La elaboración de un nuevo PSIS, cuya tramitación se prolonga durante meses e incluye fases de exposición, informes y presentación y estudio de alegaciones no conllevará retrasos en el proyecto de centro de coordinación de seguridad y emergencias de Navarra en Aranguren. Así lo manifestó este miércoles la consejera de Interior y portavoz del Ejecutivo, Amparo López Antelo, tras trascender que la dirección general de Interior va a promover una nueva propuesta del PSIS para la Implantación del Centro de Coordinación de Seguridad y Emergencias, promovido por la Dirección General de Interior.

El documento mantiene la idea de unificar en unos terrenos de Aranguren servicios como la comisaría de Policía Foral, Protección Civil, el parque central de Bomberos o la escuela de seguridad. Los servicios que en 2019, en el mandato de Uxue Barkos, se decidió que fueran en Aranguren, donde ya en 2012 otro gobierno, entonces con UPN, planeó la llamada Ciudad de la Seguridad. Separa del expediente, en cambio, los planes para construir en Beloso Alto, en los terrenos de la sede actual de la comisaría viviendas que además financiarían parte del traslado.

"CAMBIO PARA PACIFICAR"

Amparo López, que compareció en calidad de portavoz del Gobierno de Navarra para explicar acuerdos adoptados en la reunión del consejo, respondió a este periódico sobre la repercusión del nuevo expediente urbanístico. Inquirida sobre los motivos que habían llevado a separar los dos proyectos (centro de coordinación en Aranguren y viviendas en Beloso), insistió en que no suponía ningún retraso. Llegó a reconocer incluso que esta legislatura sólo se harían proyectos para este expediente que en su día se barajó para iniciar entre 2022 y 2023 y al que después ya no se ha puesto fecha de inicio de obra pero se han destacado avances en los trámites desde el Ejecutivo.

En su intervención, entre líneas, dejó entrever que la tramitación del PSIS “no ha sido pacífica”. Pamplona recurrió que se vincularan los dos proyectos en un PSIS. Aseguró que se dividían los caminos para pacificar y que se estaba procediendo a ordenar el territorio.

Los retrasos que niega el Gobierno en el proyecto para la comisaría y otros servicios de seguridad y emergencia contrastan con otras situaciones y la falta de información sobre el proyecto. Decidido en 2017 que se ubicarían en terrenos de Aranguren (120.000 metros cuadrados en Sanquín), en 2019 se firmó un protocolo entre Interior y el ayuntamiento local que fijaba las condiciones para la compra de los terrenos al precio de 30 euros el metro cuadrado. Ese convenio ha caducado, según confirman desde el Consistorio, que ha reclamado para su comunal cifras similares a las del metro cuadrado de VPO para un paraje con diferentes propietarios particulares y públicos y ahora de uso agrícola.

Preguntada sobre la necesidad de modificar la financiación, vinculada antes al proyecto residencial, la consejera López señaló que el Gobierno había cambiado la organización de las consejerías y había afectado a los proyectos. No aclaró sí contaban con financiación para la compra primero y la construcción después. Insistió de nuevo en las alegaciones y objeciones que había recibido el PSIS y en que se preparaba otro más adecuado para los intereses de todas las partes.