Un total de 201 días, o 6,7 meses. Es el tiempo de espera medio en Navarra desde la solicitud de la valoración del reconocimiento de dependencia hasta la concesión de la prestación. El dato sitúa a la Comunidad foral como la sexta con menos plazo, por detrás de La Rioja, Castilla-La Mancha, Aragón, País Vasco y Castilla y León, y por debajo de la media nacional, que es de 341 días. Sin embargo, no cumple con la normativa actual que marca un máximo de 180 días para resolver este proceso. 

“Tenemos que rebajar los plazos. Una de las prioridades es responder antes”, indicó ayer la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, que acudió al Parlamento foral, a instancias de Bildu, para explicar la situación de la atención a la dependencia en Navarra tras la aprobación en el Congreso de las leyes de Dependencia y Discapacidad.

Los grupos insistieron en la necesidad de mejorar estos tiempos. “Es prioritario destinar recursos para acortar los plazos y cumplir la ley”, dijo Javier Arza (Bildu). “De poco sirve aprobar leyes si luego los navarros esperan por encima de lo que marca la ley”, añadió Raquel Garbayo (UPN). “¿Cómo se puede presumir de liderazgo social cuando se suspende en dependencia?”, dijo. Y denunció el “limbo” de la dependencia, o las casi 600 personas que tienen reconocido un derecho pero siguen esperando la prestación o el servicio. También Isabel Aranburu (Geroa Bai) consideró que es la cuestión “más urgente” y Carlos Guzmán (Contigo) pidió agilizar y reforzar el sistema público de cuidados.

Maeztu defendió que hay muchas cosas que mejorar pero que también ha habido avances. Con todo, apuntó que las personas dependientes en espera de recibir prestación aumentaron el año pasado de 500 a 555. De ellas, el 27% sufrían dependencia severa y un 12% gran dependencia.

CASI 20.000 PERSONAS

En este marco, Maeztu explicó que se han reforzado los equipos de valoración con dos terapeutas ocupacionales más este año, entre otras medidas como 30 centros de día nuevos, extensión del modelo de viviendas con apoyo y más plazas y estancias diurnas en residencias.

Las personas con reconocimiento de dependencia en 2025 llegaron a 19.276, un 1,9% más que en 2025 y un 44% más que hace diez años (13.408). El aumento, dijo Maeztu, responde a la mayor longevidad y supervivencia en edades avanzadas. “Un éxito que conlleva asociado un mayor número de situaciones de dependencia”. Según Maeztu, el plazo medio de valoración de la dependencia a final de 2025 era de 3,9 meses, lo que revierte la tendencia al alza iniciada en 2021 (entonces era de 2,3).

La consejera apuntó que se está consolidando un modelo basado más en servicios, sobre todo de proximidad, sobre las ayudas económicas. Así, seis de cada diez ayudas corresponden a servicios, lo que se materializa en 14.372 servicios y 10.024 prestaciones económicas. En total, 24.396 ayudas que reciben 17.573 personas en Navarra.

La inversión por persona dependiente en Navarra asciende a 12.327 euros anuales, según los datos de la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, mientras que la media estatal es de 7.882 euros. Según Maeztu, Navarra está a la cabeza del Estado. Así, en 2025 el gasto en dependencia fue de 222 millones frente a los cien de 2015. La inversión, dijo, se ha duplicado (sube un 111%) mientras que el colectivo ha crecido un 35%. Incide en una mayor “amplitud y solidez” del modelo en Navarra, apuntó. 

Ahora, tras la aprobación en el Congreso de las leyes de Dependencia y Discapacidad, se “blinda” la financiación del sistema de dependencia ya que en la ley se incorpora la obligación de que el Estado asuma el 50% de la inversión. De hecho, hasta junio Navarra recibía 2,2 millones de euros mensuales y esta cantidad se ha duplicado hasta 4,5. La estimación, dijo, es que el próximo año se reciban entre 27 y 30 millones más de lo que se venía ingresando.

Al hilo de estos cambios, Javier Arza (Bildu) destacó que es una oportunidad para desarrollar las necesidades que hay en Navarra y pidió caminar hacia la cobertura pública total, al igual que Carlos Guzmán (Contigo), que pidió reforzar el sistema público. Raquel Garbayo (UPN) incidió en la necesidad de que se pongan sobre la mesa todos los recursos para que los avances se hagan realidad e Isabel Aranburu (Geroa Bai) preguntó cómo se distribuye ese aumento.

Además del cambio en la financiación, Maeztu desgranó que se eliminan las incompatibilidades entre prestaciones y se blinda el servicio a domicilio. También hay un reconocimiento de la teleasistencia para toda persona que tenga reconocida una dependencia y se excluye la vivienda del cálculo de la aportación.