La lejía acaba con todo rastro del crimen, pero no con los recuerdos. Es la reflexión de uno de inquilinos de la bajera del número 6 de la calle Carmen Baroja Nessi de la Rochapea donde la madrugada del martes al miércoles uno de los que vivía en el local mató a puñaladas a la hija del propietario. Ella también residía en este lugar acondicionado con seis habitaciones, una cocina y dos baños y por el que se pagaba un alquiler mensual de entre 300 y 550 euros. Hasta el fin de semana no se les permitió regresar debido al trabajo de campo de la policía para recabar pruebas de la muerte de Keyle Villar Pons, de 20 años. “Es pasar por delante de su puerta y revivir otra vez su asesinato. Da igual que haya limpiado suelos, cocina, todo...”.

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Esta persona es una de las cuatro que vive de nuevo en la bajera en la que residían nueve adultos y un menor. “La mayoría estamos de vuelta. Sólo está la duda de si lo hará uno que trabaja por temporadas en Pamplona y venía cada dos semanas”. Quienes se han ido definitivamente son la pareja con una menor a su cargo para que el pequeño de 4 años no tuviera que revivir la tragedia. Y desde el área municipal de Servicios Sociales les han pagado la estancia durante una semana en un hotel.

“El dueño nos ha dicho que lo va a regularizar como vivienda, que ya se ha puesto en contacto con un arquitecto para presentar el proyecto al Ayuntamiento”, indican desde la bajera. En última instancia, es el departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra el que concede la licencia de habitabilidad; pero lo hace en función del informe favorable del Ayuntamiento. También desde la bajera se indicó que el consistorio pamplonés había iniciado la tramitación para obtener la orden judicial necesaria para cualquier desalojo de un lugar que funciones como vivienda. Una noticia que desde el equipo de gobierno se dijo desconocer.