Vivir en la calle
Entidades sociales denuncian la "crueldad" de los desalojos a personas sin hogar en Pamplona: "Les arrebatan lo único que tienen y los dejan a su suerte"
Fundación Elkarte, Apoyo Mutuo, Salhaketa Nafarroa, Punto de Información Migrante (PIM) y Oxfam Intermón denuncian la retirada de tiendas de campaña y pertenencias personales, critican la "falta de humanidad" del Consistorio y exigen al Ayuntamiento de Pamplona una respuesta basada en el respeto a los derechos humanos tras el desalojo en el frontón de Aranzadi


Actualizado el 26/10/2026 a las 20:00
La última actuación del Ayuntamiento de Pamplona este lunes con personas sin hogar ha suscitado nuevas críticas de las entidades sociales, entre ellas, Fundación Elkarte, Elkarri Laguntza Apoyo Mutuo, Salhaketa Nafarroa, Punto de Información Migrante (PIM) y Oxfam Intermón. Las organizaciones denuncian la falta de sensibilidad y humanidad que, a su juicio, caracteriza estas intervenciones con personas que viven en condiciones de extrema vulnerabilidad.
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“En Pamplona se está llegando a normalizar lo intolerable”. Las entidades consideran especialmente grave que una institución pública, cuya responsabilidad debería ser promover la inclusión social, recurra a medidas que, según denuncian, agravan aún más la situación de quienes carecen de una vivienda. Sostienen que estas personas llevan cerca de dos años en una situación de abandono, expuestas al rechazo, la hostilidad y el desprecio.
Aseguran que, tras soportar estas condiciones, se enfrentan ahora a desalojos en los que pierden las escasas pertenencias que conservan. “Les quitan su casa. Lo único que tienen”, denuncian en referencia a la retirada de tiendas de campaña y otros objetos personales que les sirven de refugio y protección frente a la intemperie.
Según las organizaciones, a algunas de estas personas se les ha indicado, además, que deben abandonar Pamplona, una circunstancia que consideran especialmente preocupante. Las entidades cuestionan también que estas actuaciones se produzcan bajo un gobierno municipal que se define como progresista.
A su juicio, lo sucedido evidencia que las “prácticas autoritarias” y la falta de sensibilidad social no son exclusivas de una determinada ideología política. Por ello, reclaman a las instituciones un compromiso real con la cohesión social, la inclusión y la defensa de los derechos de los más vulnerables. “Si no tienen preocupación por vertebrar nuestras sociedades, por generar sinergias de inclusión y por educar en valores humanitarios, ¿quiénes nos gobiernan?”.
Las organizaciones califican lo ocurrido de “anomalía social imperdonable” y exigen una respuesta institucional basada en el respeto a los derechos humanos.

