Representantes de los colectivos Salhaketa Nafarroa, Dar Etxea, PIM/MIG, Apoyo Mutuo, Paris 365, Haritu, Oxfam Intermon y SOS Racismo Nafarroa se han concentrado este viernes para denunciar la situación de seis familias con menores a su cargo que viven en la calle en Pamplona. Los concentrados han portado una pancarta con el lema 'Vivir en la calle. Techo y comida. Etxean Bizi. Etxea eta janaria' y han coreado consignas como 'Ni casas sin gente, ni gente sin casas', 'Ningún desahucio sin respuesta' y 'Queremos vivienda de alquiler social'.

Este acto de protesta, han explicado a los medios de comunicación, ha tenido lugar en la avenida Carlos III de Pamplona, ante la carpa donde se celebran los II Encuentros de Navarra 'La vivienda que queremos', para denunciar "la crudeza de una problemática que no es coyuntural ni anecdótica, sino estructural". "No es la primera vez que ocurre. En febrero pasado fueron cuatro las familias en calle y, lejos de dar una respuesta institucional, fueron las redes de solidaridad popular y el compromiso de las vecinas quienes paliaron temporalmente el problema habitacional. Una vez más, el peso recae en la comunidad organizada mientras las instituciones continúan cerrando sus puertas", ha afirmado una portavoz de los concentrados.

En este sentido, se ha preguntado "hasta cuándo permanecerá cerrado el área de Alta Exclusión del Ayuntamiento a las personas más vulnerables" y ha considerado "alarmante e inaceptable que en la actualidad no se estén concediendo citas ni ofreciendo atención a las personas que acuden a las oficinas de Alta Exclusión en Zapatería 40". "Lejos de garantizar un derecho humano fundamental como es la vivienda y la acogida digna", el consistorio "opta por seguir gastando dinero público en negocios privados como hoteles y pensiones, con medidas asistencialistas y temporales, en lugar de impulsar un dispositivo permanente y estable que proteja la vida de familias y personas en situación de vulnerabilidad", ha señalado.

La portavoz ha destacado que estos colectivos denuncian "con firmeza" todos los discursos que "criminalizan a estas familias por migrar junto a sus hijas e hijos. Migrar es un acto de dignidad y valentía, una decisión tomada frente a contextos de violencia, despojo y desigualdad generados muchas veces por dinámicas coloniales y neocoloniales que enriquecen al Norte global a costa de la vida en el Sur".

"Criminalizar a quienes emprenden rutas migratorias peligrosas e inciertas es reproducir el racismo institucional y estructural que atraviesa nuestras sociedades", ha resaltado. Por estos motivos, los colectivos exigen que se garantice la atención desde el área de Alta exclusión, Unidades de Barrio y Servicios Sociales de Base, de todas las personas en situación de calle y de vulnerabilidad. También la apertura inmediata de un dispositivo permanente de acogida digno para familias y personas en situación de calle, y "un compromiso claro contra el racismo institucional y la exclusión social, garantizando el acceso a derechos básicos a todas las personas sin distinción de origen".

"Mientras las instituciones abandonan, nosotras seguiremos organizándonos desde abajo, tejiendo redes de apoyo mutuo y resistiendo juntas. Porque ninguna familia debe dormir en la calle, porque la dignidad no se negocia y porque la vida siempre estará en el centro de nuestra lucha", ha concluido.