La vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Begoña Alfaro, ha calificado este martes de “irresponsable” la decisión de promotores privados de desistir a la construcción de más de 300 viviendas que ya habían sido calificadas administrativamente para su alquiler protegido. “Es una decisión irresponsable con la necesidad de vivienda que hay, pero esa ha sido su voluntad”, ha afeado. Una decisión, hay que recordar, de la que el sector ya había advertido y que finalmente ha adoptado tras aprobarse en el Parlamento la modificación legal que ha blindado la VPO de alquiler.

Esas 300 viviendas, como ha desvelado Alfaro, formaban parte del acuerdo que el Gobierno de Navarra firmó con la asociación de constructores y promotores a finales de 2025 para construir más de 1.000 viviendas en dos años. Aquel acuerdo también motivó que el año pasado se aprobase en el Parlamento de Navarra un incremento del módulo así como un paquetes de medidas fiscales para favorecer la promoción de vivienda protegida. “El contacto con la asociación de constructores y promotores ha sido continuo a lo largo de toda la legislatura y eso no tiene por qué cambiar. La última reunión que mantuve con ellos fue a finales del mes de julio”, ha remarcado Alfaro.

El pasado viernes la asociación de constructores y promotores hizo público el contenido de dos informes jurídicos que había solicitado donde se cuestiona la constitucionalidad de la reforma legal que aprobó en junio el Parlamento para blindar la VPO de alquiler. Preguntada por el contenido de dichos informas, la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda ha defendido este martes que para esa reforma ya se contó con informes jurídicos que avalaban su constitucionalidad además de con jurisprudencia tanto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como del de Navarra y del Constitucional, y que, por tanto, era una medida que se podía aprobar con todas las garantías legales.

En todo caso, ha recordado que la reforma está ahora mismo siendo objeto de debate y de análisis jurídico en el Consejo de Navarra, "que es nuestro máximo órgano a estos efectos", por lo que esperarán hasta ver qué determina el dictamen que realice.

En los informes esgrimidos por ACP, redactados por el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra, Martín María Razquin Lizarra, y el exletrado del Tribunal Constitucional, Manuel Pulido Quecedo, lo que se defiende es que la ley aprobada “afecta a derechos adquiridos y vulnera la Constitución al incurrir en infracciones en su tramitación, en invasión de la competencia estatal en materia de vivienda, así como en violación de diferentes principios constitucionales, entre otros, seguridad jurídica, irretroactividad, confianza legítima, igualdad o derecho de propiedad”.

Los constructores señalan que las 108 viviendas que han perdido su calificación este verano y que sirvieron de justificación para la tramitación urgente de la reforma son propiedad del Ayuntamiento de Burlada y de Nasuvinsa lo que invalida la urgencia esgrimida por los grupos. Para Alfaro la urgencia no solo está fuera de toda duda sino que la medida aprobada incluso llegó tarde. “Más allá de las viviendas que perdieron este verano su protección, este mes hubiera vencido otra y el próximo verano lo harían otras”, ha defendido asegurando que se trataba de una decisión con la que, además, no se iba a llegar a un acuerdo.