Ayuntamiento de Pamplona
120 trabajadores de Acción Social estallan: "La salud mental de los profesionales no se protege"
Las trabajdoras sociales cargan contra la gestión del área que dirige Txema Mauleón (Contigo-Zurekin) y contra las "decisiones políticas y de gestión, que precarizan cada vez más un sector esencial, feminizado y hostigado"
Actualizado el 04/03/2026 a las 16:01
"Cuidar de quienes cuidan no es una opción: es una obligación". Es la conclusión a la que llegan 120 trabajadores del área de Acción Social que dirige el concejal Txema Mauleón (Contigo-Zurekin). A través de un largo y demoledor comunicado, las trabajadoras sociales -hay una mayoría femenina- denuncian "riesgos laborales invisibilizados y normalizados" que "no están siendo evaluados ni abordados de manera real y efectiva" por parte del consistorio.
"La salud mental de las profesionales no se protege y enfermar se ha convertido en el precio a pagar por sostener unos servicios sociales desbordados; estas situaciones se han trasladado de forma reiterada", se quejan profesionales del ayuntamiento de las 13 unidades de barrio, EISOL, EAIA, EDAER, KONEKTA y técnicas de apoyo. El documento reitera las quejas de los trabajadores que trasladaron en enero de 2025 en el Colegio de Trabajo Social.
En su escrito, las profesionales denuncian un "deterioro progresivo" de sus condiciones laborales "desde hace años". "Por este motivo, hemos decidido volver a visibilizar una situación insostenible, cronificada y perjudicial para nuestras condiciones laborales, profesionales, así como para la ciudadanía que hace uso de los servicios", recogen en su comunicado.
Para los firmantes del comunicado, la responsabilidad de su situación recae en "decisiones políticas y de gestión, que precarizan cada vez más un sector esencial, feminizado y hostigado". A continuación, despliegan en siete puntos demandas, quejas y situaciones con las que tienen que convivir en su día a día profesional.
A los riesgos laborales, los trabajadores suman las continuas "injerencias de entidades sociales" que les ha llevado a una "pérdida de autonomía profesional" con protocolos poco claros, "lo que deriva en arbitrariedad y desigualdad en la atención". Declaran que en ocasiones se trabaja con "criterios internos no comunicados", como en la "la elaboración de informes de Servicios Sociales para el acceso al Ingreso Mínimo Vital, entre otros".
DESLEGITIMADAS
Además, aseguran sentirse "deslegitimadas" y llegan a denunciar que "se ha presionado a instancias políticas" para alterar "la negativa a un recurso y/o prestación al no cumplir los requisitos".
Asimismo denuncian un "incremento continuo de la carga de trabajo", con un "aumento de ratios y responsabilidades, sin refuerzo de plantillas, ni reconocimiento profesional". "Esta acumulación de carga se produce sin negociación, sin análisis de impacto y sin considerar los límites humanos y profesionales, empujando al sector a una situación de agotamiento colectivo y negando a la ciudadanía el derecho a una atención social digna", se lamentan.
Los firmantes del comunicado manifiestan que el área de Acción Social no cubre "bajas, permisos y reducciones de jornada en tiempo y forma se ha convertido en una práctica estructural. Esto provoca una sobrecarga insostenible e incrementa los riesgos laborales, ya que cada ausencia se traduce en más carga para el resto, más listas de espera y peor atención". Reclaman por ello que se implante, como en el resto de Navarra, las Unidad de Tramitación "que ha desaparecido en Pamplona".
En una situación laboral con múltiples frentes abiertos, las trabajadoras denuncian un "aumento de la presión en Atención primaria ante la falta de resolución de prestaciones a tiempo", que supone una "vulneración de los plazos estipulados por ley". Y ponen meses de espera a cada valoración: "5 meses para la valoración de Renta Garantizada, más de año y medio en la Valoración de discapacidad, 8 meses en la Valoración de dependencia".
Por último, denuncian "desigualdad en la compensación económica de las figuras referentes". "En la aprobación de la plantilla orgánica de 2026 se acordó que las personas referentes de las 13 unidades de barrio van a percibir una compensación económica equivalente al 5% como retribución por el desempeño de dicha función", declaran. Sin embargo, no se aplica a las "personas referentes de los tres programas EIAN, EISOL y SMAM" y piden que la asuma el Ayuntamiento de Pamplona y no el Gobierno de Navarra.
LAS PROPUESTAS DE LAS TRABAJADORAS
A continuación se reproducen las propuestas que recogen las trabajadoras en su comunicado:
- Respeto efectivo a la autonomía y criterio técnico. Eliminación de injerencias externas en la intervención profesional.
- Evaluaciones reales de riesgos psicosociales y medidas preventivas concretas. Consideramos que debe irse más allá del botón del pánico (elemento con el que contamos ya desde hace años) o la formación/supervisión profesional. El grueso de las situaciones conflictivas que se han dado en nuestros servicios son, principalmente, al no cubrirse las bajas del personal a tiempo y no poder atender a las personas el día que estaban citadas, la demora tanto en la atención al solicitar cita en atención primaria como en la solicitud y resolución de prestaciones. La última valoración de riesgos psicosociales que se realizó fue hace dos años y permanece a día de hoy inconclusa (sin calendario ni concreción). En su día esta evaluación fue valorada por gran parte de la plantilla como poco ajustada a la realidad de nuestros puestos; se solicita una evaluación que recoja nuestra situación real con fechas concretas para su implementación.
- Sustitución inmediata de bajas y estudio de las cargas de trabajo para un refuerzo estructural de las plantillas. Cumplimiento de los equipos en todos los servicios. El refuerzo estructural será a cargo de capítulo 1.
- La externalización de servicios sin tener en cuenta las necesidades sociales no ofrece una respuesta acorde a las demandas de la ciudadanía que utiliza nuestros servicios; además de privatizar servicios a los que debería darse respuesta desde la administración pública.
- Coordinación con Gobierno de Navarra y otros Ayuntamientos a fin de establecer unos mínimos criterios de aplicación unánime en el territorio foral (padrón social, padrón de oficio, respuesta al sinhogarismo, etc.).
- Espacios de participación real y negociación con las figuras profesionales sobre la organización de los servicios.
- Implantación inmediata de una Unidad de tramitación para gestión de prestaciones económicas (IMV/RG).
- Reconocimiento económico a través de complementos de la exposición a un trabajo de riesgo y a la exigencia de una continua atención directa al público.
- Equiparación del complemento aprobado para los referentes de las Unidades de Barrio a los referentes de los Equipos Especializados, porque por las mismas funciones se debe cobrar el mismo salario.
