La dirección general de Vivienda del Gobierno de Navarra ha recibido desde 2021 cerca de 200 reclamaciones de propietarios afectados por la suspensión de desahucios a inquilinos vulnerables. En concreto, según los datos facilitados por el departamento que dirige Elga Molina Roig hasta la semana pasada se habían tramitado 185 peticiones con una reclamación conjunta por impagos que supera los 900.000 euros. Hay que recordar que junto a la suspensión de los desahucios se reconoció también el derecho de los arrendadores afectados a solicitar una compensación económica siempre que lograran acreditar que la suspensión de los lanzamientos les había ocasionado perjuicio económico.

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Las compensaciones, como explican desde el departamento de Vivienda, son abonadas y gestionadas por el Gobierno de Navarra, pero se consideran en el seno del convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra. Para el grueso de los propietarios que han acudido a Vivienda, y no todos los afectados lo han hecho, acreditar el perjuicio económico sufrido no parece haber sido fácil.

93 de las 185 reclamaciones han terminado siendo denegadas o inadmitidas y de las estimadas, algunas sólo en parte, se ha aprobado el pago de 264.030,7 euros, el 30% de la cantidad reclamada.

Vivienda llegó a reconocer que los requisitos que se establecen para esta compensación son “muy exigentes” y en no pocas ocasiones terminan conduciendo a la denegación de las solicitudes. Entre los argumentos que se utilizan para estas denegaciones está por ejemplo el hecho de se pidan mensualidades que no corresponden (la norma exige tener el auto judicial de suspensión).

Para que los arrendadores puedan acceder a las compensaciones de rentas, los servicios sociales, encargados de señalar a una persona como vulnerable, deben indicar en el mismo informe de vulnerabilidad las medidas para atender esa situación facilitando el acceso de las personas vulnerables a una vivienda digna. Y sólo si la administración competente, en Navarra, la dirección general de Vivienda, no implementa esas medidas propuestas por los servicios sociales en un plazo de tres meses a la firma de dicho informe, la solicitud del arrendador recibirá luz verde.

Según algunas fuentes consultadas, en no pocas ocasiones los informes de los servicios sociales municipales no contienen ninguna propuesta de alternativa habitacional para la persona vulnerable por lo que la administración foral argumenta que no incurre en incumplimiento de su implementación en tres meses y termina denegando la reclamación.