Diario de Navarra

Las imágenes de los autores de una presunta violación grupal durante los Sanfermines de 2016 que grabaron las cámaras de videovigilancia durante su periplo por la ciudad llevan meses apareciendo en telediarios y programas de televisión de ámbito nacional. Y ahora que el caso ha quedado visto para sentencia, son todavía numerosos los ciudadanos que se siguen maravillando por la rápida y eficaz intervención policial. En apenas siete horas y con las calles de la ciudad abarrotadas de gente con similar indumentaria los presuntos agresores fueron detenidos. Pero el desenlace de este episodio, que terminó desencadenando uno de los juicios más mediáticos de los últimos años, podría haber sido bien distinto si los agentes no hubieran contando con el apoyo de las decenas cámaras repartidas en puntos estratégicos de la ciudad. Hay más de 200 sólo del Ayuntamiento de Pamplona que graban durante las 24 horas del día todo lo que sucede en la vía pública. Existen, además, numerosas cámaras instaladas por el resto de policías para proteger sus cuarteles y comisarías y los edificios oficiales del Gobierno de Navarra y del Estado. La administración foral dispone de más de 1.000 de las que casi 500 se encuentran en Pamplona, según los datos facilitados por Interior. Una red que se extiende aún más si se contabilizan las cámaras instaladas en bancos, tiendas, centros comerciales, comunidades de vecinos…siempre con el objetivo de aumentar la seguridad. Tecnología de alta definición que en el caso de la presunta agresión a una joven madrileña de 18 años permitió no sólo la identificación y posterior detención de sus autores. También, que los investigadores pudieran reconstruir el relato de los hechos con todo lujo de detalles gracias a la carga visual que aportaron las imágenes. Fotogramas que han posibilitado que quienes los han conocido a través de los medios de comunicación se construyan, con mayor o menor tino, su propio relato sobre lo ocurrido aquella noche. Y esa especie de empatía colectiva sobre unos hechos que han suscitado debates de muy distinta índole explica en buena medida la dimensión que terminó adquiriendo el caso. CAMBIO SOCIAL En un contexto social y tecnológico tan cambiante, parece comprensible el cambio que la instalación de cámaras ha producido en los últimos años en la percepción de los ciudadanos, y que el caso sobre la presunta agresión sexual ocurrida durante los Sanfermines de 2016 ilustra a la perfección. De mirarlas con recelo en sus orígenes y verlas, casi, como un atentado a la privacidad, los ciudadanos han terminado por demandarlas. “Ocurrió ya en 2010 cuando los vecinos de la Milagrosa solicitaron al Ayuntamiento de Pamplona que una parte del dinero que éste iba a emplear en el barrio se dedicara a instalar cámaras de seguridad”, cuenta un agente de Policía Municipal. Y cada vez con más frecuencia los ciudadanos piensan en las cámaras tras sufrir un accidente de tráfico y solicitan las imágenes que hayan podido registrarse del incidente. El cuerpo municipal recibe anualmente alrededor de 350 peticiones de recuperación de imágenes por diferentes motivos, desde accidentes de tráfico a problemas relacionados con la seguridad. Las solicitan los diferentes cuerpos policiales, los propios juzgados y también ciudadanos de a pie. “Si ocurre algo significativo se revisan esas imágenes a fin de recuperar y guardar lo que pueda ser útil”, explica uno de los ingenieros de la empresa Kapsch Traficcon Arce Sistemas, encargada de la parte técnica de las cámaras del Ayuntamiento y con personal trabajando de forma permanente en el centro de coordinación de Policía Municipal. La primera empresa que se encargó del control de las imágenes fue Eserma a la que, por cuestiones de índole laboral, siguieron Sice, Indra, Telvent y la actual, Kapsch, que controlará las cámaras, al menos, hasta febrero de 2019. BORRADO DE IMÁGENES La ley de protección de datos obliga a destruir las imágenes en un plazo máximo de un mes aunque, en realidad, las imágenes no se destruyen si no que se graban encima otras por el denominado sistema de disco. Los dispositivos no se camuflan y se ubican en sitios estratégicos de la ciudad. Y de hecho la normativa que regula su utilización obliga a informar mediante carteles de su existencia. No es necesario señalizar el emplazamiento concreto, pero sí el perímetro - de unos 500 metros- en el que se encuentran las cámaras. Su ubicación siempre es fija (la pared de un edificio, una farola…) aunque su posición puede cambiar dependiendo de si se instalan o no por motivos de seguridad y se necesita una mayor precisión de datos. “Por ejemplo, una mayor cercanía a la vía pública para que se puedan identificar las caras con más nitidez”, explica otro agente que asegura que el avance de la tecnología en los últimos años ha ayudado mucho y se ha ido pasando a la alta definición. LAS PRIMERAS CÁMARAS Fue en 1990 cuando se instalaron en la ciudad las primeras catorce cámaras de Policía Municipal para controlar el tráfico en las zonas que entonces resultaban más conflictivas: Merindades, Plaza de la Paz, Juan XXIII, Cuatrovientos, Pío XII, Seminario, Príncipe de Viana, San Jorge... Desde