seguridad por lo que había peligro de accidentes. Además, de subrayar que la taberna acondicionada en su interior suponía una competencia desleal con el sector hostelero de la zona que sí pagaba sus licencias de actividad.

Tanto UPN como PSN han manifestado que esta permisividad se debe a que los ocupantes pertenecen a la izquierda abertzale, lo que ha provocado que no se haya cursado ninguna petición municipal al Gobierno de Navarra para su desalojo. Y niegan el carácter plural y abierto manifestado desde el gaztetxe.

Muy lejos de la definición que dan los okupas, que definen el gaztetxe como un “espacio de encuentro” o un “centro colectivo donde cualquier proyecto puede desarrollar su actividad sociocultural o política, sin ninguna restricción”. Aunque sí matizan que con estas iniciativas se pretende hacer frente al “modelo social capitalista”.

Según enfatizaron este martes, durante estos once meses han impulsado iniciativas como cine popular, gimnasio, comedor social, un banco de alimentos, biblioteca, la taberna o ciclos de conferencias.

Lo que está claro es que Gobierno de Navarra no dará un paso atrás ni se prevé el ofrecimiento de un traslado como sí hizo el Ayuntamiento de Pamplona con los okupas de la calle Compañía al que el cuatripartito cedió el chalé de Caparroso en junio de 2016. Una medida que topó con el rechazo de la oposición, por esa cesión gratuita y que, según denunciaron, sus ocupantes hacían apología al terrorismo con carteles en favor de los presos de ETA.

Finalmente se clausuró el chalé al acometer obras sin pedir permiso al Ayuntamiento. Según desvelaron este martes los okupas de Rozalejo, en el encuentro de conciliación propio ante una denuncia en un juzgado los representantes del Ejecutivo foral les dieron una única alternativa: el desalojo. Por este motivo, este martes hicieron un llamamiento a todas las personas de Pamplona para defender “este espacio con uñas y dientes”.