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Ayuntamiento de Pamplona

El cuatripartito tiene 10 días para ejecutar una sentencia que anula una convocatoria

Afecta a tres personas, una de ellas Floren Luqui, que había trabajado con dos miembros del tribunal

El cuatripartito tiene 10 días para ejecutar una sentencia que anula una convocatoria

Enrique Maya, portavoz de UPN en Pamplona.

ARCHIVO/DN
Actualizada 06/06/2018 a las 08:28

Diez días de plazo tiene el Ayuntamiento del gobierno cuatripartito de Pamplona para cumplir la sentencia que hace medio año declaró nula una relación de aspirantes seleccionados para su contratación como técnicos del área de Participación. Ese es el nuevo plazo que ha dado el juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Pamplona al consistorio después de que UPN solicitara la ejecución forzosa de la sentencia que le había dado la razón a su recurso y después de comprobar que el consistorio no la había aplicado dentro de plazo.

La revocación de la relación de aspirantes afectaría a tres personas que en estos momentos trabajan en el ayuntamiento, una de ellas Floren Luqui Iribarren, que antes de conseguir la plaza había trabajado en la misma empresa que dos de los miembros del tribunal que lo seleccionó para el puesto en Pamplona.

Ayer Enrique Maya, portavoz del grupo municipal de UPN en el ayuntamiento de Pamplona, que recurrió aquella convocatoria por entender que había vínculos “de relación de amistad y de intereses entre miembros del tribunal y alguno de los participantes”, aludió a la “paciencia” que han tenido todos estos meses hasta haberse visto en la obligación de pedir la ejecución de la sentencia. “Ya va siendo hora de que el alcalde Asiron se aplique, de que aplique la ley y de que ponga orden en este desmadre absoluto en el que tiene sumida a la administración municipal” señaló Maya.

La sentencia

El pasado diciembre el juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Pamplona estimó el recurso presentado por UPN y revocó la relación de los 13 aspirantes de técnicos de Participación que habían aprobado la convocatoria municipal.

El fallo reconocía por un lado que el tribunal incumplió el Reglamento de ingreso en las administraciones públicas, ya que debía de estar formado por un número impar de miembros no inferior a cinco, y en este caso lo conformaron únicamente cuatro. También constataba que uno de los miembros del tribunal había trabajado durante dos años para uno de los aspirantes (Floren Luqui), por lo que debía de haberse abstenido de intervenir en el procedimiento.

El tribunal consideró que estas actuaciones no habían sido “meras irregularidades”, ya que ponían en duda tanto la composición como la imparcialidad del tribunal, “afectando de manera decisiva al proceso de selección”.

Aunque en febrero, un mes después de conocerse el fallo, el director de Recursos Humanos anunció que se acataba y que se abriría una nueva convocatoria para cubrir las plazas, la inacción del equipo de gobierno llevó a UPN a solicitar a finales de mayo la ejecución forzosa de la sentencia. En su escrito los regionalistas dicen que no hay motivo para que el Ayuntamiento mantenga contratadas a las seleccionadas de aquella lista anulada porque, no solo no prestan un servicio público esencial, sino porque ha habido además tiempo más que suficiente para preparar una nueva convocatoria.

“Más parece que estemos ante una voluntad deliberada de dilatar sine die, alargando las contrataciones en la medida de lo posible, y si se puede hasta el final de la legislatura, para mantener en el ejercicio de las funciones públicas al equipo de confianza conformado en la nueva área municipal, sin el respeto a los principios esenciales de la contratación administrativa de personal”, añaden.

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