El parking disuasorio habilitado por el Ayuntamiento de Pamplona junto al Centro Integrado Donibane, en Trinitarios, está siendo objeto de confrontación con el Gobierno de Navarra, que reclama la titularidad de esta parcela de casi 2.000 m2 en el paseo del Arga. La dirección general de Administración Local ha reclamado al consistorio el pago de una indemnización de 2,35 millones por la “usurpación por la vía de hecho” de este terreno, es decir, por la “ocupación o apropiación ilegítima” de dicho terreno. El consistorio, por su parte, ha desestimado el requerimiento y ha ofrecido al Gobierno de Navarra “la vía del diálogo para atender a las discrepancias”.

La parcela en cuestión va en paralelo al río Arga, desde la rotonda del parque de la Biurdana hasta el fondo del parking disuasorio. En su mayor parte está ocupada por zona verde y caminos peatonales del paseo del Arga, construido en 2013 gracias a los fondos europeos Feder. Pero hay un solar de tierra, pegado a la valla del centro de FP Donibane, utilizado desde hace años como párking gratuito.

En 2023, el Ayuntamiento hizo obras de acondicionamiento para convertirlo en el aparcamiento disuasorio Trinitarios II. Su funcionamiento es similar al de Trinitarios I, situado junto a las Oblatas. Se accede mediante un lector de matrículas, que levanta la barrera. Si la estancia del vehículo es inferior a 24 horas, el parking es gratuito. Si se supera ese tiempo, la tarifa es de 4,35 euros por un día y 2,85 euros a partir del segundo día y siguientes. Este párking tiene 198 plazas. Al estar situado en zona inundable, el vehículo debe estar suscrito al servicio gratuito de avisos por SMS para casos de inundación. Estas obras costaron 224.778 euros y fueron financiadas por los fondos europeos Next Generation EU.

Al parecer, la conversión del solar en párking regulado con tarifas llevó al Departamento de Economía a analizar la situación de la parcela. Así es como el Gobierno de Navarra, a través de la dirección general de Administración Local y Despoblación, ha enviado dos requerimientos, el 28 de noviembre de 2024 y el 8 de abril de 2025. En estas resoluciones se invocan la Ley Foral 6/1990 de la Administración Local de Navarra.

Así, los servicios jurídicos de la dirección general de Presupuestos y Patrimonio concluyen que el ayuntamiento ha dictado “actos o acuerdos, expresos o presuntos, inactividad o actuación material que constituye vía de hecho”, infringiendo el ordenamiento jurídico en materias propias de la competencia de la Comunidad foral, “menoscabando sus competencias, interfiriendo su ejercicio o excediendo de la competencia de dichas entidades locales”.

La Administración foral reclama por la “usurpación” una indemnización de 2.354.800,50 euros, “previa actualización según la variación experimentada del IPC de Navarra”. En sus requerimientos, el Gobierno de Navarra advierte al consistorio que puede acudir al contencioso-administrativo si no lo atiende.

El equipo de gobierno de Joseba Asiron, sin embargo, tras analizar el expediente urbanístico, ha “rechazado/desestimado” el requerimiento del Gobierno. Niega que sea un acto de ocupación y ofrece a la Administración foral la vía del diálogo y la negociación.

La controversia es compleja ya que hay que remontarse a la década de 1990, con un proceso de reparcelación del área de reparto denominada ARZ-6, que incluye terrenos del pasaje de Kosterapea (Trinitarios) y otros terrenos junto al Sadar. Fue una negociación compleja entre varios propietarios que llegaron a buen puerto, un convenio urbanístico que hace una década permitió construir un nuevo pulmón verde en lo que antes era la fábrica de chocolates Orbea y la gasolinera de Discosa, además de 250 viviendas junto a El Sadar mediante la permuta de terrenos.