La empresa concesionaria de la estación de autobuses de Pamplona ya ha presentado al ayuntamiento el proyecto básico para acometer las obras de impermeabilización y terminar con los problemas de filtraciones que se registran desde el año 2014. La inversión necesaria asciende a tres millones, un millón más de lo estimado en un peritaje previo. Ahora, la UTE Estación de Autobuses tiene hasta finales de marzo para presentar un proyecto ejecutivo.

El consistorio pretende que las obras comiencen a la vuelta de Sanfermines con el objetivo de que puedan estar terminadas para las fiestas de 2026. Por ello, ha solicitado a la concesionaria que detalle un cronograma con las fases de ejecución. Las obras supondrán retirar toneladas de tierra del glacis que cubren la estación soterrada, de 11.000 m2. Los trabajos no sólo afectarán a la pradera de la Vuelta del Castillo. El consistorio también pretende que la concesionaria intervenga bajo la calzada y la mediana de la calle Yanguas y Miranda debido a las filtraciones que existen en las rampas de acceso.

La imagen que ofrece actualmente la estación soterrada, con decenas de cubos repartidos por pasillos y dársenas, puede tener los meses contados. Se trata de un problema complejo en todos los sentidos, técnica y contractualmente. Las goteras comenzaron por sorpresa a finales de 2014, unos meses después de que el grupo Vectalia comprara la UTE Estación de Autobuses de Pamplona, empresa que hace dos décadas se adjudicó la construcción y explotación del complejo hasta el año 2057.

Comenzó entonces un proceso judicial para dilucidar quién era el responsable de las filtraciones y, por tanto de las reparaciones, si la concesionaria, la firma de ingeniería que dirigió las obras o el ayuntamiento. Todas las sentencias han sido contra los intereses de Vectalia, la última, en 2019, del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

Esta sentencia hace suyas las conclusiones del perito sobre las causas de las filtraciones, el sistema elegido por la concesionaria de láminas impermeables adheridas y no soldadas. “La ejecución no alcanzó la calidad exigida y se produjo una inadecuada colocación”, señala el perito. Aunque Vectalia no formaba parte de la concesionaria cuando se construyó la estación en 2007, al comprar esta empresa en 2014 heredó también las responsabilidades.

A lo largo de 2023 y 2024, la empresa concesionaria realizó unos estudios básicos sobre la situación del inmueble, de donde se vio la necesidad de ejecución de obras de rehabilitación integral del sistema de impermeabilización del edificio. Unas primeras aproximaciones estimaron en casi dos millones la inversión económica.

En septiembre de 2024, el Ayuntamiento de Pamplona dio tres meses de plazo a la concesionaria para presentar un proyecto básico, aunque luego obtuvo una prórroga hasta finales de enero. Según explica el consistorio, este proyecto básico presentado por la UTE ha sido convenido con el ayuntamiento tras la consulta con el área de aparcamientos, concesiones y vados y el servicio de jardines. La inversión estimada, sin embargo, ahora es mucho mayor, de tres millones de euros.

Analizado el proyecto básico, los técnicos municipales han realizado un informe con una serie de consideraciones para incluir en el proyecto ejecutivo. En primer lugar, plantean que se aumente el espesor de sustrato en la pradera (al menos medio metro en lugar de 36 centímetros) para garantizar así la viabilidad de la zona verde y que el sistema de riego esté a mayor profundidad. Además, reclaman que se estudie el estado de la impermeabilización bajo la calzada y la mediana y “posibles actuaciones en ella” debido a la presencia de filtraciones en las rampas.

Por último, piden a Vectalia un cronograma que determine las fases de ejecución. Este punto es importante para garantizar que en los Sanfermines de 2026, la pradera pueda acoger a público para disfrutar de los fuegos artificiales. Para ello será necesario que la hierba esté lo suficientemente fuerte.

En su resolución, el ayuntamiento advierte a la UTE que el incumplimiento del último requerimiento puede conllevar sanciones económicas e incluso la resolución del contrato.