Pamplona
El Gobierno de Navarra admite que ahora no es posible actuar contra la gestora de las viviendas de Maristas
Una semana después de la asamblea de cooperativistas, no hay fecha para la reunión entre el Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona y Grupo Arrasate
Actualizado el 28/02/2025 a las 10:03
La consejera de Vivienda del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, reiteró este jueves que Grupo Arrasate, empresa gestora de inversión que ha impulsado las viviendas de Maristas, es una “promotora encubierta” que ha dejado en manos de los cooperativistas toda la responsabilidad. Sin embargo, admitió que actualmente el Gobierno de Navarra no puede llevar a cabo “ningún acto administrativo ni requerimiento formal” para frenar unas supuestas prácticas irregulares que Arrasate niega en rotundo.
La polémica de las viviendas protegidas de Maristas estuvo este jueves presente en el pleno del Parlamento de Navarra con una pregunta formulada por UPN a la consejera sobre qué medidas concretas de apoyo al centenar de adjudicatarios se van a tomar. Ha pasado una semana desde que los cooperativistas de Maristas II S.Coop celebraron una asamblea en la que se rechazó contratar las obras de rehabilitación del antiguo colegio del Segundo Ensanche. El centenar de adjudicatarios optó por esperar unas semanas para que Grupo Arrasate, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona se reúnan y clarifiquen las consecuencias económicas y legales de las decisiones que tomen en asamblea.
De momento, parece ser que ninguna de las tres partes ha movido ficha. La consejera de Vivienda informó este jueves de su intención de reunirse “por primera vez” con los responsables de Grupo Arrasate, aunque no concretó fecha. Desde el consistorio señalan que hay “contactos constantes pero quien gestiona la vivienda protegida no es el Ayuntamiento sino el Gobierno”. En la asamblea, un directivo de la gestora anunció que iban a solicitar una reunión con la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu. Fuentes de este departamento señalan que no han recibido ninguna solicitud de reunión.
Grupo Arrasate no explicó en la asamblea por qué quieren reunirse con Derechos Sociales en lugar de con Vivienda, aunque puede tener relación con sus competencias sobre economía social. Los contratos firmados por el centenar de adjudicatarios de adhesión a la cooperativa Maristas II señalan que las “dudas, diferencias, conflictos y divergencias entre la cooperativa y sus socios, o entre los socios, serán resueltas mediante arbitraje de derecho del Consejo Cooperativo de Navarra, sometiéndose al laudo que resultare del procedimiento arbitral correspondiente”. El Consejo Cooperativo depende de Derechos Sociales, en concreto de la dirección general de Economía Social y Trabajo.
Durante los últimos meses, responsables de Vivienda han mantenido reuniones e intercambio de emails con Grupo Arrasate, pero la consejera no ha mantenido contacto. Sí que se reunió, el pasado día 18, con un grupo de cooperativistas.
Alfaro expuso que su “único objetivo es que los adjudicatarios puedan tener cuanto antes las viviendas y al precio oficial vigente cuando se otorgó la calificación provisional” el 24 de mayo de 2023. Señaló que su departamento ha hecho un “seguimiento permanente y lo seguirá haciendo”. Sin embargo, añadió que se hará con una gestión cautelosa y prudente, sin hacer ruido que únicamente obedece a fines partidistas”.
Esta prudencia contrasta con la postura mantenida hasta hace unas semanas por la propia consejera, que es abogada experta en vivienda y que alertaba de la ilegalidad que supondría cargar a los adjudicatarios con unos sobrecostes que superan el precio del módulo de vivienda protegida. “Son recursos públicos y no vamos a permitir ningún tipo de desmán”, declaraba el día 14.
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En su comparecencia de este jueves, explicó que la “capacidad legal” del Gobierno de Navarra se circunscribe a un primer acto de calificación provisional de la promoción de vivienda protegida y a un último acto, la calificación definitiva “para certificar que todo se ha construido bajo unos criterios técnicos y que se cumple la legalidad, incluidos los precios”. Eso sí, reiteró sus acusaciones de que Grupo Arrasate, que se define como una gestora de inversiones y servicios, es una “promotora encubierta”. No obstante, defendió que el Gobierno de Navarra no pudo impedir la constitución de la cooperativa, requisito de los adjudicatarios para la compraventa de vivienda, “porque es una fórmula legal que a día de hoy nuestro ordenamiento lo permite”.
