Todo ocurrió antes de la pandemia. El Ayuntamiento de Pamplona encargó una encuesta sociolingüística sobre las escuelas infantiles municipales y los grupos de la oposición reclamaron la ficha técnica y las preguntas del cuestionario. 

El equipo de gobierno no las entregó y la portavoz del PSN, Maite Esporrín, llevó el caso al Tribunal Administrativo de Navarra. El TAN dictaminó que el consistorio había vulnerado el derecho a la información de la oposición. Esta sentencia provocó la reprobación tanto del alcalde, Enrique Maya, como el concejal de Educación, Fernando Sesma.

La encuesta se conoció en abril de 2020, cuando el coronavirus había puesto vuelta al aire toda la actividad municipal. El Ayuntamiento recurrió al contencioso y casi dos años después ha llegado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN). De los cinco motivos de la apelación, el tribunal acepta uno de ellos, suficiente para estimar la demanda del Ayuntamiento y revocar la sentencia del TAN.

El Tribunal Superior acepta que cuando EH Bildu, PSN y Geroa Bai solicitaron las preguntas del cuestionario, éstas se encontraban en poder de la empresa demoscópica pero no en el Ayuntamiento. Se plantean los magistrados si el consistorio debió hacer uso de las potestades de supervisión de la ejecución de los contratos y reclamar al contratista las preguntas. 

Sin embargo, la sentencia aclara que esa potestad sólo puede ejercerse cuando el contratista incurra “en actos u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha del contrato”. “No consta que la empresa contratista no estuviese cumpliendo el contrato conforme a lo estipulado por las partes y en tiempo y forma, por lo que tampoco hay causa para ejercer las potestades de control”, señala la sentencia, que recuerda que el Ayuntamiento dio acceso al expediente a los concejales y que proporcionó la encuesta sociolingüística una vez confeccionada y entregada.

La sentencia fue notificada el pasado lunes y el grupo municipal de Navarra Suma presentó una moción de urgencia en la Comisión de Asuntos Ciudadanos celebrada ayer. La oposición rechazó incluirla en el orden del día. Esporrín anunció que todavía no han decidido si presentarán recurso de casación.