Es más fácil decir que hacer. Esa es la principal conclusión que se puede extraer de la lectura del informe de Comptos publicado este viernes 25 de septiembre sobre la promoción y gestión de la vivienda protegida en el período 2023-2025. Aunque en el documento no se apunta a ninguna irregularidad grave, sus 96 páginas incluyen infinidad de menciones a carencias de medios y personal para el control, procedimientos poco eficaces e incumplimientos de todo tipo respecto a lo establecido en la normativa.

Lo cierto es que la demanda de vivienda protegida no ha dejado de crecer en los últimos años. Esta ha pasado de 10.476 solicitantes en 2019 a 24.719 en 2025, pero la oferta ha sido claramente insuficiente y se ha mantenido prácticamente estable: si en 2019 se ofrecieron 592 viviendas protegidas, en 2025 fueron 831. El dosier trasluce que el Gobierno de Navarra ha sido incapaz de materializar su voluntad política a la hora de impulsar la vivienda protegida.

La oferta en 2025 cubrió solamente el 3% de la demanda registrada en el censo de solicitantes, "si bien dicho porcentaje debe interpretarse teniendo en cuenta que el censo no refleja la demanda real" debido a las deficiencias en la gestión del citado censo. "Prueba de ello son las denegaciones de vivienda protegida en los procedimientos de adjudicación por incumplimiento de requisitos del solicitante: un 25% en 2024 y un 5% en 2025", se destaca.

La ausencia de una política eficaz en vivienda protegida queda resumida en las conclusiones del informe: "La falta de evaluación del Plan de Vivienda 2018-2028 impide conocer si las actuaciones aprobadas y ejecutadas fueron eficientes y eficaces para conseguir un parque de vivienda suficiente, asequible, habitable y accesible, mejorar la gestión de la vivienda protegida y garantizar la función social de la vivienda".

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Uno de los aspectos más criticados por Comptos es la falta de evaluación sistemática sobre el cumplimiento los objetivos del Plan de Vivienda, un seguimiento que el propio plan considera "estratégico" de cara a "una mayor efectividad de las políticas y una gestión más eficiente de los recursos disponibles para alcanzar los objetivos establecidos".

Por ejemplo, se destaca que "no se ha realizado ni, por tanto, difundido un informe anual de evaluación del Plan de Vivienda 2018-2028 que recoja el seguimiento y evaluación de indicadores de realización, de eficacia y eficiencia".

En ese sentido, el órgano fiscalizador observa que solo se evaluó el Plan de Vivienda de forma conjunta en 2019 y 2020, pero ni incluso en ese caso "se cuantificó el gasto ejecutado en las distintas líneas de actuación ni, por tanto, se comparó con el gasto previsto en el plan".

El informe señala que únicamente "se indicó que se destinaron 77,63 millones a subvenciones corrientes y de capital" sin precisar nada más. Es más, tampoco se realizó a posteriori el seguimiento de las acciones puestas en marcha en dicha evaluación, que fueron 84 de las 142 previstas.

Otra de las irregularidades constatadas por Comptos es que "no consta" ningún documento aprobado que recoja el Plan de Alquiler Navarra Social Housing (NSH) (2016-2025), una iniciativa que está financiada por el Banco Europeo de Inversiones y los fondos Next Generation de la UE. "Solamente se indica el presupuesto de ejecución material de 13 promociones de VPO desarrolladas por Nasuvinsa", puntualizan los auditores.

También se reprocha al departamento de Vivienda que no haya analizado ni cuantificado las limitaciones de medios propios con las que justifica que se encarge anualmente a Nasuvinsa la gestión de actuaciones y programas relacionados con la vivienda protegida. El informe añade que no se han cumplido algunas de las actuaciones incluidas en el Plan de Vivienda. 

Por ejemplo, se contemplaba la creación del Observatorio de Vigilancia Estratégica del Suelo, que tenía como misión "planificar suelo a corto y medio plazo" y que iba a tener como partícipes al departamento de Vivienda, las entidades locales, las empresas promotoras y otros agentes sociales, pero, según el órgano fiscalizador, todavía no se ha creado.

También se dejaron de lado, según el informe, los convenios con entidades locales para disponer de solares públicos para edificar vivienda protegida. Comptos indica al respecto que se suscribieron con los ayuntamientos de Arakil y de Goizueta, a los que concedió en 2025 una subvención de 300.000 euros a cada uno, pero otros previstos con Uharte Arakil por importe de 280.000 euros y con el ayuntamiento de Olite, para reforma de viviendas por 79.000 euros, no se suscribieron.

Tampoco se ejecutó en 2025 el programa de adquisición de vivienda presupuestado en 4,54 millones de euros. Asimismo, varias cesiones de suelo municipal no se llegaron a desarrollar o debieron ser canceladas por dudas sobre el cumplimiento de plazos para fondos europeos. Fue el caso de 50 VPO planificadas en Huarte, Baztán, Peralta, Ororbia y Lodosa "por no tener la certeza del cumplimiento del plazo de ejecución de las obras".

CASI SIN INSPECTORES

Las carencias se extienden a los controles que debe realizar la Administración para comprobar que los adjudicatarios de las viviendas protegidas las destinan a residencia habitual y permanente. En relación con ello, Comptos explica que para dichas funciones Vivienda tan solo cuenta con un jefe de sección, un letrado, dos tituladas de grado medio (administración) y una administrativa.

El informe también recoge que no se ha creado el órgano de coordinación contemplado en la Ley Foral 10/2010, integrado por los departamentos competentes en materia de interior, hacienda y vivienda, para diseñar los objetivos control e inspección. Otra de las limitaciones recopiladas se refiere a procedimientos manuales poco eficientes y falta de agilidad.

Es una de las taras del censo de solicitantes de vivienda protegida, cuya inscripción tiene validez por dos años, pero no tiene en cuenta "las actualizaciones anuales de ingresos con la información de la Hacienda Foral". Así, las bajas no se generan automáticamente, sino que debe tramitarlas el servicio de Vivienda, y los inscritos caducados no dados de baja pueden acceder a las nuevas promociones.

Precisamente, una de las líneas de actuación del Plan de Vivienda, dentro del objetivo estratégico de mejorar la gestión de la vivienda protegida, era "actualizar y potenciar el censo como herramienta para la adjudicación y base de información". Al respecto, se establecía, entre otras acciones, la depuración del censo eliminando la población sin necesidad de vivienda, algo que Comptos constata que "no se acometió" a tenor de los datos.

Respecto al Registro General de Vivienda, de titularidad pública adscrito al departamento de Vivienda, el informe dice que "no incluye información integrada, completa y actualizada sobre la situación de las viviendas y, por tanto, no constituye un instrumento adecuado y eficaz para la gestión y conocimiento de la oferta de vivienda protegida".

A todo lo anterior se suma una gestión deficiente del Fondo Foral de Vivienda Social, una labor realizada por Nasuvinsa. Comptos es tajante al respecto: "No se controla la gestión". Fueron 203 viviendas en 2025 que se alquilaron a través de entidades sociales para "personas en riesgo de exclusión social por pérdida de su vivienda habitual o riesgo inminente de pérdida".

Según Comptos, no se ha realizado un seguimiento de la gestión de estas viviendas. Además, las entidades sociales "no presentan la cuenta justificativa de gastos e ingresos y no se ha creado la comisión de seguimiento regulada en la Orden Foral que establece el fondo". Entre las entidades sociales afectadas están la Fundación Adsis que gestionó un 42% de las viviendas, 8% Cruz Roja, 7% la Fundación Ilundain Haritz Berria y un 5% la Comisión Española de Ayuda al Refugiado.