El uso de los datos de los usuarios de las tarjetas magnéticas o de la aplicación móvil para la apertura de los contenedores de resto y materia orgánica; el pago por generación de residuos o los incentivos a la separación en origen; o las labores de vigilancia, inspección o sanción ante incumplimientos en la obligación de separar los residuos. Cuestiones relativas a la gestión de los residuos vuelven a la mesa de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. La entidad, que aborda una modificación de la ordenanza reguladora de la gestión de residuos para, entre otros asuntos, tener seguridad jurídica, ha iniciado los trabajos previos en forma de consulta pública previa.

El trámite recibió este lunes el visto bueno del equipo de gobierno que forman Independientes, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Zurekin. También del PSN, que en los últimos meses y hasta la moción de censura en Pamplona se había desmarcado de las políticas acordadas por el cuatripartito que propició la reelección de David Campión como presidente. Se opusieron los representantes de UPN y del PP. Las dos formaciones siguen cuestionando el uso de datos en las tarjetas que fue anulado, tal y como se hacía, por la Agencia de Protección de Datos.

La modificación de la ordenanza para recoger las demandas de la agencia ya fue anunciada en verano, cuando se hizo púbica la resolución del órgano nacional. Entonces se cuestionó que se conociera el domicilio al que estaba asociada la tarjeta que abría los contenedores de resto y materia orgánica en barrios de Pamplona y municipios de la zona urbana de la comarca. Exigía que tuvieran una finalidad esos datos.

En esa línea, y partiendo de las normativas forales, nacionales y europeas que exigen la separación de residuos y aumentar la materia a tratar o reutilizar, se abordó el cambio de la ordenanza. Se optó por abordar de manera diferente las zonas industriales (puerta a puerta en polígonos), las rurales (materia orgánica y restos de poda kilómetro 0) y las urbanas (cierre de contenedores y apertura magnética) y también los residuos de la limpieza viaria. “Se trata de dar seguridad jurídica a lo que se está haciendo y de distinguir el tratamiento y la recogida según las zonas”, explicaba ayer el presidente de la Mancomunidad, David Campión. Recordó la apuesta por las tarjetas y el aumento en la separación que había supuesto. Indicó que el paso dado suponía una apertura de un periodo para recoger ideas y sugerencias de personas usuarias, colectivos, entidades o partidos políticos, no la puesta en marcha de un nuevo sistema.

Visión contraria tuvo una de las portavoces de UPN, María Caballero. Recordó las dudas que les genera el sistema y advirtió que, de acuerdo con los datos que les han aportado, el porcentaje de separación no ha disminuido ahora que no se conocen los datos de los usuarios de tarjetas.