Un total de 120 trabajadores sociales enviaron este miércoles un demoledor y largo comunicado, suscrito por todos ellos, en el que aseguran que están sufriendo una “desautorización profesional” que, en ocasiones, supone modificar su criterio técnico. “Se han dado situaciones de deslegitimación de la intervención de las profesionales. Ante la negativa de acceso a un recurso y/o prestación al no cumplir requisitos, se ha presionado a instancias políticas cambiándose la intervención efectuada”, recogen en su escrito. No especifican quién presiona ni sobre qué instancias políticas lo hace.

Pero el comunicado da mucho más de sí, con siete puntos de crítica al área que dirige el único concejal de la coalición Contigo-Zurekin, Txema Mauleón. En enero de 2025, ya escenificaron sus críticas ante el Colegio Oficial de Trabajo Social de Navarra. Esta vez, vuelven a denunciar un “deterioro progresivo” de sus condiciones laborales “desde hace años”. “Por este motivo, hemos decidido volver a visibilizar una situación insostenible, cronificada y perjudicial para nuestras condiciones laborales, profesionales, así como para la ciudadanía que hace uso de los servicios”, recogen en su comunicado.

DECISIONES POLÍTICAS

Para los 120 profesionales, mujeres en su mayoría, la responsabilidad de su situación recae en “decisiones políticas y de gestión, que precarizan cada vez más un sector esencial, feminizado y hostigado”, con un señalamiento directo a la concejalía de Acción Social del consistorio. Denuncian “riesgos laborales invisibilizados y normalizados” que “no están siendo evaluados ni abordados de manera real y efectiva” por parte del consistorio.

“La salud mental de las profesionales no se protege y enfermar se ha convertido en el precio a pagar por sostener unos servicios sociales desbordados; estas situaciones se han trasladado de forma reiterada”, se quejan profesionales del ayuntamiento de las 13 unidades de barrio, los equipos de EISOL, EAIA, EDAER, KONEKTA y técnicas de apoyo.

A los riesgos laborales, los trabajadores suman las continuas “injerencias de entidades sociales” que les han llevado a una “pérdida de autonomía profesional” con protocolos poco claros, “lo que deriva en arbitrariedad y desigualdad en la atención”. Declaran que en ocasiones se trabaja con “criterios internos no comunicados”, como en “la elaboración de informes de Servicios Sociales para el acceso al Ingreso Mínimo Vital, entre otros”. Otra insinuación de, al menos, mala praxis en el Ayuntamiento de Pamplona.

Asimismo denuncian un “incremento continuo de la carga de trabajo”, con un “aumento de ratios y responsabilidades, sin refuerzo de plantillas, ni reconocimiento profesional”. “Esta acumulación de carga se produce sin negociación, sin análisis de impacto y sin considerar los límites humanos y profesionales, empujando al sector a una situación de agotamiento colectivo y negando a la ciudadanía el derecho a una atención social digna”, se lamentan.

Los firmantes del comunicado manifiestan que el área de Acción Social del Ayuntamiento de Pamplona no cubre “bajas, permisos y reducciones de jornada en tiempo y forma”. “Se ha convertido en una práctica estructural. Esto provoca una sobrecarga insostenible e incrementa los riesgos laborales, ya que cada ausencia se traduce en más carga para el resto, más listas de espera y peor atención”, sostienen. Reclaman por ello que se implante, como en el resto de Navarra, la Unidad de Tramitación “que ha desaparecido en Pamplona”.

RETRASOS EN LAS VALORACIONES

En una situación laboral con múltiples frentes abiertos, las trabajadoras denuncian un “aumento de la presión en Atención primaria ante la falta de resolución de prestaciones a tiempo”, que supone una “vulneración de los plazos estipulados por ley”. Y ponen meses de espera a cada valoración: “5 meses para la valoración de Renta Garantizada, más de año y medio en la Valoración de discapacidad, 8 meses en la Valoración de dependencia”.

Con todo, denuncian que su actividad profesional conlleva una “alta exposición a riesgos psicosociales: sobrecarga emocional, estrés crónico, burnout, conflictos éticos, amenazas y en algunos contextos, agresiones verbales o físicas”. “Estos riesgos no están siendo evaluados ni abordados de manera real y efectiva, pese a tratarse de un sector esencial que trabaja con situaciones de extrema vulnerabilidad”, reclaman.

Las trabajadoras sociales, mujeres en su inmensa mayoría, reclaman “dignidad profesional y defensa de lo público, por una atención social de calidad”. Al final del texto plantean una serie de propuestas para paliar la situación que denuncian. Demandan por tanto un “respeto efectivo a la autonomía y al criterio técnico”, así como la eliminación de “injerencias externas”.

También reclaman “evaluaciones reales de riesgos psicosociales y medidas preventivas concretas”. “Consideramos que debe irse más allá del botón del pánico”, sostienen. Según apuntan en el comunicado, la mayoría de las “situaciones conflictivas” se producen por no cubrirse las bajas del personal a tiempo y “no poder atender a las personas el día que estaba citadas”. Denuncian que la última evaluación se produjo hace dos años.

Exigen asimismo la “sustitución inmediata de bajas y el estudio de las cargas de trabajo para un refuerzo estructural de las plantillas”. Además, consideran que la “externalización de los servicios sin tener en cuenta las necesidades sociales no ofrece una respuesta acorde con las demandas de la ciudadanía”. Para las trabajadoras, la externalización constituye una forma de “privatizar servicios” a los que deberían darse respuesta desde la administración pública.

Por otra parte, piden que se trabaje en “coordinación con el Gobierno de Navarra y otros ayuntamientos a fin de establecer un mínimos criterios de aplicación unánime en el territorio foral”. Citan como posibles criterios, el padrón social, el padrón de oficio y la respuesta al sinhogarismo. También reclaman “espacios de participación real y negociación con las figuras profesionales sobre la organización de servicios”.

PRESTACIONES ECONÓMICAS

Las trabajadoras exigen la implantación “inmediata de una Unidad de tramitación para gestión de prestaciones económicas” como el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Garantizada. Piden asimismo el “reconocimiento a través de complementos de la exposición a un trabajo de riesgo y a la exigencia de una continua atención directa al público”.

En este sentido, solicitan que se equipare el complemento aprobado para los referentes de las Unidades de Barrio a los referentes. Y concluyen que la “falta de respuesta”, “la desprotección institucional y el deterioro continuado de nuestras condiciones, las buenas palabras, pero la ausencia real de medidas que aborden estas situaciones, nos llevan a afirmar que no podemos seguir sosteniendo un sistema que se apoya en la precarización y el desgaste de sus profesionales”.