El comité de empresa de la empresa Conasa, cuya sección de hardware se encarga del mantenimiento y reparación de algunos equipos informáticos del Gobierno de Navarra, ha reclamado en el Parlamento foral su apoyo para que la firma equipare las condiciones entre sus trabajadores, al rechazar que "el ahorro público sea a costa de los salarios y los derechos de quienes trabajan".

Lo ha dicho el presidente del Comité de Conasa, Urko Ardaiz (ELA), quien ha explicado que Conasa es adjudicataria, entre otros, de dos pliegos del Gobierno de Navarra por los que se encarga del mantenimiento del hardware en los dispositivos del departamento de Universidades y del de Educación (que incluye los miles de Chromebooks de uso escolar).

El primero de los servicios Conasa lo presta con 11 personas, de las que 7 se rigen por el convenio de consultorías estatal y 4 por el del metal de Navarra (con mejores condiciones para el trabajador) mientras que el segundo lo llevan a cabo 27 personas (24 con convenio estatal y 3 foral), ha dicho para señalar que en su puesto la diferencia es de 6.000 euros menos al año.

Ha explicado además que en los últimos años 14 personas de la plantilla han demandado a Conasa para que se les aplique el convenio navarro "y 14 veces hemos ganado", ha subrayado.

Con todo ello, y pese a reconocer que pertenecen a una empresa privada, Ardaiz ha significado que "la relación contratista se presta para la administración y se financia con dinero público", y ha reclamado que "un contrato no debería convertirse en una vía para rebajar derechos laborales".

"La administración debe proteger las condiciones de las personas contratadas con dinero público" y este "debe utilizarse con responsabilidad, pero el ahorro público no puede ser a costa de los salarios y de los derechos de quienes trabajan", ha concluido.

También ha pedido una reflexión sobre el sistema de competencia a la contratación pública, pues "no podemos aceptar que se convierta en una carrera por ver quién ofrece las condiciones de precios más bajos a costa de los trabajadores".

Al respecto, ha señalado que en el pliego de condiciones de unas 180 páginas, el Gobierno de Navarra utiliza un centenar en establecer las prescripciones técnicas con las que debe llevarse a cabo el servicio pero ninguna sobre las condiciones laborales de quienes prestan el servicio, cuando "dispone de mecanismos" para ello.