No es la primera vez que UPN denuncia retrasos en la resolución de multas que impone el Ayuntamiento de Pamplona a través de la Policía Municipal. Ya lo hizo el pasado mayo con casos de infracciones que se habían producido en agosto y septiembre de 2025 y que se remitían en abril de 2026. Ayer, la formación regionalista volvió a denunciar demoras en la tramitación de sanciones, solo que el plazo, al menos en los casos en los que aporta pruebas documentales, ha sido manifiestamente superior: casi un año.

Como se aprecia en las imágenes que acompañan a este reportaje, se están dando casos de personas que reciben una multa con resolución del 16 de julio de este año a partir de una infracción cometida el 17 del mismo mes de 2025. Para UPN, se trata de “una muestra más de la mala gestión del equipo de gobierno de Asiron”. “Es incomprensible que el ayuntamiento tarde prácticamente un año en tramitar y notificar determinadas multas. No hablamos de unos días de retraso, sino de meses y meses en los que un expediente permanece sin tramitar”, critican en una nota de prensa.

La Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (Real Decreto 6/2015) es clara: las infracciones leves tienen un plazo para resolverse de tres meses y las graves, de seis. Salvo que el Ayuntamiento de Pamplona justifique el retraso por alguna cuestión administrativa no recogida en la sanción, los infractores podrían alegar que las multas han prescrito y librarse de “apoquinar”. En todo caso, la sorpresa del receptor debe de ser mayúscula al percatarse de que la infracción se cometió un año antes.

DOS INFRACCIONES LEVES Y DOS GRAVES

De los cuatro casos que aporta como prueba UPN, dos refieren a infracciones graves -exceso de velocidad- cometidas en la Cuesta de Beloso y en la avenida de San Jorge - Landaben- los días 17 y 29 de julio respectivamente. El importe de la multa es de 100 euros. Las leves, ambas cometidas en el mismo punto -la calle Irunlarrea con Boticario Viñaburu, en la zona de hospitales- se cometieron los días 17 y 23 de julio de 2025 y comportan una sanción de 90 euros. Si las multas realmente han prescrito, será una alegría para el infractor, pero una merma en la capacidad recaudatoria del consistorio.

Y es que el informe de la Cámara de Comptos de 2024 sobre las cuentas municipales aseguraba que 10,57 millones de euros de los ingresos del ayuntamiento procedían de multas y sanciones. La realidad es que de aquella cifra, durante 2024, se cobraron casi 4,5 millones. Pero esos impagos, tal y como recogen las propias multas pueden resolverse por un procedimiento de apremio en el ejercicio siguiente. Esos 10,57 millones suponían para las cuentas de 2024 el 4% de los ingresos totales.

Además, como denuncia UPN, “hay trabajadores municipales que tienen que dedicar tiempo a tramitar estos expedientes, revisar la documentación, preparar las notificaciones y realizar todos los trámites administrativos”. “Si después la multa llega fuera de plazo y prescribe, todo ese trabajo se ha hecho en balde”, añaden. Por ello, reclaman al equipo de Asiron que explique cuántas sanciones se han notificado fuera de plazo, cuántas han podido prescribir y cuál es el coste que está suponiendo para el ayuntamiento esta “deficiente tramitación”.