Diario de Navarra

Dicen que quien avisa no es traidor, y en este caso la Dirección General de Tráfico (DGT) lleva más de un año advirtiendo de los cambios que llegarán para los vehículos de movilidad personal. Sin embargo, no todas las nuevas exigencias anunciadas para los patinetes eléctricos pueden aplicarse todavía. ¿El motivo? Que a los responsables de tráfico les ha pillado el toro. Dicho de otra manera, todavía no está preparado el registro nacional en el que los patinetes deberían inscribirse desde este mismo 2 de enero. Y es que aunque el real decreto que dará cobertura al registro de los VPM se tramita por vía de urgencia, no dispone del tiempo suficiente para hacerse realidad en la fecha señalada . Por ello, mientras se tramita la regulación del registro, no será aplicable la obligación. Todo arranca cuando la norma que introduce el seguro obligatorio para los vehículos de movilidad personal fue publicada en el Boletín Oficial del Estado a finales del pasado mes de julio; fijando el 2 de enero como el horizonte previsto para su entrada en vigor. Junto a esta medida, el texto contemplaba la creación de un registro público de VMP que debería estar operativo en ese mismo instante. Algo que, de momento, no va a suceder. Sea como sea, no se puede negar la mayor. Y es que el uso del patinete eléctrico se ha consolidado en los últimos años como una alternativa habitual de movilidad urbana en Navarra, especialmente en Pamplona y Comarca. Sin embargo, su crecimiento ha venido siempre acompañado de una regulación cada vez más estricta. Pero para entender de qué estamos hablando, es necesario recordar que los patinetes eléctricos están considerados vehículos, no juguetes. Saber y hacer Deben estar diseñados para una sola persona y tener una velocidad máxima limitada a 25 kilómetros por hora. Está prohibido circular por aceras, zonas peatonales, autopistas, autovías y túneles urbanos; además de que es obligatorio respetar las normas de tráfico, incluidos semáforos, señales, controles (alcohol y drogas) y la prohibición de usar el móvil o auriculares mientras se conduce. Fue en 2024 cuando la DGT empezó a avisar. Y es de desde aquel mes de enero, todos los patinetes eléctricos nuevos que salían al mercado ya tenían la obligación de contar con una certificación técnica homologada por la DGT. Es decir, un documento oficial que garantizara el cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad. Hablamos de sistema de frenado, luces, elementos reflectantes y limitación de velocidad. Los modelos adquiridos antes de esa fecha pueden seguir circulando, pero solo hasta el 22 de enero de 2027. A partir de entonces, quienes no sigan las normas quedarán fuera de la circulación de forma automática. No obstante, pese a la prórroga, el marco legal se endurece todavía más; ya que todos los patinetes eléctricos tendrán que disponer de un seguro de responsabilidad civil, similar al de otros vehículos, para cubrir los posibles daños a terceros. También colocar una placa, una especie de matrícula que permitirá identificar al vehículo en caso de accidente o infracción. Circular sin cumplir estas obligaciones podrá conllevar multas de hasta 1.000 euros. A partir del próximo 22 de enero de 2027 solo podrán circular por la vía pública los vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, que cuenten con el número de certificado y el manual de características emitido por la DGT. Los modelos vendidos hasta enero de 2024, sin este certificado, ya no tendrán permitido circular y su uso se limitará a fincas privadas. Una matrícula para rastrear patinetes. Cada patinete eléctrico recibirá una etiqueta identificativa, parecida a una matrícula convencional de coche, que deberá quedar visible en todo momento. Esta medida busca facilitar el control de infracciones, el rastreo de vehículos en caso de accidente y la correcta gestión de las posibles sanciones.

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2026, el año que cambia las reglas del patinete eléctrico

Aunque la ley fijaba el 2 de enero como fecha clave para aplicar las nuevas obligaciones, la falta de desarrollo reglamentario y el retraso en la puesta en marcha del registro y del seguro obligatorio impiden que el plazo se cumpla

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