entonces, la instalación de cámaras de videovigilancia ha sido una constante y hoy son más de 200, sólo del Ayuntamiento, las que apuntan a la vía pública (algunas, las que se encuentran en la galería subterránea del Casco Antiguo, enfocan al subsuelo aunque no todas se utilizan). Alrededor de 60 de las cámaras se encargan de vigilar el tráfico en rotondas, avenidas, cruces… Puntos clave por presentar una mayor concentración de accidentes, tener aforos de tráfico elevados o tratarse de puntos estratégicos para la fluidez de la circulación. Su cometido es facilitar las funciones de regulación y coordinación por parte del área de Tráfico y sirven, además, para saber cómo se ha producido un accidente. Desde Policía Municipal aseguran que son numerosos los atestados que se resuelven gracias a las imágenes recogidas por cámaras de este tipo. El resto de las cámaras, se instalaron para proteger edificios como el Ayuntamiento, Casa Seminario o el Palacio de Condestable y otras por motivos de seguridad con una presencia cada vez más notoria en la ciudad. Se colocan en zonas con problemas de inseguridad y, además de permitir conocer las circunstancias concretas en que sucede un hecho, producen un efecto disuasorio, razón por la cual los vecinos se sienten más seguros. Entre los criterios que se utilizan para colocarlas se encuentra, por ejemplo, el hecho de tratarse de vías públicas con gran presencia de ciudadanos o con datos objetivos de altos hechos delictivos. También, el que exista percepción de inseguridad o sea necesario proteger instalaciones municipales. La colocación de estas cámaras debe ser autorizada por Delegación de Gobierno previo informe de la Comisión Foral de Garantías de Videovigilancia de Navarra, a la que la policía informa sobre dónde quiere colocar los equipos. Con ellas se vigila desde los ascensores públicos, hasta pasos subterráneos, monumentos como el del Encierro, en la céntrica avenida de Roncesvalles, y calles estratégicas del Casco Antiguo: Estafeta, Mercaderes, Curia, Navarrería, Compañía... “Es el último medio de seguridad. Tiene su efecto disuasorio y pueden ayudar a resolver delitos”, explican en Policía Municipal. Entre las últimas cámaras que se pusieron en marcha en la ciudad, destacan las que controlan desde octubre los accesos al Casco Antiguo dotadas de un dispositivo que permite leer las matrículas de los vehículos para cotejarlas con las que figuran en las listas de usuarios autorizados y que permiten tomar una panorámica del lugar. Todas se controlan desde el centro de coordinación de Policía Municipal, donde ocho pantallas proyectan a tiempo real los lugares más significativos de la ciudad. Es el alma mater del cuerpo, la central del 092 donde, además del visionado de las imágenes, se controlan los efectivos policiales y se coordinan con SOS Navarra. “En ningún asunto judicializado se ha puesto en duda la validez de esas cámaras enmarcadas en una normativa muy estricta. La policía tiene que resolver los asuntos y problemas que el ciudadano plantea y si para eso tenemos que hacer uso de medios tecnológicos lo vamos a hacer”, explican desde Policía Municipal. El cuerpo cuenta con un equipo especializado para el visionado de imágenes pero no se supervisan de forma permanente. “Sólo las miramos cuando la situación lo requiere”. El visionado resulta de gran utilidad, por ejemplo, en manifestaciones o ante una llamada que alerte sobre un incidente que se está produciendo en ese momento. “No es lo mismo desplazar a una patrulla que a cinco y si lo podemos saber antes, eso que ganamos. No podemos estar en todos los lugares de la ciudad ni a todas horas. Las cámaras son nuestros ojos”, concluye. Señalización obligatoria Los criterios para el uso de cámaras de videovigilancia en lugares públicos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad están marcados por la Ley Orgánica 4/97, y su objetivo es prevenir hechos delictivos o ayudar a clarificarlos. La ley no obliga a especificar dónde están las cámaras que se colocan en la vía pública, pero sí es obligatorio advertir, mediante la correspondiente señal de una cámara negra con fondo amarillo, de que se trata de una zona videovigilada. En ese cartel debe figurar también a quién deben dirigirse para ejercitar los derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición. Las cámaras instaladas en la vía pública no pueden grabar conversaciones, sino solo imágenes, y están sujetas al principio de proporcionalidad. «Es decir, tiene que haber una proporción entre el derecho que se limita, que es el derecho a la intimidad de las personas, y el fin buscado, que es aumentar la seguridad”. Estas cámaras solo pueden captar imágenes de la vía pública, y por eso, explican desde Policía Municipal, “la intromisión en el derecho a la intimidad es mucho menor, ya que lo que está en la vía pública está a la vista de todo el mundo”.

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Los 200 'ojos' que vigilan Pamplona

Se controlan desde el centro de coordinación de Policía Municipal y graban puntos neurálgicos para el tráfico, edificios estratégicos o vías con gran afluencia de ciudadanos

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