Diario de Navarra

Las 58 VPO de alquiler proyectadas para personas menores de 35 años y mayores de 60, una de las actuaciones del plan Navarra Social Housing que se ha llevado a cabo en un solar que Barañáin cedió al Gobierno de Navarra en 2018, siguen pendientes de adjudicación y generando polémica. Nasuvinsa, la sociedad pública que las ha promovido con una inversión de 9,8 millones de euros, y el equipo de gobierno de Barañáin, de UPN, se han enzarzado en acusaciones mutuas respecto al retraso en la finalización de unas obras de urbanización y las repercusiones a la hora de disponer de las viviendas, en su mayor parte para vecinos. Este viernes fue el turno de la alcaldesa de Barañáin, María Lecumberri (UPN). Negó las acusaciones que el día anterior habían salido en la comisión de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias respecto a la gestión del expediente y de unas obras de urbanización ligadas a la terminación del proyecto. Y fue más allá. Acusó a Nasuvinsa de no haber llevado a cabo trámites que reclamaba al Consistorio. Respondía así al gerente de la sociedad, Javier Burón, que en la comparecencia, reclamada por EH Bildu y Contigo Zurekin, se mostró sorprendido por la gestión, urgió a resolver cuanto antes lo pendiente y recordó las más de 30 comunicaciones con el Ayuntamiento de Barañáin para intentar coordinar el final de la obra. Llego a cifran en 35.000 euros mensuales el coste de tener el edificio construido y sin adjudicar, además del efecto en los potenciales adjudicatarios de las viviendas sociales. El cruce de acusaciones trasciende casi dos meses después de la finalización de las obras del edificio, iniciadas en 2020 en virtud del convenio de cesión con el Consistorio de 2018. En 2022 se paralizaron con el 35% ejecutado y tras el abandono de la primera adjudicataria. En 2023 se retomaron después de dos procedimientos de adjudicación y un aumento en el presupuesto, financiado con fondos europeos. En una nota de prensa la alcaldesa de Barañáin, María Lecumberri, refutó los argumentos escuchados en la comisión parlamentaria del jueves. Empleó algunos de los argumentos que su compañero en UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin utilizó en su intervención en el legislativo. El parlamentario criticó la gestión de Nasuvinsa, frente a acusaciones a UPN de Barañáin de los grupos de PSN, EH Bildu y Contigo Zurekin en la cámara. Lecumberri, en su nota, consideró “más políticas que técnicas” las acusaciones de Nasuvinsa. “Las exigencias carecen de fundamento, obvian la normativa urbanística vigente y no corresponden a responsabilidades del Consistorio; más bien, parece que tratan de ocultar el incumplimiento por Nasuvinsa del plazo de ejecución establecido para las obras y el sobrecoste en el que han incurrido”, recoge el texto emitido 24 horas después de la comisión parlamentaria. Asegura que su deber se limita a la urbanización de aceras y el entorno. Y señala que otras acometidas para abastecer el edificio, pendientes según la sociedad pública, ”debió haberlas asumido quien desarrolla el edificio según la normativa de la parcela”.

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Cruce de acusaciones de Barañáin y Nasuvinsa por las VPO restantes

Después de que el gerente asegurara que no se podían adjudicar por retrasos del Consistorio, la alcaldesa acusa de imputarles sus obligaciones

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