Diario de Navarra

El debate político y social sobre la descalificación de la vivienda protegida en Navarra hunde sus raíces más de dos décadas atrás. Se trata de un problema que ha afectado profundamente al mercado inmobiliario al conjunto de la Comunidad foral, aunque con mayor intensidad en los principales núcleos urbanos. La descalificación significa que, pasado un plazo de tiempo determinado, una vivienda protegida puede venderse a precio libre en vez al precio fijado por el Gobierno de Navarra. Ello ha permitido a muchas familias acceder a una vivienda libre mejor situada o más grande, ya que reducía notablemente el esfuerzo financiero para cambiar de domicilio. La progresiva descalificación de la vivienda protegida que han ido cumpliendo el plazo legal unido al bajísimo número de VPO y VPT edificadas en los últimos diez años ha llevado a una situación inédita. La oferta de vivienda a precio protegido en el mercado se enfrenta a su práctica desaparición. Lo reconocía la propia vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, durante su intervención hace un año en el Parlamento, donde señaló que “más del 95%” de las viviendas protegidas levantadas en Navarra hasta la fecha “han entrado ya en el mercado de la especulación o lo van a hacer en los próximos años”. El último informe publicado por el Observatorio de la Vivienda, correspondiente a 2025, cifraba en 58.931 el parque de viviendas protegidas construidas en Navarra hasta la fecha. Buena parte de ellas han superado el plazo que obligaba a sus propietarios a revenderlas, si lo necesitaban, a precio protegido, de forma que ya están en el mercado libre a precios mucho más altos. El Observatorio de la vivienda contabiliza que solo mantienen su régimen protegido unas 26.186, de las que el 53,1% son VPO (Vivienda de Protección Oficial), el 23,2% VPT (Vivienda de Precio Tasado) y el 22,2% están en régimen de alquiler. El 1,5% residual corresponden al tipo VPP (Vivienda de Precio Pactado), tipología que contaba con una menor grado de protección que la VPT y de las que solo se entregaron 672 entre 2010 y 2014. De las 26.186 viviendas sometidas todavía a precios protegidos, un 80,1% se sitúan en Pamplona y las localidades en su entorno. Si se suma otro 10,9% correspondiente a La Ribera, estas dos áreas concentran más del 90% de las viviendas con limitación de precios. El volumen de vivienda protegida con precio limitado se ha mantenido más o menos estable en los últimos tres años. Según los datos del Observatorio de la Vivienda, eran 26.231 en 2023 y 26.269 en 2024. Este vaivén es resultado del balance entre las descalificadas y las nuevas viviendas protegidas que han sido entregadas. Sin embargo, en su mayor parte irán superando en los próximos años el límite temporal de protección y sus propietarios podrán venderlas en el mercado libre. FRENO A LA ESPECULACIÓN Aunque es cierto que la descalificación de viviendas protegidas ha facilitado a muchos de sus propietarios el salto a otras viviendas libres, lo cierto es que este mecanismo también conlleva un fuerte componente especulativo. Comprar a precio protegido y vender a precio libre supone una jugosa ganancia, pero se hace a costa del bolsillo de los contribuyentes y de las esperanzas de las nuevas generaciones para acceder a una vivienda asequible. Conscientes de ello, Gobiernos de todo signo han ido endureciendo las condiciones que regulan la limitación de los precios de la vivienda protegida. A finales de los noventa, el propietario de una VPO podía pedir la descalificación voluntaria a los cinco años tras haber obtenido la calificación definitiva. Fue un gobierno de UPN el que sacó adelante en diciembre de 1999 un decreto que ampliaba ese plazo a 12 años. El texto legal lo justificaba, entre otras razones por la rentabilidad “excesiva y desproporcionada” que obtenían aquellas personas que, tras descalificar su VPO, la vendían en el mercado libre. “No es infrecuente que, aunque los interesados devuelvan las ayudas contables que obtuvieron, provoquen con la posterior venta de la vivienda a precios muy elevados, la merma del esfuerzo de las Administraciones Públicas para ofrecer suelo urbanizado a precio de coste, con el fin de obtener un parque abundante de viviendas a precio justo, al que pueda acceder la mayor parte de la población”, señalaba el decreto. Esta ampliación tuvo que ser reajustada en 2001 introduciendo una serie de excepciones que permitía mantener la descalificación a los cinco años. Dichas excepciones incluían la ruptura de pareja, un cambio obligado por causas laborales, un número insuficiente de habitaciones cuando se ampliaba la familia o el haber adquirido otra vivienda antes del 30 de diciembre de 1999. Cuatro años más tarde, aquel mismo ejecutivo aprobó otro decreto foral que fijó un régimen de protección de 20 años “sin excepción”. Además, durante esos 20 años, el gobierno se reservaba el derecho de adquisición preferente. PROTECCIÓN PERMANENTE E INDEFINIDA El segundo ejecutivo presidido por Miguel Sanz siguió endureciendo los plazos, que pasaron a 30 años a partir de 2004 para aquellas viviendas en propiedad y de 15 a 20 años para las de alquiler. Estas últimas, salvo algunas excepciones, se sumaron al plazo de 30 años de protección a partir de 2010 con el último gobierno de Sanz. A partir de entonces, pese a la llegada de Uxue Barkos al poder en 2015, no hubo cambios durante más de diez años. El último movimiento y el más drástico de todos se produjo en julio de 2022, cuando el primer gobierno de María Chivite sacó adelante la ley que estableció el carácter indefinido para la limitación de los precio s de la vivienda protegida en propiedad, algo que se empezó a aplicar a aquellas promociones con calificación provisional solicitada después del 29 de julio de ese mismo año. En junio de este año se dio una vuelta de tuerca más al aprobar el blindaje permanente y retroactivo del alquiler protegido. Este cambio afectaba a 2.248 viviendas y provocó un recurso impulsado por el PP al Tribunal Constitucional todavía por dirimir.

Diario de Navarra

Más de la mitad de la vivienda protegida de Navarra se puede vender a precio libre

De un parque de 58.931 VPO y VPT, solo 26.186 mantienen la limitación de precio

Comentarios

España hace los deberes en Argentina

Medio Ambiente cesa a tres jefes de golpe y ya son siete en sólo un año

Dan por finalizado el brote de la seta mortal detectado en Barañáin

La biblioteca que proyectó Berrioplano en Artica, en obras

Solidaridad en puntadas de ganchillo