Movilidad

Pamplona devuelve ahora a Ride On los 55.000 euros que adelantó en noviembre

Fue un coste que asumió la concesionaria y que el consistorio acaba de firmar, con el servicio ya detenido y tras varios avisos de falta de liquidez

Una bici eléctrica en la estación de Carlos III el pasado 13 de febrero
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Una bici eléctrica en la estación de Carlos III el pasado 13 de febreroEduardo Buxens
Una bici eléctrica en la estación de Carlos III el pasado 13 de febrero

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Noelia Gorbea

Publicado el 26/02/2026 a las 05:00

La caída del servicio de bicicleta eléctrica compartida en Pamplona se produce en medio de un cruce de acusaciones sobre pagos retenidos, ayudas reinterpretadas y una operación de compra de material que, lejos de aportar liquidez, ha terminado en un nuevo foco de conflicto. Uno de los puntos centrales es la extensión de abonos sociales. Como ya alertó la empresa y con el guante de UPN en el salón de plenos del consistorio, el debate subió de tono cuando se afirmó que el equipo de gobierno, liderado por EH Bildu, ha mantenido retenidos 55.282 euros correspondientes a esa partida desde el mes de noviembre. 

El pago, y así lo certificó el concejal Aitor Silgado, se ha firmado con fecha 25 de febrero. “Con el sistema suspendido y deprisa y corriendo, cuando le han visto las orejas al lobo”, acusó el regionalista. Desde la empresa se sostiene que durante meses trasladaron al consistorio avisos “apremiantes” sobre la necesidad de liquidez para mantener el servicio operativo. Tanto, que terminaron por hacerlo público incluso a sus usuarios.

MATERIALES 

Pero no solamente eso, sino que el segundo eje del enfrentamiento que este miércoles se hizo fuerte gira en torno a la aportación municipal de 200.000 euros; uno de los platos fuertes del acuerdo del 25 de abril, cuando Ride On amenazó con suspender el servicio. Al parecer, en un primer momento se planteó como una ayuda a fondo perdido para cubrir deuda del ejercicio 2025 y evitar la paralización. Sin embargo, posteriormente, fue transformada en un anticipo reintegrable y, según la versión de la empresa, se exigió su devolución o compensación.

Argumento que para nada comparten en el consistorio, donde alcaldía insiste en que ese dinero sigue pendiente de justificar y que no se han emitido todas las facturas correspondientes. A su juicio, la finalidad de la aportación era sufragar parte de la deuda existente, no constituir una subvención definitiva. 

Sea como sea, el tercer elemento de discordia se centralizó en la compra del stock (estaciones y bicicletas); que debía servir para dotar de liquidez a la concesionaria. Según relató el concejal Silgado, la revisión del material se realizó en enero; mientras que Joxe Abaurrea (EH Bildu) recalcó una y otra vez que el material no estaba en las condiciones acordadas y que se valoró en un 44% del coste. Desde UPN se argumenta que no tiene sentido revisar el estado del stock después de haber firmado la compra y se defiende que esa operación debía garantizar estabilidad financiera inmediata.

EN 2023

En paralelo, la oposición puso sobre la mesa otra incógnita: la viabilidad de los fondos europeos Next Generation, cifrados en 1,3 millones de euros. “Habrá que ver si, con el servicio detenido, podría existir riesgo de devolución”, se planteó. Siendo conscientes de que se encuentran en una “fase muy delicada”, el concejal de Movilidad, Borja Izaguirre, defendió que la situación actual es consecuencia de una “herencia envenenada”. 

Y recordó que ya en 2023 se produjo una primera llamada de socorro por parte de la empresa con una petición de ingreso de 500.000 euros, coincidiendo con la pérdida de una compensación de las tarifas de aquel momento que, al parecer, no eran viables. “La publicidad exterior fue, en una segunda licitación, adjudicada a un competidor de Ride On. Este hecho evidenció ya una debilidad financiera de la concesionaria y una clara ocultación de información”, acusó Izaguirre.

LA COMARCALIZACIÓN SÍ, PERO CON MATICES

​Coinciden y, a la vez, divergen. Los grupos que conforman el arco político del Ayuntamiento de Pamplona lo han dejado claro: la gestión mancomunada del servicio público de alquiler de bicicletas a través de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona es preferencia y prioridad. Pero, cada uno aporta sus matices. PSN, quien ha sacado adelante una declaración para remar en este sentido (a la que se ha añadido una de las cuatro enmiendas planteadas por UPN), plantea aprovechar la finalización anticipada del contrato con Ride On para avanzar hacia un modelo comarcal que supere la fragmentación actual y ofrezca un sistema “más eficiente, integrado y sostenible”. 

Desde el PSN sostienen que la comarca no puede permitirse estar dos años sin servicio y que la situación actual obliga a replantear el modelo con una visión supramunicipal. Ante ello, es el concejal Joxe Abaurrea quien deja clara la tesitura. “No podemos ni debemos engañar a la ciudadanía. Los tiempos son los que son y la delegación de competencias, como ya ocurrió en el Plan Fluvial (2 años) no ocurren de hoy para mañana. El ayuntamiento será un mero ente instrumental y todos los municipios que lo deseen podrán adherirse desde el principio”, prometió el representante en la alcaldía. La comarcalización abre una nueva etapa en la movilidad ciclista, en un momento en el que la ciudad que, hasta hace pocas semanas, registraba récord de uso.

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