Diario de Navarra

El Ayuntamiento de Pamplona busca reducir los plazos en los desalojos de viviendas municipales okupadas, cuyo proceso administrativo puede prolongarse por espacio de un año desde el momento que se tiene constancia de la situación ilegal hasta que un juez emite la orden de desalojo. Según confirmaban desde el Área de Hacienda del Consistorio pamplonés -encargada de los seguimientos de los expedientes-, actualmente son 37 las viviendas de propiedad municipal okupadas ilegalmente, a las que hay que sumar la casa de los guardas de la finca de Arraiza, en el parque de Aranzadi. Del total de esos 38 casos, 17 han iniciado ya el proceso administrativo y cinco de ellos cuentan con la autorización judicial para producirse el desalojo, que habitualmente ejecuta la Policía Municipal como parte de la comisión judicial designada al efecto. Según aseguran desde Seguridad Ciudadana, los desalojos de estas viviendas municipales no suelen acarrear problemas ni disturbios. Los 12 casos restantes están a la espera de que se produzca la orden desde el juzgado, que permita recuperar esas viviendas propiedad del Ayuntamiento pamplonés. EL PROBLEMA DE LA IDENTIDAD Se da la circunstancia de que el desalojo de la casa de Aranzadi -’okupada’ desde septiembre de 2017- ha tenido que paralizarse cuando ya estaba listo para su ejecución. Como dicen en el argot, el “lanzamiento” (día del desalojo) ya tenía fecha, pero no pudo ejecutarse ya que la identidad del okupa actual no se corresponde con la persona sobre la que se había iniciado el proceso administrativo de desalojo. “La identificación de los okupas puede ser una dificultad añadida que obliga a la administración a iniciar el proceso desde cero”, reconocen desde el Área de Hacienda. Este mismo problema se produce en un piso municipal ‘okupado’ en la Txantrea. La Administración todavía no ha podido identificar a la persona o personas que okupan este inmueble, un hecho que ralentiza la recuperación de la vivienda. “Aunque no es lo habitual -precisan desde Hacienda-. Normalmente no tienen problema en identificarse y abren la puerta cuando reciben notificaciones”. El perfil mayoritario de estos ‘okupas’ es el de familias con recursos escasos, que se saltan todos los trámites para acceder a una vivienda que muchas veces carece de cédula de habitabilidad. Lo hacen de forma cíclica y pasan de una vivienda a otra, tras agotar el proceso administrativo. “Cuando se enteran de que hay algún piso vacío, llaman a sus familiares para que los okupen”, explican desde el Área de Seguridad Ciudadana. “Desde el Ayuntamiento, tenemos que compaginar nuestro trabajo para recuperar estas viviendas con las políticas sociales para atender a estas familias de okupas. Suelen presentar circunstancias de especial vulnerabilidad”, explican desde Hacienda. Este tipo de ‘okupas’ poco o nada tiene que ver con los casos que normalmente recogen los medios de comunicación: por un lado, el de jóvenes que usurpan espacios al abrigo del fenómeno okupa de los años 80, y que se ampara en ciertos postulados políticos a los que se adscriben movimientos urbanos tanto de extrema derecha -como el caso de Hogar Social Madrid-, como de extrema izquierda. En Navarra y en Euskadi -con los gaztetxes como máxima expresión- este fenómeno tiene además una importante carga identitaria. Por otro lado, estarían los casos de familias que adquirieron una vivienda legalmente y a los que la crisis les “sacó” del sistema. Con todo, los procesos de desalojo de las viviendas municipales son lentos y afectan a multitud de áreas, recursos y técnicos del Ayuntamiento. La modificación de la ley de enjuiciamiento civil para casos de ocupación de 2018, conocida como “desalojo exprés”, perseguía reducir los plazos a un mes. “Pero en el caso de las viviendas municipales tienen que darse varios condicionantes, como que la vivienda tenga un fin social”, continúan desde Hacienda. De los 38 casos acreditados de ocupación de pisos municipales, solo uno presenta las características necesarias para acogerse al proceso sumario del “desalojo exprés”. “Se trata de una vivienda de uso social, del servicio de atención a la mujer. Se okupó cuando estaban a punto de adjudicarlo”, aseguran desde Hacienda.

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Pamplona quiere reducir plazos en el desalojo de 38 pisos 'okupados'

Los procesos administrativos para desalojar un piso municipal pueden prolongarse hasta un año

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