El Colegio de Abogados de Pamplona demanda unas mejores condiciones para los profesionales que prestan el turno de oficio (asistencia a las personas con derecho a justicia gratuita), ya que las retribuciones actuales y el “trato inadecuado” que reciben está provocando “el progresivo abandono” de los abogados inscritos. Si el año pasado eran 258 los profesionales que participaban en este servicio, este año son 217. Entre todos, en lo que va de año han prestado 2.537 asistencias y participado en 4.487 expedientes en Pamplona.

Hoy es el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio. Un motivo para que el Colegio de Abogados de Pamplona celebre un acto en su sede y rinda homenaje a María Eugenia Lerena Cuenca y Félix Ruiz Marfany, “por su meritoria labor en el desarrollo de la defensa a lo largo de su trayectoria, así como por su compañerismo, cualidades ambas por las que siempre han destacado”. Pero además del reconocimiento, la jornada de hoy también ha llevado a los abogados a reivindicar una serie de mejoras en un año “complicado”.

El manifiesto del Colegio de Abogados de Pamplona expone que el incremento de la demanda de este servicio (6.113 asistencias a investigados y 1.527 asistencias a las 702 víctimas de violencia de género) y la “cronificación” de los problemas que acechan al turno de oficio lo han colocado “en una grave situación”. “La protección a los colectivos más vulnerables no puede materializarse sin quienes deben plantear su defensa ante los tribunales tienen que desarrollar su labor en una situación de precariedad”, denuncian los abogados.

UNAS CONDICIONES "JUSTAS"

Para solventar esta situación, reclaman a los gobiernos que doten a los profesionales de “unas condiciones materiales adecuadas”. Asimismo, exigen unas condiciones “justas”. “Es necesaria una actualización de los módulos y bases de compensación económica, que hace tiempo que dejó de ser suficiente, para que el servicio de justicia gratuita se preste en unas condiciones adecuadas para los profesionales”.

El colegio argumenta que el mandato legal que impone a los colegios de la abogacía la designación de un profesional de oficio “no puede utilizarse por los gobiernos para desprenderse de la responsabilidad que supone dotarles de medios materiales imprescindibles para su prestación y reconocerles su imprescindible labor”. Los abogados concluyen que “propiciar el deterioro de las condiciones supone una dejación de responsabilidades que la abogacía no puede aceptar”.