El transporte urbano comarcal requerirá mayor financiación del Gobierno de Navarra y de los 18 ayuntamientos a los que llega que para 2026 deberán aportar 15,7 y 8,4 millones respectivamente. Así quedó claro este miércoles al trasladar David Campión, presidente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona que lo gestiona, las pinceladas y retos de lo que será el servicio entre los años 2026 y 2028. Antes se había aprobado, en el presupuesto para el próximo año, una aportación de 50,7 millones de euros, de los que 23,9 llegarán por los ingresos por tarifas y 24,1 por la suma de las aportaciones de las administraciones. 

El documento se trabajará el primer trimestre del año, según se anunció, y se esperan aportaciones de los grupos y municipios para comenzar a aplicarlo. Mientras, funcionará la que será tercera prórroga del plan de 2023, que se ha ido extendiendo como consecuencia de las aportaciones del Gobierno central para las reducciones en las tarifas.

Hasta ahora se sabe que el documento recogerá el nuevo servicio nocturno, mejoras en tiempos de expedición trabajadas con el comité en 2024 y las añadidas en el marco del conflicto de la empresa adjudicataria, la prueba piloto para una línea cero que financiará el Ayuntamiento de Pamplona o 36 nuevos autobuses y los 16 baños prometidos inicialmente para hace un año y cuya instalación se acaba de licitar tras varios retrasos.

El presidente de la Mancomunidad, David Campión, desveló las líneas para el Plan de Transporte Urbano Comarcal después de que el portavoz del PSN en la entidad, Xabier Sagardoy, también diera algunas líneas del documento y anunciara su aprobación para tres años en el debate de los presupuestos de la entidad (186,9 millones de euros). El socialista incluyó el plan entre los motivos del apoyo de su grupo tras años de votos en contra y abstención al documento elaborado por el gobierno que forman Independientes, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin. Valoró que recogerá medidas como la mejora de la conexión con la zona hospitalaria, servicios rápidos, el piloto para el minibus eléctrico o las demandas históricas para mejorar la conexión de Burlada con Erripagaña, Barañáin en Eulza, Sarriguren y Gorraiz en el Valle de Egüés o Ardoi, Zizur Mayor y Cizur Menor.

Por ahora, las mejoras serán ideas que se desarrollarán en el deporte de transporte y para las que la entidad espera aportaciones de grupos y municipios. “Son retos importantes y las medidas requieren más financiación del Gobierno de Navarra y los municipios y debe ser un trabajo dinámico”, auguró.

Antes habló de la ley de movilidad “estatal” recién aprobada y explicó que requiere de reglamentos y de la actuación de organismos. Pero adelantó que se creará un fondo de financiación y que habrá convocatorias. Auguró que la Mancomunidad podrá optar en temas como el transporte público o la digitalización y que podría encajar el proyecto “a corto plazo” para construir unas nuevas cocheras. El plan, pendiente desde hace años, incluye la compra de terrenos en Los Agustinos, además de la construcción.

35 frente a 12

Los avances sobre el futuro transporte llegaron tras la aprobación de un presupuesto de 186,9 millones para 2026, con 65,1 destinados a inversiones. La cifra supone una rebaja respecto a los 215,3 del presente ejercicio, al haber avanzado las actuaciones en el centro ambiental que se pondrá en marcha y aumentará el capítulo de personal. Salió adelante con el apoyo de 35 de los 47 asambleístas presentes este miércoles en Salesas. Votaron en contra los representantes de UPN y el PP y a favor los de Independientes, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo en el gobierno y los del PSN. También se dio luz verde a la ordenanza de residuos, que incluye tarifas medias de 170 euros al año o tarifas sociales para más de 3.800 familias.

M ENOS de una hora necesitaron los 47 asambleístas reunidos este miércoles en la antigua capilla del convento de Salesas, hoy sede de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y lugar de reuniones y actos, para aprobar un presupuesto de casi 187 millones de euros para el año que viene; la nueva ordenanza de residuos con bonificaciones por el comportase en zonas rurales, la extensión desde final de año del puerta a puerta a los polígonos o la aplicación de los baremos catastrales y la subida en municipios como Pamplona donde se han actualizado. También el ingreso de los 4,5 millones de euros por la compra del edificio de Chinchilla para hacer un hotel boutique de la empresa del hotel Tres Reyes. Apenas hubo debate e incluso el presidente, David Campión (Independientes), valoró en un millón menos la operación y nadie le replicó. La sesión, sin embargo, se alargó el doble de tiempo en los ruegos y preguntas y, especialmente, en las mociones. Este miércoles llegaron de la mano de UPN y abordaban asuntos habituales como la proliferación del bolseo y voluminosos en zonas de Pamplona y la huelga de la plantilla de la empresa que conduce las villavesas y la gestión de la misma por parte del gobierno de la Mancomunidad, que desde 2023 ejercen Independientes junto a EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin. 

Los votos de ese equipo de gobierno tumbaron las dos. En la de los residuos, que pedía un grupo de trabajo sobre Pamplona, también con el PSN. En la del transporte los socialistas, críticos con el texto, lo apoyaron porque también cuestionan la actuación de Campión en la crisis. Tras la firma por parte del sindicato UGT del convenio y la inclusión de algunas mejoras en el servicio por parte de la entidad algunos la dieron casi por terminada.

El debate recogió entre comentarios irónicos y otros más gruesos mensajes escuchados en Pamplona. Discusiones como las de UPN y Contigo Zurekin. Y hasta la mención a Nerón por parte de David Campión para defender que no se había quedado “mirando a Roma arder” durante la huelga de las villavesas. El tono cambió cuando el más veterano en el “foro”, el alcalde de Aranguren desde hace 30 años, Manuel Romero, criticó la actuación del PSN en los presupuestos de Navarra y que no hubiera incluido a cinco municipios entre los que recibirán ayudas directas para un servicio comarcal como el alquiler de bicis por no tener representación de su grupo. Le replicó Sagardoy que su municipio era el que más euros por habitante gestionaba. Nada dijo de los otros cuatro que querían extender el servicio y quedaron fuera.