El Gobierno de Navarra ha autorizado en su sesión de este miércoles 23 de septiembre un gasto plurianual de 1.328.428 euros (IVA excluido) para dar continuidad hasta 2031 al Servicio de Atención frente al Racismo y la Xenofobia, conocido bajo las siglas SARX. El Ejecutivo foral apuesta así por mantener la estructura puesta en marcha en 2023, que considera clave para atender y prevenir delitos de carácter racista y xenófobo en la Comunidad foral.

La autorización de este gasto es el paso previo necesario para que la Dirección General de Política Migratorias saque próximamente a licitación un nuevo contrato de servicios en este ámbito, pensado para ofrecer una atención integral en torno a la discriminación por origen étnico o racial, con perspectiva de género e interseccional. Se prevé una duración del contrato hasta 2029, con posibilidad de prórroga hasta 2031.

El objetivo es que este servicio articule medidas de intervención dirigidas a la prevención, detección, protección y reparación a las víctimas, desde el ámbito jurídico, psicológico y socioeducativo, según está previsto en la Cartera de Servicios de Políticas Migratorias aprobada por el Decreto Foral 69/2008.

El SARX, dependiente del Departamento de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, se puso en marcha en 2023 en fase experimental, con el objetivo de ofrecer una atención integral frente a cualquier situación de racismo o xenofobia que se produzca en la Comunidad Foral de Navarra, a fin de garantizar el acceso a todos los derechos ciudadanos a cualquier persona que sufra situaciones de discriminación por origen étnico o racial. La entidad adjudicataria del servicio tras el correspondiente procedimiento de licitación fue la Fundación Secretariado Gitano, cuyo contrato se encuentra en ejecución hasta diciembre de 2026.

265 CASOS ATENDIDOS EN 2025

La entidad atendió en 2025 un total de 265 casos, de los cuales el 43% (114) fueron colectivos y el resto (151) individuales. Del total de casos, 159 se reportaron en Pamplona (60%) y 106, en Tudela (40%), lo que arroja una media mensual de 22 casos atendidos. El 87% de los casos (230) fueron cerrados en el mismo 2025, mientras que el 13% siguió en tramitación en 2026. Se realizaron un total de 2.997 intervenciones en las oficinas de Pamplona (1.887) y Tudela (1.090). Del total, 30 casos (11,3%) fueron considerados como presuntos delitos de odio y, de estos, en 10 consta denuncia penal presentada ante las policías de Navarra. Una de las denuncias se promovió a través de un informe del SARX emitido a la Fiscalía contra los Delitos de Odio de Navarra, por delito de odio en su modalidad de discurso de odio.

Cabe destacar, no obstante, que en la mayoría de situaciones de discriminación por origen étnico o racial se da prioridad a las prácticas restaurativas comunitarias como principal herramienta de prevención y reparación ante los efectos del racismo y la xenofobia, frente a la vía judicial. La memoria del SARX de 2025 refleja que el principal agente discriminador denunciado es la administración pública, en el 35% de los casos, mientras que en el 28% de los casos fue la empresa privada y en el 20% restante, personas particulares. Igualmente, refleja que el 25% de los casos fueron producidos en el ámbito de las redes sociales y los medios de comunicación, el 21% en el acceso a servicios públicos y el 11% en sanidad y cuerpos de seguridad.

En cuanto al perfil de las personas atendidas en los casos en los que se trabajó con víctimas (196), 54 personas afectadas (20%) son mujeres mientras que 129 casos (49%) correspondieron al sexo masculino y en 13 casos no se pudo determinar el sexo de las personas afectadas, por tratarse de casos colectivos. Por otro lado, la mayoría de casos (56) pertenecen a las edades comprendidas entre los 26 y los 35 años, seguidos de los tramos de edad entre los 18 y los 25 años (45 casos) y entre los 36 y los 45 años (28 casos). En la memoria se advierte de la preocupación por la irrupción de menores de edad en el servicio, con 20 casos en total en 2025.

Poniendo el foco en el país de origen de los casos atendidos, el 33% de las personas provenían de Marruecos, el 21% de Argelia y el 10% de Colombia. No obstante, cabe señalar que el racismo y la xenofobia no solo afectan a ciudadanas de origen extranjero, sino también a personas racializadas españolas de origen y a personas racializadas y no racializadas de origen extranjero naturalizadas. Así, de las personas atendidas, un 7% eran españolas de origen nacional o naturalizada.

Respecto a su situación administrativa, del total de los casos, 130 son de personas en situación administrativa irregular, 42 de ellos son de personas cuya situación está regularizada, 13 casos son de personas de origen nacional o naturalizadas y los 11 casos restantes se clasifican bajo la categoría de ‘no sabe / no contesta’, debido a que pertenecen a casos colectivos.

Según señala la Dirección General de Políticas Migratorias, estos datos siguen aumentando a pesar de la infradenuncia e infradetección de los mismos, reflejando únicamente la punta del iceberg. Asimismo, el análisis hace patente la necesidad de continuar ofreciendo un servicio público que visibilice y prevenga estas situaciones, y que lleve a cabo una atención integral a los casos de discriminación por razón de origen, pertenencia cultural o nacionalidad, siendo un mecanismo de garantía de derechos humanos en la Comunidad Foral.

Cabe recordar que el Servicio de Atención frente al Racismo y la Xenofobia responde a los objetivos establecidos en la Ley Foral 13/2023, de 5 de abril, de lucha contra el racismo y la xenofobia, que contempla la implantación de políticas públicas que promuevan la prevención, protección y reparación de la discriminación por origen étnico o racial, prestando especial atención a la igualdad entre hombres y mujeres y al respeto a la diversidad sexual y de género, así como a los derechos de las personas con discapacidad y a la accesibilidad universal.