Vivienda
Dos de cada tres navarros limitarían el precio de venta de la vivienda libre
Es una de las conclusiones que arroja una encuesta encargada por la dirección general de Vivienda donde se pide evaluar medidas que están aplicando o se plantean pero no se pregunta por sus consecuencias
Publicado el 22/10/2026 a las 05:00
La encuesta que la dirección general de Vivienda del Gobierno de Navarra ha encargado a la empresa demoscópica CIES muestra un amplio consenso social sobre la necesidad de una mayor intervención pública en el mercado de la vivienda. El objetivo era “analizar la situación de la vivienda en Navarra y conocer la valoración de las políticas públicas, así como plantear posibles soluciones para abordar la demanda”, según se especifica en el informe de resultados, y la conclusión es que los navarros no sólo aprueban con nota las medidas que afectan al alquiler, desde los límites al precio, “acertados” para el 78% de los encuestados, a la regulación del alquiler de habitaciones, apoyada por el 80%, los contratos de temporada, por el 78%, o la nueva modalidad del alquiler asequible, con el 83%. También consideran de forma mayoritaria (el 67%) que se debería poner un tope a los precios de venta de la vivienda libre, una medida que de momento no está en marcha. Los resultados son menos contundentes en el apartado en el que se pregunta si la vivienda debe ser un producto de inversión o el lugar para residir.
Aunque la primera opción es minoritaria en las respuestas (un 1%) y la segunda cosecha un 57%, la pregunta permite elegir una tercera opción que engloba las dos primeras y el 42% entiende que la vivienda puede ser tanto un producto de inversión como un lugar para residir, a pesar de que para el 68% de los encuestados “la cultura de la vivienda como producto de inversión es en parte causante de los precios de la vivienda”. Además, el 70% rechaza prohibir la compra de vivienda aunque no sea para residencia habitual.
Para la muestra, se realizaron 803 entrevistas asistidas por ordenador y telefónicas a personas de diferentes perfiles entre el 1 y el 16 de septiembre, justo antes de que el debate sobre la vivienda adquiriera especial intensidad con el desahucio de Maricarmen Abascal y los decretos de vivienda que terminaron firmando el adelanto electoral.
El cuestionario, de 30 preguntas, busca sobre todo evaluar la acogida de las políticas que se han ido adoptando. En muchas de las cuestiones formuladas se obliga a los encuestados a elegir entre ‘sí’ y ‘no’ y el resultado no permite conocer si el impacto de las medidas adoptadas está ayudando a mejorar el problema de accesibilidad de la vivienda porque no se pregunta por ello.
Los resultados de la encuesta se desglosan por sexo, edad, tamaño del municipio, zona geográfica de residencia, nivel de estudios y ocupación y dejan aspectos no poco relevantes. Entre ellos, que cuando se pregunta por limitar el precio de la vivienda libre, el porcentaje de aceptación crece aún más entre mujeres y jóvenes, la población de Pamplona y comarca y quienes viven de alquiler. Otro de los datos que deja la encuesta es que conforme aumenta el nivel de estudios, se reduce la aceptación a poner estos límites. Mientras que el 80% de los que cuentan con estudios primarios lo ven positivo, entre los universitarios el porcentaje baja hasta el 58%. También es menor (56%) entre los trabajadores por cuenta propia y en las localidades de menos de 1.000 habitantes.
En lo que respecta a la vivienda “como producto de inversión o lugar para residir”, según el planteamiento de la pregunta, son los vecinos de la zona de la montaña los que consideran de manera mayoritaria que es un lugar para vivir (un 72% frente al 57% de Pamplona y comarca) mientras que en la Ribera y zona media las opciones se reparten al 50% entre los que la ven como lugar para residir y, al mismo tiempo, como producto de inversión. Por franja de edad, entre los más jóvenes, de 18 y 29 años, el 53% también considera que la vivienda puede tener estas dos funciones frente al 47% que marcó la opción de la vivienda como lugar para residir.
BAJO CONOCIMIENTO SOBRE LA BOLSA DE ALQUILER
Una de las preguntas de la encuesta versa sobre la bolsa de alquiler del Gobierno y sólo el 34% de los encuestados afirma conocerla. Entre los que la conocen, la opinión respecto a los incentivos que ofrece a los propietarios -en la pregunta se cita la garantía del cobro puntual de la renta, la ayuda de cuatro mensualidades, la subvención por reformas y los beneficios fiscales- es positiva. El 56% se muestra “de acuerdo” con estos incentivos y el 19% “muy de acuerdo”. Los que más conocimiento muestran sobre estos incentivos son las personas de entre 45 y 65 años y quienes tienen entre 18 y 29 años. La encuesta dedica cinco preguntas al mercado del alquiler y en una de ellas se pregunta a los encuestados si consideran necesaria la creación de una inmobiliaria pública para gestionar el mercado del alquiler en Navarra. El 72% respondió que sí.
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UPN pide que Alfaro no comparezca para explicar la encuesta
UPN solicitó este miércoles sin éxito a la Mesa y Junta de portavoces la cancelación de la comparecencia convocada para este viernes en el Parlamento para que la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, informe sobre la encuesta de opinión relativa a las políticas de Vivienda en Navarra que la dirección general de Vivienda del Ejecutivo foral encargó a CIES. Una comparecencia que Alfaro solicitó por vía urgente el pasado 6 de octubre, un día después de que Pedro Sánchez anunciara la convocatoria anticipada de elecciones y que fue convocada este lunes 19 de octubre. El regionalista Juan Luis Sánchez de Muniáin pedía en el escrito que este miércoles ha presentado a la Mesa y Junta posponer la comparecencia de Alfaro hasta después de las elecciones generales “con el fin de evitar el riesgo cierto de que pueda hacerse uso del Parlamento para comprometer la debida neutralidad de las instituciones en periodo electoral”. Lo ha hecho, según explica, tras conocer el contenido de la encuesta -Vivienda se la remitió el martes a los grupos-. “El contenido documental objeto de presentación en esta Cámara se corresponde con actividades expresamente prohibidas descritas en el artículo 50.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General”.
Entiende el parlamentario que la “exposición de supuestos logros con la exhibición de gráficos e imágenes que los pretendan referir, con toda seguridad es previsible que incurra en una infracción que dé lugar al correspondiente expediente sancionador a instar ante la Junta electoral”, una circunstancia que le lleva a solicitar la cancelación de la convocatoria de Alfaro. Lo hace, abunda en el escrito, “a la vista de que la consejera ostenta la titularidad de un cargo público (a diferencia de los miembros de la Cámara que ostentan cargo representativo) y por tanto le son de plena aplicación las restricciones de la Ley General Electoral para los periodos previos a una convocatoria electoral.
En el citado artículo de la LOREG se especifica que “desde la convocatoria de las elecciones y hasta la celebración de estas queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas”.
