La autorización de funcionamiento del centro de acogida Vida Nueva, vinculado a la iglesia Evangélica y situado en terrenos entre Etxarri y Ciriza, en Val de Etxauri, ha sido revocada por el Gobierno de Navarra. Así lo confirmaba este martes la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu. La decisión supone la exclusión del registro de centros de servicios sociales como centro residencial de inclusión social. No deriva, sin embargo, en el cese de la actividad, de carácter privado, que sigue. Vinculó Maeztu este paso a los incumplimientos relacionados con el decreto foral por el que se regula el funcionamiento de los servicios residenciales y el régimen de autorizaciones y subrayó que en las inspecciones llevadas a cabo no se habían observado ningún ilícito penal.

La consejera de Derechos Sociales informó sobre el centro Vida Nueva en comisión parlamentaria. Respondía a una pregunta de EH Bildu sobre las medidas de inspección y control de la atención socio sanitaria que lleva a cabo. Maeztu señaló que el centro, según recientes informaciones periodísticas, está siendo investigado por un Juzgado de Pamplona tras las denuncias presentadas por tres mujeres que fueron internas del centro hace más de una década. Precisó, en cualquier caso, que el Gobierno de Navarra no ha recibido ninguna denuncia de personas usuarias.

La revocación llega fruto de las inspecciones llevadas a cabo desde 2016. Seis en total y la última de ellas realizada en diciembre de 2025. Una de 2022 detectó incumplimientos del real decreto en relación al número de plazas de las habitaciones (deben ser máximo dos) y en relación a datos e informes médicos que se pedían a personas que ingresaban. Supuso la apertura del expediente, con plazo hasta marzo de 2025 para cumplirlo. En diciembre, tras constatar que no se habían hecho adaptaciones necesarias, comenzó el expediente para revocar la autorización de funcionamiento y excluir del registro. Se cerró en abril.

La polémica ha rodeado desde hace décadas al centro de acogida Vida Nueva, vinculado a la Iglesia Evangélica y que atiende a personas con problemas de adicciones y otras condiciones mentales. Al plantear su ampliación, en 2008, los ayuntamientos de la zona cuestionaron que se hiciera en suelo no urbanizable. La entidad llegó a denunciar ante el Defensor del Pueblo el trato recibido. 

Ahora es la entidad la que está en el punto de mira, tras una investigación por denuncias por detención ilegal, coacciones o torturas, según ha publicado Newtral. La consejera Maeztu, como ya habían dicho desde Salud, negó que se estén haciendo derivaciones, pese a lo que insinúa el centro. Los internamientos se realizan a instancias de tutores o de las personas usuarias.