Proyecto de vivienda

Los afectados por las VPO de Maristas recurren por primera vez a las movilizaciones

Exigen al Gobierno de Navarra una "respuesta urgente" a su petición de aval pública porque el tiempo se agota

La entrada principal del antiguo colegio de Maristas de Pamplona
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Pedro Gómez

Actualizado el 24/07/2025 a las 09:34

Ante la “situación crítica” en la que se encuentran, los adjudicatarios de la promoción de viviendas protegidas de Maristas, en el Segundo Ensanche de Pamplona, han decidido dar el paso de las movilizaciones. Este jueves 24 de julio por la tarde se concentrarán ante la sede del departamento de Vivienda, en la calle Alhóndiga, con el objetivo de conseguir al menos un aval parcial del Gobierno de Navarra para el préstamo promotor. Si no hay respuesta, el lunes 28 volverán a concentrarse en el mismo lugar. El día 30, los cooperativistas celebran una asamblea para votar la oferta de financiación presentada por Caja Rural de Navarra, que incluye un aval mancomunado. Si no se aprueba, sería la “puntilla” a este proyecto porque Arrasate-Ekogi renunciaría a continuar como gestora, los Hermanos Maristas retirarían su última oferta para la compraventa del inmueble con una rebaja de 425.000 euros y el presupuesto de construcción presentado por Obenasa también quedaría en el aire.

Desde hace casi un mes, el consejo rector de la cooperativa de 108 VPO y VPT negocia con el departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra un aval parcial de 3,3 millones o 4,25 millones, según distintas fórmulas, al amparo del artículo 35 de los Presupuestos de Navarra de 2025, que autoriza al Gobierno de Navarra y sus sociedades públicas a otorgar avales u otras garantías análogas por un total de 36 millones. El órgano de la cooperativa explica que este aval permitiría iniciar las obras y afrontar los pagos pendientes mientras se negocia en los próximos meses un aval más amplio ya que el préstamo promotor asciende a unos 16 millones. Sólo el presupuesto de rehabilitación del edificio y construcción de los pisos asciende a 23,3 millones.

En la última asamblea de la cooperativa, celebrada el 26 de junio, los cooperativistas rechazaron firmar el préstamo promotor en una ajustada votación -37 votos en contra, 36 a favor y 5 abstenciones-. El despacho de abogados Zubiri & Zudaire, contratado por los cooperativistas, les aconsejó buscar otras vías de financiación y negociar con el Gobierno foral un aval público. No ha habido avances, ni en la negociación con otras entidades ni en las peticiones a la Administración foral.

En un comunicado dirigido esta semana al Gobierno de Navarra, los adjudicatarios advierten de la situación “de bloqueo” y les reclaman una “respuesta urgente” a la petición de aval. “Somos ciudadanos y ciudadanas que hemos accedido a esta promoción siguiendo estrictamente los procedimientos establecidos por el propio Gobierno de Navarra, a través del departamento de Vivienda, y que en todo momento hemos respetado los cauces y requisitos marcados por la administración”, afirman.

Por eso, manifiestan que no les corresponde “asumir el riesgo empresarial y económico que implica el afianzamiento mancomunado” que se les exige desde la entidad financiera. “Esta fórmula nos obliga a actuar como avalistas del proyecto, lo cual excede completamente el papel que como adjudicatarios debemos desempeñar en una promoción de vivienda protegida”, afirman en su escrito.

Además, recuerdan que esta condición no fue comunicada en ningún momento durante el proceso de adjudicación a través de Nasuvinsa y el censo de demandantes de vivienda. “La falta de transparencia ha generado una situación de incertidumbre y tensión entre las familias participantes, que ahora se ven enfrentadas a una carga financiera que no deberían asumir”, continúan los adjudicatarios.

Consideran “imprescindible” la implicación directa del Gobierno de Navarra como avalista del proyecto, en la medida en que se trata de una promoción de “interés público” que requiere del respaldo institucional para garantizar su viabilidad. “Las familias adjudicatarias no podemos ser tratadas como agentes promotores ni asumir compromisos financieros ajenos al objeto de este proceso”, concluyen en su escrito.

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