Paternáin, condenado a pagar al ex presidente tras una denuncia archivada

El concejo de Paternáin ha tenido que abonar los gastos por la asistencia letrada a los ex ediles Alfredo Caballero Sucunza y Eduardo Domingo De Miguel tras una denuncia penal que presentaron los entonces responsables de la entidad local en 2017. Cuestionaban la gestión que habían llevado a cabo cuando Caballero eran presidente y Domingo tesorero de la junta concejil. La denuncia quedó archivada directamente en el juzgado a los meses y los dos reclamaron las minutas que habían pagado a sus abogados por la asistencia: 4.965 y 2.085 euros respectivamente. El TAN les dio la razón y un informe del colegio de Abogados al que recurrió el concejo para analizar la indemnización que reclamaba Caballero y días atrás recibieron las cantidades. El concejo, además, ha destinado desde 2015 un total de 5.490 euros a pagos de honorarios por la denuncia infructuosa.

Alfredo Caballero, actual concejal de Navarra Suma en el Ayuntamiento de la cendea de Cizur y desde 2013 en la corporación municipal, primero como miembro de UPN, explicaba este martes que estas nuevas resoluciones ratifican ”nuevamente” la inexistencia de “delito ni falta” durante la gestión que llevaron a cabo al frente de la junta. Lamentaba, además, el daño moral y de prestigio que había supuesto y, como vecino, el gasto de dinero público de un concejo que arrastra problemas financieros desde la concertación de un crédito para financiar un frontón.

La investigación a Caballero y a Domingo se remonta a los años en que eran apoderados de las cuentas del concejo de Paternáin. Fue de 2011 a 2015. La siguiente corporación, renovada, exigió investigar la situación del concejo y se dirigió a la Federación de Municipios y Concejos, al Ayuntamiento de Cizur, a Cámara de Comptos y, finalmente, a la vía penal. Primero planteó la presentación de una querella que acabó en denuncia penal redactada por el despacho de Cuatrecasas en San Sebastián. Después, otros tres equipos asesoraron en otros pasos de la causa.

Alfredo Caballero y Eduardo Domingo recurrieron al Tribunal Administrativo de Navarra cuando en 2017 la denuncia quedó sobreseída tras declarar en el juzgado el propio Caballero y el secretario del Ayuntamiento de Cizur. Inicialmente habían solicitado al concejo la indemnización por los daños económicos sufridos como consecuencia de su acción. Al no recibir respuesta expresa plantearon al TAN.

El órgano administrativo dependiente del Gobierno foral dio la razón parcialmente al recurso de alzada para el abono de las indemnizaciones. Pero planteó la necesidad de que los gastos planteados entraran dentro de las tarifas orientativas del colegio de Abogados y del de Procuradores. Ante esta resolución, el concejo llegó a pedir un informe del Colegio de Abogados referente a la indemnización de Caballero. Y llegó el mes pasado con resultado favorable al demandante.

Alfredo Caballero subrayaba este martes el largo proceso que han sufrido personal y profesionalmente. Pero también el coste para las arcas “maltrechas” del concejo. “Supone un varapalo importante para la economía concejil ya que los más de 12.600 euros gastados entre indemnizaciones y el procedimiento representan en torno a un 25% del presupuesto anual del concejo”. Recordó la relación del primer presidente en presentar la denuncia, Iván Irisarri, con la candidatura Cendea Aurrera, que completa el Ayuntamiento con Navarra Suma. Su sucesora, Nekane López, siguió pleiteando. Y puso el acento en que ningún organismo había apreciado delito en su gestión. El informe de Comptos advirtió del déficit crónico tras un crédito de 2004. Y la necesidad de actuar con más rigor en la justificación de pagos y cobros.