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Erripagaña

Licencia municipal para las 93 viviendas sociales de la Ripa

El proyecto foral entre el barrio de Erripagaña y el sur de Beloso ha topado con una fuerte oposición de los vecinos que alegan motivos ambientales

Ampliar A: EDUARDO BUXENS
F: 17 MAYO 2019
L: RIPAGAINA
T:  RIPA SUR BELOSO - LOS VECINOS DE RIPAGAINA SE MANIFIESTAN PARA DEFENDER LA LADERA SUR EN LA QUE NO QUIEREN QUE SE CONSTRUYAN  VIVIENDAS
Vecinos de Erripagaña en la Ripa Sur, en una foto de archivo de mayo de 2019 durante una protesta contra el proyecto Eduardo Buxens
Publicado el 04/08/2022 a las 06:00
El equipo de gobierno municipal de NA+ en Pamplona no ocultó su postura en contra del proyecto de 93 viviendas de alquiler social que el Ejecutivo foral proyecta en la Ripa sur de Beloso, en el barrio de Erripagaña. Pero, como en la legislatura pasada le ocurrió a EH Bildu que en la alcaldía se tuvo que “tragar” Salesianos, ahora toca dar la licencia de obra. Por algo tan simple porque la petición para el inicio de las obras cumple con todos los requisitos legales y, ante eso, negarse a dar el permiso sería prevaricación.
Algo que quizá no entienda la plataforma vecinal contraria a la iniciativa porque, afirman, destruirá una Ripa de gran valor ambiental y, además, masificará aún más un barrio -Erripagaña- sin apenas zonas verdes. Y así lo expusieron en el recurso que presentaron ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) en contra del acuerdo definitivo para modificar el Plan de Incidencia Supramunicipal (PSIS) que rige para la zona y que se había aprobado definitivamente en noviembre de 2020.
Precisamente ese cambio del PSIS vino para abortar las protestas vecinales, por lo que el consejero de Vivienda, José María Aierdi anunció que el proyecto inicial de 193 viviendas repartidas en cuatro bloques se reducía a la mitad, 93 en dos inmuebles, lo que permitía que de los 26.592 metros cuadrados de zona verde se pasara a 33.956. Además, y esto ya no para los vecinos, sino para bajar el volumen de las críticas de NA+ indicó que los costes de urbanización y de contención del terreno supondrían con el nuevo planteamiento un ahorro de 900.000 euros, siendo la suma final de 940.000.
Acuerdo NA+ y PSN
Pero no fue esto lo que convenció al grupo de la alcaldía de Pamplona para no presentar alegaciones al plan, sino el acuerdo presupuestario que alcanzó ese mismo 2020 con el PSN. Y los socialistas, entre la batería de condiciones estaba la de no poner piedras en el camino de la tramitación de las viviendas; es decir, no presentar recursos ante el TSJN, que cuando en abril de 2021 avaló la propuesta lo hizo por entender que debía prevalecer el interés social y que, además, no suponía un gran impacto ambiental a la Ripa ya que se conservaban amplias zonas verdes y los bloques se colocaban junto a la acera, dejando libre el espacio central de césped.
Cuando Aierdi anunció la resolución del tribunal, el consejero atacó la oposición de NA+ alegando que la iniciativa urbanística databa de 1991 y que hasta que en 2015 se reactivó el plan no se modificó nada aunque hubo gobiernos forales y municipales de UPN, dentro de la ahora coalición de NA+.
Pero desde el Ayuntamiento, su concejal de Urbanismo Juan José Echeverría (NA+) puso en cuarentena el interés por la vivienda social del Ejecutivo navarro. En una comisión celebrada en noviembre del año pasado, desveló que Pamplona había ofrecido al Gobierno suelo municipal para la ejecución de 310 viviendas, la mitad de VPO y la otra parte de alquiler.
De hecho, dijo Echeverría, había preparado un convenio. “Y ahora Nasuvinsa (la sociedad pública que, bajo la tutela del departamento de Vivienda, gestiona el suelo y pisos públicos forales) se descuelga y nos dice que no firma nada si no damos la licencia para la Ripa ”, desveló Echeverría.
En mayo de 2021, el consejero dijo que se iniciarían las obras en cuanto se pudiera y, ahora que se pueda, quizá decida esperar debido a la subida de precios en la construcción. De hecho, Nasuvinsa detuvo este año las obras de 39 viviendas en régimen de alquilar social en Mutilva que, en mayo, volvió a sacar a concurso. En cambio, siguen estancadas las 58 VPO que Nasuvinsa proyecta en Barañáin.
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