El comité de empresa de Fundación Gizain, junto con educadoras y personal de seguridad, denuncia la situación que atraviesan los centros de menores en Navarra, y en especial el Centro de Observación y Acogida Echegaray, que está “desbordado” y donde aseguran que tanto menores como profesionales se encuentran “en condiciones inadecuadas”. Tanto es así, señalan en una nota, que algunos menores solicitan cerrar sus habitaciones “por miedo a los compañeros con los que conviven”.

El centro de observación y acogida (COA ) de menores en la residencia Félix Echegaray de la calle Vergel sustituyó a principios de año al COA de Ilundáin. El comité de Gizain asegura que desde antes de la reforma del inmueble se advirtió de las “dificultades de habitabilidad del centro debido a la limitación de espacio”. Lo hicieron, señala la nota, a la dirección de la fundación, a la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, y al departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra.

El comité detalla que el centro está diseñado para acoger a doce menores, pero que en la práctica está “totalmente desbordado”, con más plazas de las disponibles y con perfiles no contemplados inicialmente. “La falta de espacio ha generado hacinamiento en las habitaciones, la utilización de una sala sin célula de habitabilidad como espacio de reunión del centro educativo y la ausencia de una zona de ocio adecuada para los menores”.

Además, denuncian la convivencia de perfiles “incompatibles”: víctimas y victimarios, menos con medidas restrictivas junto a otros en situación de desprotección, jóvenes migrantes para quienes existen otros recursos específicos e incluso mayores de edad sin recursos residenciales alternativos. El comité también denuncia la presencia de un mayor de edad que ha protagonizado “comportamientos sexualizados hacia profesionales, detenciones por exhibicionismo en la vía pública y actos de vandalismo contra las instalaciones”. Y pese a las “reiteradas comunicaciones” de los equipos al respecto, señala la nota, “no se han tomado medidas. “Sigue siendo un centro de valoración, está siendo utilizado como recurso de urgencia y albergando ingresos repetidos, lo que desvirtúa su función”, denuncian las trabajadoras. Además, denuncian públicamente la precariedad de las condiciones laborales con las que prestan su trabajo. “Nos estamos implicando y dejando la salud y no nos sentimos cuidadas por la empresa ni por la administración”.