Un grupo de colectivos latinoamericanos ha mostrado su rechazo a la decisión del Ayuntamiento de Pamplona de excluirles del espacio destinado a los colectivos durante las fiestas de San Fermín, una medida que consideran arbitraria, desproporcionada y motivada por razones ideológicas.

Según explican las asociaciones, el Ayuntamiento, presidido por el alcalde Joseba Asiron, ha utilizado como argumento una deuda administrativa para impedir su participación en las fiestas, pese a que dicha cantidad fue abonada dentro del plazo concedido por el propio Consistorio.

Los colectivos afirman que el Ayuntamiento fijó como fecha límite el 30 de junio para regularizar la situación económica y que el pago fue realizado en plazo. Cumpliendo, a su juicio, con el requerimiento municipal. Sin embargo, sostienen que el Consistorio decidió no reconocer dicho pago a efectos de mantener su exclusión del espacio festivo.

Asimismo, recuerdan que las sanciones relacionadas con la celebración del Festival de la Hispanidad se encuentran recurridas ante el Tribunal Administrativo competente, por lo que consideran que dichos expedientes no guardan ninguna relación con la autorización para participar en el espacio de San Fermín.

Las asociaciones entienden que se trata de procedimientos completamente distintos que no deberían mezclarse. No obstante, afirman que desde el Área de Cultura se les trasladó que sí existía una relación entre ambos asuntos y que esa circunstancia justificaba su exclusión.

Según los colectivos, todo este procedimiento ha contado con el conocimiento de la concejala de Cultura, Maider Beloki, y de su equipo. Añaden que desde dicha área se defendió que las sanciones derivadas del Festival de la Hispanidad guardaban relación con la autorización para participar en San Fermín, una interpretación que consideran carente de fundamento jurídico.

Los colectivos también sostienen que la celebración del Festival de la Hispanidad 2025 se desarrolló con total normalidad desde el punto de vista organizativo. Sin embargo, afirman que, a instancias del responsable de Seguridad Ciudadana, se ordenó identificar y sancionar a numerosos participantes y patrocinadores del evento, una actuación que, según las asociaciones, no tiene precedente alguno y que generó preocupación, incertidumbre y momentos de tensión entre las personas asistentes.

Las entidades consideran que esta actuación alteró el normal desarrollo del festival y recuerdan que este evento se viene celebrando desde hace años sin que se hayan registrado incidentes relevantes ni problemas de seguridad que justificaran un despliegue policial de esas características.

A juicio de los colectivos, el verdadero problema nunca ha sido la actividad organizada, sino el propio nombre del festival. Las asociaciones afirman que, en distintas ocasiones, se les sugirió sustituir la denominación "Festival de la Hispanidad" por otra como "Festival de las Culturas", propuesta que rechazaron por considerar que suponía renunciar a la identidad del evento.

Las entidades defienden que el término Hispanidad representa los lazos históricos, culturales y lingüísticos que unen a España con los países iberoamericanos y consideran que no existe motivo alguno para modificar una denominación que ha acompañado al festival desde sus inicios.

Los colectivos añaden que solicitaron al Ayuntamiento la habilitación de un nuevo espacio alternativo para poder desarrollar sus actividades, así como una explicación clara del procedimiento seguido para su exclusión. Sin embargo, denuncian que no han recibido respuesta ni se ha atendido su solicitud, lo que interpretan como una falta de voluntad de diálogo y transparencia.

En su opinión, el Consistorio habría ignorado estas peticiones pese a que, según afirman, se plantearon de forma formal y dentro de los plazos correspondientes.

Los colectivos lamentan especialmente que la exclusión se comunicara cuando la organización de las actividades de San Fermín estaba prácticamente finalizada y ya se habían asumido importantes gastos económicos en infraestructura, programación, materiales, logística y contratación de servicios, ocasionando importantes pérdidas económicas.

Asimismo, sostienen que otros colectivos sí podrán participar con normalidad en las fiestas, lo que, a su juicio, supone un trato desigual hacia la comunidad latinoamericana.

Por todo ello, las asociaciones consideran que la actuación municipal constituye un caso de racismo institucional, al entender que se está discriminando a colectivos que representan a miles de ciudadanos latinoamericanos residentes en Pamplona y Navarra por razones ideológicas y culturales.

Las entidades recuerdan que durante años han participado activamente en San Fermín organizando actividades culturales, gastronómicas, musicales y de convivencia que han contribuido a enriquecer las fiestas y a fortalecer la integración entre culturas.

Por ello, solicitan al Ayuntamiento de Pamplona que garantice la igualdad de trato entre todas las asociaciones y evite que las diferencias ideológicas condicionen el acceso de los colectivos a los espacios públicos.

Finalmente, los colectivos anuncian que estudiarán todas las acciones administrativas y judiciales que consideren oportunas para defender sus derechos, reclamar los perjuicios económicos ocasionados y exigir responsabilidades por una decisión que consideran injusta, discriminatoria y contraria a los principios de igualdad, objetividad e imparcialidad que deben regir la actuación de las administraciones públicas.