Este 6 de enero, los vecinos seguían expresando su preocupación ante la situación que se vive en la bajera. “Nos inquieta que allí dentro se esté viviendo y vendiendo droga con total impunidad y que entren menores”, señalaba uno de ellos. Se refieren a jóvenes con adicciones que, según confirman fuentes policiales, frecuentan este punto del barrio. “Vemos crías que entran y salen...”, añadía otra vecina.

Los testimonios se suceden. “Han estado todas las policías y no se consigue clausurar”, apuntaba un residente. “Es el pan de cada día. Hay movimiento constante y, por la noche, se intensifica. Los problemas más graves han empezado en los dos últimos años. Y van a más. Escuchas gritos en la puerta para que les vendan droga…”.

Los gritos del pasado viernes por la noche no llamaron especialmente la atención a los vecinos, porque ya son habituales, dicen. Sin embargo, a la mañana siguiente encontraron uno de los cristales del portal reventado. “Todos tenemos miedo”, expresaba una mujer mayor. “Hay gente que está pensando en cambiar de barrio, con lo tranquila que era esta zona. A veces huele porque cocinan con gas dentro, y cualquier día va a pasar algo”.

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A los episodios de violencia se suman los problemas de salubridad. “Tenemos el cuarto de los contadores lleno de cucarachas que vienen de la bajera”, continúan denunciando. “No entendemos cómo una situación tan evidente puede mantenerse tanto tiempo así. Los detienen, los dejan libres y, al día siguiente, todo vuelve a empezar. La policía hace lo que puede, pero esto va a más. Algún día vamos a vivir un desastre”.

La comunidad decidió no renovar el contrato de arrendamiento del local a la persona que lo ocupa actualmente el 24 de febrero de 2023, debido a las molestias, malos olores, reiteradas intervenciones policiales y una deuda en el alquiler. Aunque esta fue finalmente saldada, la junta vecinal comunicó mediante burofax y mail su decisión de no continuar con el contrato. El 1 de junio de 2023 presentaron procedimiento de desahucio ante el Juzgado 9. Sin embargo, el procedimiento quedó bloqueado cuando el juzgado solicitó acreditar la condición de “gran tenedor”, una consideración que la comunidad rechaza, al tratarse de un local no residencial. “La consideración de gran tenedor, tras la ley 12/2023, ha penalizado los derechos de la comunidad”.

Este martes, la bajera permanecía sin precintar, con la persiana a medio bajar y la puerta cerrada con llave. “Tras el último registro policial, en febrero, llamamos a un cerrajero y cambiamos el cuadro de mandos de la persiana, pero esa misma noche reventaron la puerta y volvieron a entrar”, explican. “Se actuó con la intención de proteger el local, ya que tanto la persiana exterior como la puerta de entrada estaban abiertas”.