Pamplona
El Ayuntamiento impulsa Aukera, un nuevo modelo de vivienda social con itinerarios de inclusión
La Ordenanza regulará las condiciones de acceso, tipologías de contratos, duración y posibles exenciones en función de la renta
Publicado el 23/01/2026 a las 12:45
Pamplona deja de entender la vivienda municipal como un destino y empieza a tratarla como un trampolín. La nueva ordenanza Aukera (oportunidad en euskera) convierte el parque público en un servicio de inclusión social, con estancias temporales y de acompañamiento para que personas y familias beneficiarias puedan volver al mercado de la vivienda en condiciones normalizadas.
A través de itinerarios temporales y personalizados, el Ayuntamiento de Pamplona se compromete a que los inmuebles destinados a emergencia habitacional; así como aquellos que se vayan rehabilitando o traspasando de otros tipos de contratos (613 en total) adquirirán carácter público y uso transitorio.
Así, el acceso a estas viviendas se definirá a través de la combinación de tres conceptos: tipología de la vivienda, condiciones de la persona o familia solicitante y nivel de renta, garantizando siempre que ninguno de los alquileres que se fijen supere los precios de la vivienda social baremados por el Gobierno de Navarra (532 euros para un piso de 80 metros cuadrados).
Según ha explicado este mismo viernes el concejal Joxe Abaurrea, la duración máxima de estancia se fijará en un máximo seis años a lo largo de los cuales las personas inquilinas recibirán asesoramiento y acompañamiento para posibilitar la inclusión social y la capacitación para el acceso al mercado inmobiliario normalizado lo antes posible.
Régimen transitorio para las personas que ya están en viviendas municipales
Dependiendo del nivel de renta de las personas o familias solicitantes, se les asignará una tipología determinada de vivienda que se corresponde a la situación que estén pasando: emergencia económica, transición o estabilización. Aunque el grueso del parque se destinará a estos usos, se reservarán también algunas viviendas para emergencia por catástrofe y para realojo urbanístico. Por último, a medida que se resuelvan los contratos de renta antigua, esos inmuebles se incluirán en el catálogo del nuevo servicio público. Las viviendas se disfrutarán en régimen compartido y se establecerán unas condiciones mínimas de convivencia que las personas beneficiarias estarán obligadas a cumplir.
Durante la rueda de prensa se ha lanzado el mensaje de que “nadie que cumpla los requisitos establecidos en la nueva ordenanza y que esté actualmente alojado en viviendas municipales tendrá que salir de ahí, aunque lleven tres años o más en ellas”. Y es que para ello el Ayuntamiento de Pamplona ha ideado un régimen transitorio que dará la oportunidad a las actuales personas inquilinas a retomar el nuevo sistema (tres años en la modalidad de transición) siempre y cuando cumplan los requisitos de renta, estar al corriente de los pagos y ajustarse a las condiciones de autorización de uso (residencial). La intención del Ayuntamiento es reunirse con todas las personas y familias que a día de hoy están alojadas en estas viviendas y tratar la casuística de forma individualizada.
Ayudas regladas, acompañamiento social y más personal
La nueva ordenanza garantizará también que, como máximo, las familias beneficiarias del servicio público de vivienda municipal paguen lo mismo que lo que están pagando las que están acogidas en viviendas sociales gestionadas por el Gobierno de Navarra. Eso sí, en el caso de Pamplona se especifican algunos baremos propios. Así, según ha explicado el concejal Txema Mauleón, se contemplan exenciones del 25%, 50%, 75% e incluso del 100% de las cuotas de alquiler en función de los niveles de renta de las personas o familias acogidas. Las víctimas de violencia de género pagarán un 10% del total.
Para posibilitar la puesta en marcha de este servicio público, Pamplona incrementará el personal. Así, frente a la única persona que anteriormente se encargaba del acompañamiento en las denominadas viviendas de emergencia habitacional, a partir de la entrada en vigor de la nueva ordenanza, se contará con 13 profesionales más del programa Etxe bat, que se encargarán de estas tareas. “Es evidente que si lo que queremos impulsar es la inclusión social, el Ayuntamiento ha de hacer un esfuerzo importante también en personal”, resume Mauleón. A esta plantilla que cubre el aspecto social se unirá, en el administrativo, el personal de la Oficina de Vivienda.
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El itinerario: viviendas de emergencia económica, de estabilización y de transición
Se contemplan seis modalidades de alojamiento: viviendas de emergencia habitacional económica, de estabilización y de transición; viviendas de emergencia habitacional por catástrofe o siniestro, alquileres con contrato anterior a la fecha de publicación de la Ordenanza de Vivienda de 2016 y viviendas mediante convenio con entidades sin ánimo de lucro por interés municipal.
Las viviendas para emergencia habitacional económica se destinarán a personas sin ingresos o con ingresos por debajo de la renta garantizada, que pueden utilizarlas por un año como máximo; después, pasarían a la modalidad de vivienda de estabilización. También pasarían a estabilización si acceden a la renta garantizada. Esta situación irá acompañada de acompañamiento social de intensidad alta.
Las viviendas para la estabilización estarán destinadas a unidades familiares, con preferencia para las provenientes de alojamientos para emergencia habitacional económica en proceso de estabilización, que tengan ingresos que no superen la renta garantizada que pudiera corresponderles en función de sus miembros. El plazo máximo será de 2 años, revisable año a año según la situación económica. De aquí deberán pasar a la modalidad de vivienda de transición, salvo que antes de finalizar el plazo resulten adjudicatarias de vivienda en alguno de los censos del Gobierno de Navarra o de cualquier otra entidad.
El acceso a las viviendas para la transición puede ser directo o, preferentemente, desde la vivienda de estabilización. La cuantía máxima de ingresos ponderados para el acceso a este recurso será 1,7 veces el índice SARA (Suficiencia Adquisitiva por Renta Adecuada), que se puede ocupar durante 3 años, revisable año a año en base a la situación económica, salvo que antes de finalizar el plazo resulten adjudicatarias de vivienda en alguno de los censos del Gobierno de Navarra, en los que se deberá inscribir y mantener su inscripción.
El acceso a las viviendas de emergencia por catástrofe o siniestro se generará a través de informes específicos; los alquileres con contrato anterior a 2016 se revisarán y las viviendas gestionadas por entidades sin ánimo de lucro se concederán a través de convenio.
