Diario de Navarra

Diez y nueve millones de euros. Esa es la cantidad que finalmente exige la promotora del parque comercial proyectado en el polígono de Salesianos, entre Olaz y Sarriguren, en el Valle de Egüés, y anulado por sentencia judicial en 2024. Así se recoge en la reclamación de responsabilidad patrimonial presentada finalmente por Atalaya Superficies Comerciales la semana pasada ante la dirección general de Ordenación del Territorio por lo que definen como “bloqueo del proyecto”. Se abre ahora un periodo de seis meses para la respuesta del Ejecutivo. De lo contrario, se podría recurrir a la vía judicial. La reclamación patrimonial ya había sido comunicada formalmente en noviembre por Atalaya al departamento de Cohesión Territorial. Entonces, al activar la reclamación, se estimaron provisionalmente los daños exigibles en diez millones de euros. Ahora el escrito incorpora una cuantificación definitiva que la eleva a los 19 millones. Según exponen desde la firma, especializada en la promoción de grandes y medianos centros comerciales, el cálculo se hizo “con apoyo técnico externo e independiente y conforme a criterios de valoración generalmente aceptados”. En su día se anunció una inversión de veinte millones. Aclara la firma que desde la presentación de la reclamación, el Gobierno de Navarra dispone de seis meses para responder a su petición. En caso de desestimación o falta de respuesta del Ejecutivo, precisan que la compañía acudiría a la vía judicial. Esa respuesta desde el Ejecutivo se esperaba ya al activar la reclamación hace más de medio año, así como nuevos pasos para retomar un proyecto que se impulsó a través de un Plan sectorial que aprobó definitivamente el Gobierno en 2022. Quedó sin efecto, con las obras de construcción de las primeras cinco naves en marcha, tras estimarse una reclamación de la asociación de Comerciantes de Navarra y de la federación de comercios y servicios Denok Bat. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra consideró que incumplía la ley de grandes superficies de Navarra por no estar ubicado en una zona urbana (se trata de un polígono, casi pegado a los cascos urbanos de Sarriguren y Olaz y en frente de Gorraiz). El departamento de Desarrollo Económico y Empresarial impulsó una nueva norma de Comercio que, entre otras actuaciones, evitaría situaciones así. Sigue sin estar en vigor. PERJUICIO DEL GOBIERNO Fuentes de la compañía, con negocios en Salamanca o Madrid, atribuyen el perjuicio creado a la falta de una solución administrativa por parte del Gobierno foral tras la anulación del PSIS. Sostiene que ninguno de los departamentos ha articulado, hasta ahora, “una medida correctora eficaz para resolver un problema derivado de su propia tramitación urbanística”. Matizan que existen vías legales para hacerlo y no se han seguido. “La empresa considera que la falta de reacción está prolongando innecesariamente el bloqueo del proyecto y agravando el perjuicio económico”, remarcan. Recuerdan que la oferta comercial prevista en el Valle de Egüés incluía nuevos supermercados, establecimientos de hogar, decoración, moda y otros servicios que no se pueden poner en marcha de acuerdo a la normativa actual. “Los vecinos son los principales perjudicados, porque seguirán teniendo que desplazarse fuera del municipio para acceder a una oferta comercial más amplia. El parque comercial tendría un efecto tractor sobre el comercio local y de proximidad, al generar más actividad en el entorno, además de permitir la creación de más de 200 empleos directos e indirectos, en buena parte vinculados al Valle”, se defienden. En octubre, mientras anunciaban que seguían buscando una solución junto al Gobierno, Atalaya anunció acuerdos para instalar un restaurante de comida asiática en un local de 1.200 metros. Se espera que el mismo, de la cadena Hanazono, abra este mes. También se pidió licencia para una bolera de Sould Park Bowling. Ambos negocios, junto a una tienda con productos para mascotas, encajan en la autorización. CLAVES1 Un proyecto ligado al polígono Salesianos y anulado en 2024. Atalaya Superficies Comerciales, la firma especializada en la promoción de medianos y grandes parques comerciales, promovió una instalación con en el polígono entre Sarriguren y Olaz a través de un PSIS. El expediente se aprobó en 2022 por parte de Ordenación del Territorio. Quedó anulado tras un fallo del TSJN ante un recurso de asociaciones de comerciantes.2 Reclamación de responsabilidad patrimonial. Es el procedimiento que ha activado la firma ante el Gobierno de Navarra, al que le exige 19 millones de euros por el bloqueo del proyecto. Estudian exigir también responsabilidades al Valle de Egüés La acción de Atalaya para recuperar el proyecto que esperaban haber abierto en 2024 y que ese mismo año quedó anulado tras una demanda de comerciantes navarros podría centrarse también en el Ayuntamiento del Valle de Egüés, municipio en el que se asentaría el parque comercial con edificios destinados a albergar diferentes firmas comerciales y de restauración. Atalaya confirma que estudian ahora las posibles responsabilidades jurídicas y patrimoniales del Consistorio. El municipio, que en un primer momento había quedado al margen al haber puesto en marcha un plan de activación comercial, rechazó el mes pasado en pleno un trámite que promovió Atalaya y podía haber desbloqueado por la vía urbanística el proyecto. El acuerdo no prosperó al no sumar la mayoría absoluta que exigía. Sólo fue apoyado por UPN, en la alcaldía como lista más votada, y el PP. Se abstuvieron formaciones como el PSN y Vive Egüés y votaron en contra EH Bildu o Geroa Bai. Desde Atalaya sostienen que el Ayuntamiento del Valle de Egüés contaba con garantías jurídicas e informes suficientes para realizar el trámite. Citan incluso una aclaración expresa sobre las competencias municipales en un informe elaborado por el Gobierno de Navarra. La alcaldesa, Xuriñe Peñas (UPN), expuso en el pleno que se había emitido tras una reunión entre el Ejecutivo, el Consistorio y la empresa. Aclaró que se podía aprobar para someter a información pública y escuchar alegaciones. Fuentes de la compañía ahondaban ayer en la idea de la reclamación. “No descartamos interponer una reclamación patrimonial contra el Ayuntamiento si se concluye que existen responsabilidades derivadas tanto del rechazo reciente como del papel en el procedimiento que acabó con la anulación del PSIS”.

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