Diario de Navarra

En junio de este año, el Ayuntamiento hizo público el listado de viviendas de su propiedad ocupadas ilegalmente; 31 pisos, de los 625 de titularidad municipal. De ellos, la mayoría -18- se encuentran en el barrio de la Rochapea y el resto se reparten entre Buztintxuri, 5; Casco Viejo, 6; Echavacoiz 1 y Txantrea, 1. En cuanto a calles se enumeró Jarauta, San Antón, Garde, travesía Nazarío Carriquiri, Joaquín Beunza, paseo Santa Lucía, Marcelo Celayeta, San Pedro y grupo Urdánoz. En verano, el Ayuntamiento estaba inmerso en un proceso en el Contencioso Administrativo para desalojar a una pareja con una menor a su cargo. La Junta de Gobierno Local había dado luz verde al área de Hacienda para que pidiera la autorización judicial destinada a instarles al abandono de la vivienda ya que sólo un juez tiene potestad para adoptar esta medida. Y así ocurrió en agosto tras desestimar el juez las alegaciones de la mujer para seguir en el piso que, además, se encontraba dentro de la bolsa de alojamientos de emergencia habitacional. En la resolución judicial se indicaba que ella no estaba empadronada en la ciudad ni había acudido a los Servicios Sociales que son quienes confeccionan la lista de candidatos y a quienes adjudican en función de la mayor necesidad. ¿31 o 36 pisos? En octubre, los socialistas llevaron a la comisión municipal de Presidencia una propuesta para que el Ayuntamiento velara por el mantenimiento y convivencia vecinal producida en algunos de los 36 pisos (aumentaron en cinco la cifra oficial) ocupados. Según el PSN, los mayores problemas se causaban en las viviendas de Buztintxuri. Ya antes, en agosto, desde el Ayuntamiento se había dado luz verde al área de Hacienda para que llevara ante del Contencioso Administrativo la autorización judicial destinada al desalojo de los ocupantes de una vivienda en la avenida Marcelo Celayeta, en el barrio de la Rochapea. En octubre, se adopta la misma medida para otro piso en la calle Tafalla del II Ensanche, que no aparecía en el listado que ofreció el Ayuntamiento en junio. En el tramo final de año, Hacienda acude al juzgado para dos más de nuevo en el barrio de la Rochapea, ambas en el grupo de San Pedro. De momento, no hay nada sobre Buztintxuri. El desalojo es una acción impopular entre las formaciones de izquierda. Pero las llamadas a sí mismas como fuerzas progresistas que conforman el equipo de gobierno del Ayuntamiento pamplonés -EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin- ahora las justifican. Consideran que estas ocupaciones están quitando sitio a familias que cumplen con los requisitos para acceder a los pisos sociales y, sobre todo, a los de emergencia habitacional. Uno de ellos es estar empadronado en la ciudad y otro haber acudido a Servicios Sociales, cuyos trabajadores se encargan de elaborar el listado de candidatos y establecer la prioridad de entrada. Actualmente, y según datos municipales, Pamplona dispone de 188 viviendas de este tipo, que acogen a 657 personas. En una nota de prensa, el Ayuntamiento indicaba que de los usuarios de esta prestación social, 84 contratos no tienen deudas, 37 inferior a 500 euros, 11 entre 500 y 1.000; 18 entre 1.000 y 3.000 euros; 33 entre 3.000 y 10.0000; 4 entre 10.000 y 15.000 euros y un contrato acumula 15.831,90 euros de deuda. “Sólo un pequeño porcentaje, aproximadamente un 2%, presenta deudas superiores a 10.000 euros, casos que ya están siendo atendidos”, se indicaba en el comunicado municipal. Según consta en las peticiones para el desalojo que se cursan desde Hacienda no aparece que el motivo sea el impago, sino siempre que no cumplen con los mencionados requisitos para entrar a los pisos de titularidad pública.

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Pamplona lleva este año ante el juez 4 desalojos de sus pisos municipales

El Ayuntamiento tuvo en junio la autorización para tomar esta medida en una de sus viviendas porque no era un caso de emergencia habitacional

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