Los adjudicatarios de las 108 viviendas protegidas (VPO y VPT) a realizar en el antiguo colegio de Maristas de Pamplona se enfrentan a un negro horizonte en el corto plazo. Varios ultimátum recibidos en los últimos días de diferentes entidades ligadas al proyecto amenazan con dar al traste con el mismo, tramitado vía cooperativa. La clave radica en que aún no ha sido posible garantizar su financiación. El consejo rector de la cooperativa Maristas II remarca que se vive “un momento de gran complejidad” y que “se trabaja para encontrar soluciones”. La deuda generada supera el millón de euros.

Como se recordará, en una asamblea el pasado 25 de junio se votó, de forma muy ajustada, en contra de las condiciones que Caja Rural ponía a la concesión del préstamo promotor que permitiría iniciar las obras, y que incluían que los propios cooperativistas tuvieran que responder como avalistas de la gestora y promotora, Arrasate-Ekogi. “Posteriormente, Caja Rural ha remitido un nuevo clausulado en el que se ratifica que no es posible una reducción en la parte total a afianzar, pero sí se garantiza que la distribución del riesgo será siempre proporcional, evitando que recaiga sobre personas concretas. Se siguen manteniendo conversaciones entre nuestros abogados y Caja Rural para cerrar este punto de manera definitiva”, dice el consejo rector.

En estas circunstancias, añade, el pasado 30 de junio la gestora Ekogi les trasladaba su decisión de no continuar con la cooperativa si no se garantiza la financiación del proyecto, y daba como margen un mes para abandonar esta labor de acompañamiento. “Nos comunica que solicitará a la cooperativa el reembolso de los préstamos que ha realizado para que esta haga frente a los gastos en los que ha incurrido (583.000 euros)”.

Igualmente, la Institución Maristas ha concedido a la cooperativa una prórroga que culminará el 31 de julio para alcanzar un acuerdo de financiación y poder formalizar el pago pendiente. “En caso de no cumplir con dicho plazo, se perdería la propuesta de reducción y volverían a aplicarse las condiciones originales de la compraventa, incluyendo el ejercicio de recuperación del bien por impago conforme a la condición resolutoria”, remarca el consejo rector.

Y por otra parte, la empresa constructora Obenasa ha enviado una comunicación formal manifestando su preocupación por la falta de adjudicación oficial y por la ausencia de un borrador de contrato. Urgen a la cooperativa a confirmar si se va a llevar a cabo la obra, en qué condiciones y en qué plazos. “Recuerda que su última oferta incluía un ajuste condicionado a un inicio inmediato de obras, y advierte de la necesidad de planificar medios y personal en un contexto de alta demanda”.

DEUDAS

En medio de toda esta incertidumbre, recuerda el consejo rector a los socios cooperativistas que “la deuda actual asciende a más de 1 millón de euros”. “Hemos recibido un aviso de impago del aplazamiento de IVA, que genera intereses en forma de recargos, y se nos advierte que un nuevo impago supondría la anulación del aplazamiento del IVA y nos exigirían el pago del importe total”. Asimismo, se les ha notificado un impago en concepto de avales de cuenta. “Debemos atenderlos y solucionar este tema antes del 5 de agosto”, dice. Y añade que “además de esto existe un impago con los arquitectos del proyecto por 440.000 euros”.

“A día de hoy, sin financiación, no podemos formalizar el pago pendiente con los hermanos Maristas ni formalizar la escritura de obra nueva en construcción y división horizontal del edificio. Esto afecta, además, al acuerdo de compraventa de garajes suscrito con la cooperativa Maristas I, ya que el local comercial que les corresponde debe entregarse antes del 15 de septiembre. El incumplimiento podría derivar en reclamaciones o resolución de contrato, quedándonos sin garajes”.

Así lo asegura el consejo rector, quien avanza que “ante esta situación de incertidumbre, se ha decidido no calificar nuevas solicitudes de baja de la cooperativa mientras no existan garantías de que los costes derivados (como los de Ekogi) pueden ser cubiertos por nuevas incorporaciones”. 

De cara a buscar alguna salida de forma inminente a la problemática suscitada, se ha tramitado una solicitud de aval institucional al Gobierno de Navarra. Así, el 2 de julio el consejo rector de la cooperativa presentaba formalmente ante el Ejecutivo una solicitud para que, en calidad de institución pública, pueda asumir o respaldar el afianzamiento necesario para la formalización de la financiación propuesta por Caja Rural de Navarra para el proyecto. En su escrito, se reseña que “falta una solución institucional que permita desbloquear la financiación de este proyecto de vivienda protegida”

“Paralelamente, hemos mantenido contactos informales con representantes del departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra, quienes nos han trasladado que están analizando las opciones legales disponibles junto con el departamento de Hacienda”, indican.

Entre las opciones que se barajan a corto plazo está la aplicación de los artículos 35.1 y 35.2 de la Ley Foral 19/2024 de Presupuestos Generales de Navarra y conforme al artículo único de la Ley foral 10/2014 de 16 de mayo, de modificación de la Ley Foral 13/2007, del 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra. “Esto nos permitiría avalar hasta 3,3 millones de euros si la cooperativa fuese la beneficiaria directa, o hasta 4,25 millones vía sociedad pública. Por lo que se trataría de un aval parcial y no de la totalidad”.

Ya a medio plazo, se podría dar impulso de una modificación legislativa específica, “aunque este proceso implicaría tiempos parlamentarios y no permitiría obtener una resolución antes del mes de octubre en el escenario más optimista”.

En todo caso, confirman que “los tiempos institucionales hacen que no se prevea ninguna respuesta definitiva antes de la semana del 23 de julio (primera sesión de gobierno)”.

Te puede interesar

Los cooperativistas de Maristas rechazan avalar el préstamo de la promotora

Ir a la noticia