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Mancomunidad

La MCP estima un recurso de NA+ y anula un contrato de más de 7 millones

La sociedad pública instrumental de la MCP de "fraccionar ilegalmente el contrato del nuevo sistema con tarjetas magnéticas para los contenedores de la comarca"

Un ciudadano acerca la tarjeta al lector del contenedor.

Un ciudadano acerca la tarjeta al lector del contenedor.

Ander Luquin
Actualizada 16/12/2019 a las 13:52
  • Europa Press. Pamplona
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La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) ha estimado un recurso presentado por Navarra Suma contra la decisión adoptada el pasado mes de septiembre por el Consejo de la sociedad pública instrumental de la MCP (SCPSA) de "fraccionar ilegalmente el contrato del nuevo sistema con tarjetas magnéticas para los contenedores de la comarca, que superaría los 7,4 millones de euros".

Según la resolución del recurso presentado el pasado 6 de septiembre, con Aritz Ayesa, de EH Bildu, como presidente, este contrato se licitó "sin existir estudio de viabilidad alguno, sin modificar la normativa de la propia entidad y excediendo los límites de administración ordinaria", ya que, en el momento en el que se tomó la decisión el órgano "estaba fuera de su periodo de mandato legal".

Así lo ha señalado este lunes en rueda de prensa el concejal de Navarra Suma y miembro del Consejo de SCPSA Fermín Alonso, quien ha considerado que esta resolución "confirma uno de los mayores escándalos de la legislatura de Gobierno de Bildu" y es "el mejor ejemplo de una forma de gestionar que afortunadamente, al menos en lo que respecta al Ayuntamiento de Pamplona, ha quedado atrás".

"Las ilegalidades de este contrato son de una gravedad extrema y su importancia se ve multiplicada por el gran volumen del contrato ahora anulado, casi 8 millones de euros", ha señalado Alonso, que ha comparecido junto a la también concejala de NA+ y miembro de la MCP, María Echávarri.

En su opinión, lo ocurrido es "un escándalo y una auténtica vergüenza que no puede quedar sin consecuencias", por lo que ha exigido "la dimensión inmediata de Aritz Ayesa (EH Bildu) de todos sus cargos públicos por empeñarse en sacar este asunto adelante por encima de la ley y en el tiempo de descuento que él mismo se regaló al no convocar la asamblea que habría de nombrar al nuevo presidente".

Para Fermín Alonso, "fue una auténtica cacidada que contó con la colaboración necesaria de todos los miembros del cortejo de Bildu y Geroa Bai del que Ayesa se rodeó en el Consejo de SCPSA, que también deberían asumir su responsabilidad y abandonar los puestos en la MCP por respaldar con su voto un expediente con semejante ristra de ilegalidades pese a nuestras advertencias".

En este sentido, el concejal de Navarra Suma ha incidido en que se trata de "7,4 millones de euros fraccionados sin motivación alguna para eludir los requisitos de publicidad y de procedimiento que establece la ley foral de Contratos y para condicionar el futuro no sólo de SCPSA, sino de la propia Mancomunidad".

"No cabe llamarlo de otra manera que escándalo, es un escándalo por su cuantía, por la cantidad de leyes que se han saltado y es un escándalo por la motivación evidente de hacerlo de esta manera para esquivar así el final de su mandato", ha sostenido.

 

"UN RELATO DE NADERÍA E IRREGULARIDADES"

Por su parte, la concejala María Echávarri ha enmarcado la resolución de la MCP en "la catarata de sentencias e informes que colocan la gestión de estos cuatro años de Bildu al margen de la ley". Y ha considerado que "la historia de estos cuatro años en el Ayuntamiento de Pamplona y en la Mancomunidad es un relato de nadería e ilegalidades".

En cuanto a la anulación del contrato del nuevo sistema de contenedores, ha avanzado que desde Navarra Suma van a exigir "un replanteamiento completo de un sistema que puede entenderse como un ataque a la intimidad de los ciudadanos a través del control de sus residuos".

Según ha indicado, se trata de "un sistema carísimo que tendrá una repercusión económica sobre los ciudadanos vía incremento de tasa y que, además, supone un control sobre la intimidad de los vecinos de la Comarca, sin ningún debate público ni político".

Por ello, ha exigido "un informe técnico que presente las diferentes alternativas técnicas para la consecución de los objetivos en materia de reciclaje y tratamiento de residuos y, en el caso de que fuera imprescindible el control mediante tarjetas, otro que evalúe las diferentes opciones para que las molestias sean mínimas y el control se configure para que sea imposible establecer un sistema intrusivo en la intimidad".

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