Más de 50 feministas y activistas en favor de los derechos de las personas LGTBI+ han firmado un manifiesto con el objetivo de "resignificar, complementar, quitar o trasladar" el monumento a la familia ubicado en la avenida Pío XII de Pamplona.

Entre los firmantes se encuentran la abogada Cristina Almeida y activistas por los derechos del colectivo LGTBI+ como el ex defensor del pueblo de Euskadi Iñigo Lamarca, Iris Domínguez, presidenta de la asociación Katalingorri o el artista Abel Azcona.

También lo suscriben el director del Planetario de Pamplona, Javier Armentia, el exconsejero de Justicia del Gobierno de Navarra Eduardo Santos, mujeres vinculadas a IPES y al movimiento feminista o escritores, periodistas y cargos públicos de Bildu y de Contigo-Zurekin.

Según las personas firmantes de la iniciativa, el monumento a la familia "se instaló para intervenir en el debate sobre la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo que se acababa de aprobar en Navarra, tal y como los promotores de esta escultura subrayaron en el Congreso de la Familia, celebrado en 2002”.

El manifiesto señala en ese sentido que “ese monumento fue una forma de tomar partido contra los derechos de la comunidad LGTBI+, ubica a la mujer en una posición secundaria y transmite una imagen de la familia tradicional como si esta fuera la única válida”.

Ese monumento, continúa el manifiesto, "es la huella de una época pasada en la que un gobierno municipal creyó conveniente instalar una escultura que va contra buena parte de la ciudad. Fue un monumento-activista, por eso no caben interpretaciones de la escultura, porque los propios impulsores ya esclarecieron las razones principales del monumento".

"El debate no se basa, obviamente, en la libertad de expresión que alguien tiene a la hora de expresar esas ideas, sino en el rol que una institución pública debe jugar en la igualdad. No se trata de impugnar todas las canciones, películas o vídeos anteriores a la ola feminista e igualitaria, sino de revisar los valores que se transmiten en el espacio urbano, cuya responsabilidad corresponde a las instituciones públicas”, resaltan.

A juicio de los firmantes del manifiesto, este monumento podría contravenir la Ley Foral de Igualdad, la Ley Foral para la igualdad social de las personas LGTBI+ y la propia Ordenanza de Igualdad del Ayuntamiento de Pamplona, que determina que “se evitará y prevendrá los prejuicios, prácticas y utilización de expresiones verbales, imágenes fundadas sobre la idea de la superioridad o de la inferioridad de uno u otro sexo, o sobre los roles femeninos o masculinos estereotipados”.

El monumento a la familia, concluyen, "es la homofobia y la desigualdad llevada a una escultura".