Es la típica escena. Viernes por la mañana. Sales de casa con el coche en busca de un hueco para aparcar. Bien por trabajo, para dejar a los críos en el colegio o por gestiones varias. Y, de repente, aparece. Una plaza de estacionamiento en mitad de Mendebaldea. Agradeces la suerte y te bajas con la prisa habitual de cada día. Estás frente al número 27 de la calle Irunlarrea y la mala suerte hace que no te percates de que no has pagado la zona azul y que, por tanto, careces de ticket. A las 08:52 horas se interpone una denuncia por “estacionar sin tique o tarjeta de residente en vigor”, lo que se califica como una infracción grave de la Ordenanza.

La anécdota, común donde las haya le sucedió a una vecina de Pamplona. Cuando se dio cuenta de su error, a las 9:48 horas, abonó la cuantía de la anulación a través de la aplicación Telpark (11,85 euros). Además, aprovechó para pagar, en ese mismo instante, el ticket para regularizar su vehículo. Al salir de trabajar, la mujer compruebó in situ que, pese a todo, su vehículo había sido retirado por la grúa a las 9:33 horas. 41 minutos más tarde.

Resignada, la afectada no tuvo otra que acudir al depósito municipal, en el que, a las 15:44 horas desembolsó 132 euros: 30 correspondientes a la multa y los 102 restantes por la tasa del servicio de grúa. Con las gestiones hechas, ahora solicita el reembolso por las propias circunstancias: que no son otras que la existencia de plazas libres en la zona donde había aparcado y el breve lapso de tiempo trascurrido entre la denuncia y la retirada del vehículo. “Es una medida desproporcionada”, alega. Desde el Ayuntamiento de Pamplona, y no es la primera vez, se aferran con fuerza a la propia normativa.

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Prácticamente sin excepción. “En todas las ocasiones el consistorio ha rechazado nuestras sugerencias y recomendaciones al respecto”, valora el Defensor del Pueblo haciendo referencia a casos similares. En esencia, el principal argumento versa alrededor del incumplimiento de la ley, así como del hecho de que la aplicación estricta de la norma es “fundamental” tanto para evitar arbitrariedades por parte de Policía Municipal o de las personas de la ORA, como para asegurar la necesaria rotación de los aparcamientos.

Para el Defensor, Pamplona parte de una premisa errónea, pues no tiene en cuenta que la retirada del vehículo es una medida cautelar y la ejecución debe ser proporcional. “Los argumentos son generalistas y no ponderan las circunstancias específicas del caso”, añade la institución, que afirma en ni rotación ni circulación estuvieron en peligro; puesto que las fotografías del informe muestran que la plaza aledaña estaba vacía.