El director gerente de Nasuvinsa, José María Aierdi, ha afirmado que "la única salida aceptable en este momento" era denunciar el contrato de la UTE que desde 2006 ejecuta, comercializa y explota la tercera fase de la Ciudad del Transporte en Imárcoain teniendo en cuenta "la forma en la que se gestó el inicial contrato, sus posteriores modificaciones, los resultados de la comercialización obtenida y el rosario de incumplimientos que se han venido acumulando". En una comisión en el Parlamento de Navarra, solicitada por Geroa Bai, Aierdi ha remarcado que Nasuvinsa "sigue apostando por implementar dentro de la actividad de la sociedad una línea de trabajo de impulso del sector de la logística". Y ha considerado que "hay oportunidades en este sentido y hay voluntad y necesidad de poner en valor este espacio".

En su opinión, lo analizado de la tercera fase de la Ciudad del Transporte de Imárcoain ha puesto de manifiesto "un modelo claramente negativo desde el punto de vista económico, con un esfuerzo económico por parte de la administración que ha supuesto pérdidas de más de 100 millones de euros y una respuesta que no permite pensar que el sector al que está dirigido esté obteniendo la mejor respuesta a sus demandas". En su intervención, el director gerente de Nasuvinsa ha explicado que el costo de las expropiaciones, "un proceso largo, complejo y con una judicialización relevante", superó los 91 millones de euros, "prácticamente 25,15 millones destinados a intereses pagados por la demora en la formalización de este proceso". Y ha puesto de manifiesto "la diferencia entre el precio que inicialmente se planteó en el proceso de interlocución con los propietarios y lo que resultaron".

Según ha indicado, en la primera y segunda fase, el precio ofertado fue de 1,86 euros por metro cuadrado, mientras que el precio que decide el Tribunal Superior de Justicia de Navarra se mueve entre 12,64 y 20,60, con una repercusión de 17 millones entre suelo e intereses. En cuanto a la tercera y cuarta fase, ha detallado que empezó con 11,57 euros por metro cuadrado y que concluye entre los 55,71 y 59,94 que reciben los propietarios. Hasta el 31 de diciembre de 2017, ha agregado Aierdi, la sociedad pública "ha recibido un total de 10,6 millones de euros provenientes de las operaciones que se realizan por parte de la UTE de ventas de parcelas a distintos promotores". Ha detallado, además, que las inversiones acometidas desde el sector público en el terreno de la Ciudad del Transporte superan los 114 millones de euros y los ingresos que se han obtenido como consecuencia de estas operaciones "suponen únicamente 30 millones de euros, de los cuales 9 millones todavía no se han recibido". De este modo, ha subrayado, "el volumen de recursos que la administración ha destinado sin obtener una recuperación de los mismos supera los 80 millones".

Por otro lado, el director gerente de Nasuvinsa ha explicado que en el mes de septiembre se tomó la decisión de resolver el contrato que ligaba a la sociedad pública con la UTE y que, ante su negativa a la capacidad de resolver el contrato, se ha presentado una demanda judicial que ya está formalizada y que "seguirá su curso". Sobre los motivos que han llevado a denunciar el contrato, ha citado "una serie de incumplimientos que consideramos esenciales por parte de la UTE en relación al contrato firmado y modificado a lo largo del tiempo" y también ha cuestionado "una actitud que no era la más adecuada para intentar dar respuesta a las demandas que existen en el mundo de la logística".

Además, ha precisado que las causas de resolución "esenciales" tiene que ver con impagos de canon, de más de 7 millones de euros que debían haberse terminado de pagar en 2015; la falta de entrega de garantías en una operación de estas características; el impago de los intereses pactados entre las partes por importe de más de 1,5 millones, el impago de los gastos de comunidad o la falta de urbanización de parte del polígono". Asimismo, José María Aierdi ha asegurado que las condiciones del pliego son "sustancialmente diferentes" a las del contrato, lo que lleva a un informe jurídico redactado a instancias de Nasuvinsa a entender que "hay una irregularidad y apunta a un delito de prevaricación, que no se puede denunciar por haber transcurrido más de 10 años desde su realización". A su juicio, "el modelo llevado hasta ahora demuestra que no era adecuado" y ha apostado por "recuperar esos suelos para gestionarlos desde la propiedad sociedad pública".

En el turno de los grupos parlamentarios, Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha apostado por "un cambio de la gestión de la Ciudad del Transporte de Imárcoain hacia una gestión 100% pública de los derechos de superficie" para que "sea un verdadero motor desde lo público y sin intermediarios". Y ha criticado "el vía crucis de incumplimientos por parte de la UTE". Por su parte, el parlamentario de UPN Luis Zarraluqui ha señalado que "uno puede lamentarse de cómo ha ido este tema", pero ha cuestionado "determinados comentarios" realizados en la comisión que "no tienen en cuenta detalles que son importantes". Ha defendido cómo se realizó el contrato en el año 2006 y ha avanzado que solicitarán una nueva comparecencia del responsable de Nasuvisnsa tras analizar la documentación que han solicitado sobre el tema.

En representación de EH Bildu, Maiorga Ramírez ha planteado si hubo por parte de UPN "actuaciones presuntamente delictivas" en lo relativo a la tercera fase de la Ciudad del Transporte y ha esperado que "no se repitan" este tipo de casos y "errores" en otros PSIS como el de Aroztegia o para la implantación de Ikea. Desde Podemos-Orain Bai, Rubén Velasco ha preguntado por qué Nasuvinsa no ha denunciado el contrato antes y ha considerado que en este caso "puede haber habido indicios delictivos, ya prescritos, que vienen a evidenciar el llevar la cosa pública en beneficio de algunas empresas que no nos sorprende y es bastante conocido". Ha deseado, además, que "se mejore la metodología cuando se vaya a invertir dinero público".

El socialista Guzmán Garmendia, por su parte, ha considerado que se ha tratado de "una comisión trampa" porque la iniciativa estaba solicitada para hablar sobre la modificación del PSIS de 2006 y "no se ha hablado nada". Sobre la denuncia del contrato, ha opinado que "se ha hecho lo que se tenía que hacer". El parlamentario del PPN Javier García ha afirmado que analizarán y estudiarán con "rigor" la información y documentación dada por Aierdi antes de valorarla y ver "las contradicciones que se dan con el propio informe de la Cámara de Comptos". Finalmente, José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, ha considerado "un robo" que "se paguen 50 millones de euros por un trigal" y ha esperado que "esto no vuelva a repetirse gobierne quien gobierne". Además, ha apoyado la decisión de resolver el contrato de la tercera fase ante los "claros incumplimientos".