“Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente. La condición de vecino se adquiere en el mismo momento de su inscripción en el Padrón”, dice la ley reguladora de las Bases del Régimen Local. En Pamplona hay unos 250 vecinos y vecinas que carecen de hogar. ¿Dónde están empadronadas? En las unidades de barrio de los servicios sociales del ayuntamiento. Así lo establece la normativa para las personas sin techo que de forma habitual viven en un mismo municipio. Pero no todas las personas que viven en edificios abandonados, invernaderos o soportales han podido empadronarse. Los servicios sociales deben comprobar primero que llevan un tiempo en Pamplona y que tienen intención de permanecer. Además, deben frecuentar los servicios sociales, es decir, mostrar interés por integrarse y tener arraigo.

La “habitualidad” es la palabra clave y que se ha convertido en el tira y afloja entre las administraciones y las entidades sociales dedicadas al creciente fenómeno del sinhogarismo. “Estar empadronado es la llave que da acceso a numerosos derechos, como la asistencia sanitaria o las ayudas sociales”, explica Myriam Gómez, de París 365, en cuyo comedor social se alimentan decenas de sin techo. El derecho más codiciado es el ingreso mínimo vital (IMV) o la renta básica garantizada (RBG). Para beneficiarse de la renta básica se exige un año de residencia en España, pero se hace una excepción con el colectivo de alta exclusión. Los servicios sociales municipales manejan una herramienta estandarizada de diagnóstico. Diseñada por Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, mediante un cuestionario se determina si una persona está en situación de alta exclusión. No pasa lo mismo con el criterio de habitualidad de exige el padrón. No existe ninguna herramienta o protocolo.

Por este motivo, los responsables municipales están impulsando un grupo de trabajo con más ayuntamientos y con la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC). La idea es establecer unos criterios y protocolos homogéneos, no sólo para el empadronamiento. También para establecer itinerarios y programas de intervención. Según distintas entidades sociales, hay pequeños y medianos ayuntamientos que se niegan a empadronar a las personas sin hogar porque los consideran transeúntes. Esto genera desigualdades entre municipios y efectos llamada.

En el caso del Ayuntamiento de Pamplona, se ha formado una comisión interna del padrón y de asuntos sociales. Con el intercambio de información, el consistorio pretende agilizar el empadronamiento de las personas en alta exclusión una vez que las unidades de barrio comprueban la “habitualidad y arraigo” de estas personas que viven en la calle. Una vez que se tiene el visto bueno se les empadrona en la unidad de barrio más cercana al lugar donde pernoctan. Sobre todo tiene la finalidad de notificación.

“Existe un alto nivel de itinerancia”, explica Olivia Elizari, directora de los servicios sociales. Se ve especialmente en los jóvenes de origen magrebí, ese perfil emergente que cada vez hace más uso de los recursos municipales, como el albergue. Los servicios sociales municipales tienen programa de itinerantes y programa de empadronados con itinerarios para personas vulnerables o de alta exclusión. En este último programa están las más de 200 personas empadronadas en las unidades de barrio.

Por el contrario, entidades sociales como Apoyo Mutuo y París 365 denuncian que Pamplona y otros ayuntamientos hacen una interpretación restrictiva de la Ley de Bases del Régimen Local que dificulta el empadronamiento. Según explican, se tarda una media de 4 o 5 meses en lograr la inscripción en el padrón. “Yo tengo el caso de un chaval que llegó a Pamplona el 10 de febrero y logró empadronarse el 4 de octubre después de mucho esfuerzo”, señala un voluntario de Apoyo Mutuo. Estas asociaciones ponen como modelo a Barcelona y su política de “empadronamiento activo”. Allí la media para obtener el trámite está en seis semanas, según estas entidades.

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