El Ayuntamiento de Pamplona acusó este lunes al Gobierno de Navarra de vulnerar la autonomía municipal en la Fundación Municipal Teatro Gayarre y el ejecutivo, por su parte, mostró su sorpresa y contestó que se limitaba a cumplir la Ley de Fundaciones.

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El choque se debe a la discrepancia respecto a la figura del “protectorado” que establece ese texto, la Ley Foral 13/ 2021, aprobada en junio. Dicha ley obliga a las fundaciones a asignar una institución que ejerza la figura el papel de “protectorado”, para garantizar la esencia del derecho fundacional, el correcto ejercicio del derecho de fundación, así como el efectivo cumplimiento de la voluntad de las personas fundadoras y de los fines fundacionales, entre otros fines. En esencia, el patronato de una fundación debe comunicar los acuerdos y decisiones que adopte a ese protectorado, que si observara alguna desviación sobre los fines fundacionales o la actividad, así como alguna irregularidad económica, podría intervenir temporalmente previa solicitud a la autoridad judicial.

La ley establece que si una fundación no asigna un protectorado se le asignará de oficio. Y ahí está la cuestión. Al no haberlo hecho la Fundación Teatro Gayarre, el Gobierno de Navarra asignó ese papel al Departamento de Cultura y Deporte. Tras recibir esa información del gobierno, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona aprobó ayer una declaración en la que mostraba su disconformidad. “No creemos que se haya hecho con intencionalidad política, es una discrepancia respecto al criterio jurídico”, explicaba ayer la concejala delegada de Cultura e Igualdad, María García-Barberena. “Entendemos que la fiscalización de la fundación la ejerce ya de facto el Ayuntamiento de Pamplona”, apunta. “De hecho, los patronos son los propios grupos políticos municipales”, añade.

El Ayuntamiento emitió este lunes una nota en la que aseguraba que iba a defender la autonomía de la fundación y anunciaba que iba a adoptar las medidas legales para defenderla. La nota señalaba que la asignación a Cultura era “una incursión y una vulneración de la autonomía municipal del ayuntamiento”. Desde el Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno explicaban ayer que simplemente cumplen la ley foral de fundaciones 13/2021 que se aprobó por unanimidad en junio y que no tuvo después ni enmiendas ni alegaciones. Además, señala que se han asignado de oficio los protectorados de más de 60 fundaciones, y en este caso se vinculó a Cultura por situarse en su mismo ámbito.