Administración
Cesa otra directora en la Oficina Anticorrupción, que se queda en cuadro y sin reemplazos
Garazi Artola Senar cesa a petición propia como directora del Servicio de Prevención, Evaluación y Formación en una Oficina que ve desiertas sus convocatorias para ocupar 4 vacantes
Actualizado el 09/11/2026 a las 20:52
Una nueva directiva de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA) ha solicitado en los últimos días el cese de su puesto en una entidad que se está viendo golpeada por las salidas de profesionales y la dificultad para ocupar las plazas vacantes. A día de hoy la mayoría de las once plazas de estructura de la Oficina están ya vacantes, lo que deja a esta desarmada para cumplir con su función encomendada de prevenir, investigar y combatir la corrupción en el sector público de la Comunidad Foral de Navarra.
UN CESE A PETICIÓN PROPIA
La persona que cesa es Garazi Artola Senar, quien ha ejercido hasta ahora como directora del Servicio de Prevención, Evaluación y Formación. Este nuevo cese se suma a la reciente baja del que fue número 2 de la Oficina, Iván Razquin. La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción vive una situación muy precaria que afecta a su normal funcionamiento. Así, la web de la OANA lleva en labores de mantenimiento al menos tres semanas y todavía no ha presentado al Parlamento ningún informe anual de su actividad tal y como recoge la Ley que regula la Oficina.
Pese a las actuales dificultades, algunos de sus informes han sido muy sonados, como el de Belate. La OANA dictaminó que la adjudicación de las obras de los túneles de Belate (concedida a la UTE formada por Osés Construcciones, Acciona y Servinabar por 62,88 millones de euros) era “nula de pleno derecho”. También levantó polvareda entre el Gobierno de Navarra el informe en el que la OANA denunció la “represalia” a un funcionario que había sacado a la luz las irregularidades en la adjudicación de las obras de Belate y que fue enviado a trabajar a una nave de Landaben.
Tanto la directora de la Oficina, Edurne Eginoa, como el que hace unos meses era su número 2, Iván Razquin, comparecieron en la comisión del Parlamento que investigó la corrupción en Obra Pública.
En los presupuestos de 2026 se asignó a la Oficina una dotación de 996.000 euros. Su plantilla orgánica está formada por once personas, incluida la directora, pero ya se inició el año con seis puestos vacantes: los de un formador, dos inspectores rama jurídica, la dirección del servicio de asesoría jurídica, la jefatura de sección de la asesoría jurídica y un técnico de comunicación. A ellas este año se han sumado las bajas ya citadas del director del servicio de Inspección y ahora la de la directora servicio de Prevención.
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ESTRUCTURA DESMANTELADA
La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción consta de tres servicios y dos secciones. En estos momentos, el Servicio de Investigación, Inspección y Régimen Sancionador se halla prácticamente desmantelado. La dirección del Servicio, que correspondía a Iván Razquin, no se ha podido reemplazar y de las tres plazas de inspector adscritas solo una se encuentra ocupada. Las otras dos plazas, de inspector (rama jurídica), llevan más de un año vacantes y las sucesivas convocatorias oficiales para cubrir esos puestos han quedado desiertas.
Este mismo lunes el Boletín Oficial de Navarra publicaba sendas resoluciones en las que quedaban vacantes las convocatorias para la provisión de la dirección de servicio y de los dos puestos de inspector de rama jurídica citados al no adecuarse ningún perfil a la plaza.
Lo mismo ocurre con el Servicio de Asesoría Jurídica cuya única plaza, la de director del servicio, sigue vacante tras quedar desierto el proceso selectivo.
Ahora, con el cese de la directora del Servicio de Prevención, Evaluación y Formación, este servicio se queda también huérfano, pues la única plaza de formador adscrita al servicio también se halla vacante.
En cuanto a las dos secciones de la Oficina, solo hay una plaza de administrativo cubierta en la Sección de Administración (la de jefe de Sección está vacante) y la del Servicio de Comunicación nunca ha llegado a ocuparse.
La Oficina de Anticorrupción ha decidido relajar algunos requisitos para intentar cubrir las plazas vacantes. Así, ha aprobado modificar la plantilla para que el puesto de Jefe de sección de Administración, Recursos Humanos, Gestión Económica y TIC pueda abrirse también a perfiles de trabajadores de los niveles B y C y no solo con el A.
Otra solución que podría barajar la Oficina es que en sucesivas convocatorias las plazas no se cubran como comisión de servicios de funcionarios, sino que a ellas puedan aspirar trabajadores temporales. Sea como fuere, la actividad de la Oficina está hoy seriamente comprometida.
