En el informe que Comptos publicó la semana pasada se apuntaba, entre otros muchos datos, a que en 2025 la oferta de viviendo cubrió solamente el 3% de la demanda registrada en el censo de solicitantes aclarando que dicho porcentaje debía interpretarse teniendo en cuenta que el censo "no refleja la demanda real" debido a las deficiencias en la gestión del citado censo. Este lunes la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, ha querido poner de manifiesto que compartía el diagnóstico del organismo sobre la falta de vivienda protegida y la necesidad de acelerar sus producción, pero, también, explicar el significado de este porcentaje. "No significa que en Navarra las políticas públicas atiendan únicamente al 3% de las necesidades de vivienda de Navarra", ha asegurado para a renglón seguido explicar que la cifra sale de comparar "las casi 25.000 personas inscritas en el censo (24.719 inscripciones) con las 831 viviendas contabilizadas como iniciadas en 2025". Se trata, ha abundado, de "una relación entre el flujo anual de oferta y el stock acumulado de inscritos desde que existe el censo y un indicador útil de la presión que soporta la vivienda protegida, pero no una medición exacta de los hogares atendidos". 

Según la consejera, el cálculo deja fuera la vivienda promovida por Nasuvinsa, la de la bolsa de alquiler y la que promueven promotores privados. Tampoco incluye, ha dicho, a los solicitantes de las ayudas DAVID y EmanZipa, unos 12.000 hogares atendidos, ni a quienes han podido mantener su vivienda gracias a la declaración de zona de mercado tensionado. Ha añadido que unas 2.500 personas perciben actualmente DAVID y que, por ley, deben estar inscritas en el censo aunque puedan residir con normalidad en el mercado privado gracias a esa ayuda.

Alfaro ha subrayado que la propia Cámara de Comptos reconoce que las 24.719 inscripciones no se corresponden con la demanda real, entre otras razones porque los requisitos se comprueban solo al adjudicar y porque las inscripciones caducadas no se eliminan automáticamente: en 2025 solo se hizo un proceso de baja por caducidad, ha desvelado la consejera.

Y para poner de manifiesto que las inscripciones no reflejan la demanda real ha repasado los números del último proceso de adjudicación de vivienda pública en régimen de alquiler. En concreto, se ha referido a los viviendas de alquiler que se sortearon recientemente en tres promociones de Mutilva a las que únicamente optaron el 16% de los inscritos. "Entendemos que esa es la demanda real que existe", ha enfatizado. 

Durante su intervención ante los medios ha admitido que depurar el censo es necesario y ha recordado que a partir de ahora habrá penalizaciones para quienes renuncien a una vivienda protegida, tanto en régimen de compra como de alquiler.

También se ha referido Alfaro a uno de los aspectos más criticados por Comptos en su informe: la falta de evaluación sistemática sobre el cumplimiento de los objetivos del Plan de Vivienda, un seguimiento que el propio plan considera "estratégico" de cara a "una mayor efectividad de las políticas y a una gestión más eficiente de los recursos disponibles para alcanzar los objetivos establecidos". Entre otro aspectos, en el informe se destaca que "no se ha realizado ni, por tanto, difundido un informe anual de evaluación del Plan de Vivienda 2018-2028 que recoja el seguimiento y evaluación de indicadores de realización, de eficacia y eficiencia". El órgano fiscalizador observa que solo se evaluó el Plan de Vivienda de forma conjunta en 2019 y 2020, pero ni incluso en ese caso "se cuantificó el gasto ejecutado en las distintas líneas de actuación ni, por tanto, se comparó con el gasto previsto en el plan".

Este lunes la consejera se ha limitado ha reconocer que "habrá que hacer un nuevo diagnóstico y un nuevo plan, previsto en el acuerdo programático, dado que la situación ha variado desde su aprobación".